Las listas de espera en la sanidad pública se han convertido en una de las evidencias del deterioro del sistema. Y no se trata de una incidencia coyuntural sino de una falla estructural que castiga a millones de personas, retrasa diagnósticos, agrava dolencias y desgasta la confianza ciudadana en un servicio que debería ser uno de los grandes orgullos colectivos. Cuando una operación se demora meses o una consulta especializada se convierte en una carrera de obstáculos, lo que falla no es solo la organización sanitaria, también la voluntad política de priorizar la salud pública.
Y en este punto, conviene ser precisos sobre quién tiene la responsabilidad: la gestión sanitaria es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Son ellas quienes aprueban presupuestos, contratan personal, planifican infraestructuras y administran los hospitales. Por tanto, son ellas quienes deben rendir cuentas a la ciudadanía por las demoras, la saturación quirúrgica y la falta de profesionales.
El argumento de la infrafinanciación estatal no es sostenible. En los últimos cinco años, las autonomías han recibido un 40% más de recursos que en el quinquenio anterior, sin contar los fondos europeos. El problema no es cuánto dinero llega, sino cómo se gasta. En Catalunya, más del 21% del presupuesto sanitario se destina a conciertos con la sanidad privada. La paradoja es flagrante: se reducen plantillas en centros públicos mientras se firman contratos con empresas externas; se cierran quirófanos por falta de personal mientras se amplían los conciertos privados bajo la excusa de reducir unas listas de espera que, en la práctica, no se reducen.
Catalunya concentra casi 200.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, con una demora media de 142 días, lo que la convierte en el reflejo más claro del colapso del sistema sanitario público. En Sabadell, el Taulí acumula más de 68.000 personas pendientes de atención, ya sea por intervención quirúrgica, consulta con especialista o prueba diagnóstica. Las esperas para áreas como Oftalmología, Dermatología o Traumatología superan los 230 días, tiempo durante el cual muchos pacientes empeoran su estado sin recibir atención. La consecuencia es predecible: las urgencias se saturan con enfermos que no han podido acceder a la consulta a tiempo, llenando pasillos de camas y camillas. ¿Llamamos a esto “lista de espera” o podemos llamarlo por su nombre: abandono institucional?
Mientras la clase política debate sobre competencias y modelos de gestión, pacientes llevan meses o años esperando operaciones que condicionan su vida cotidiana. En paralelo, la sanidad privada no para de crecer: en 2024 más de 12,6 millones de españoles contaban con seguro privado, y el sector ya absorbe el 26% del gasto sanitario total. No es casualidad, sino el resultado de una lógica perversa bien conocida: la sanidad privada elige a sus pacientes, se queda con las patologías rentables y deriva los casos complejos o crónicos a la red pública. Esta, sin recursos suficientes, acaba desbordada, lo que alimenta el argumento de que “lo público no funciona”. Con ese pretexto se justifican más conciertos y externalizaciones, cerrando así un círculo en el que se deteriora deliberadamente lo público alimentando la falsedad de que lo privado es la alternativa viable.
La llamada “libre elección” entre sanidad pública y privada es otra ficción. Nadie elige libremente pagar un seguro privado cuando el sistema público le falla: lo hace porque no le queda otra salida. Cuando una familia espera casi un año para que operen a su hijo o a su hija, o cuando una persona mayor no logra cita con el traumatólogo en meses, contratar un seguro privado deja de ser un privilegio y se convierte en una necesidad impuesta por la precariedad del sistema público.
La solución exige un compromiso firme con lo público: financiación transparente, planificación real de recursos humanos y un modelo que garantice la equidad. La sanidad no es un mercado ni un negocio; es un derecho, y gestionarla como tal es una obligación democrática. Catalunya tiene la capacidad y la responsabilidad de liderar ese cambio, y Sabadell, donde la espera para una primera consulta en urología supera los 700 días, no puede seguir siendo el símbolo de un sistema que abandona a la ciudadanía.
Devolver la dignidad a los pacientes es una cuestión política y moral. La calidad de una democracia se mide por cómo protege a quienes menos recursos tienen para defenderse. La sanidad pública no es un gasto: es la inversión más justa que puede hacer un país. Urge recordarlo antes de que la resignación termine por enterrar el derecho a una salud pública universal, con recursos suficientes y de calidad.
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