Imaginemos por un momento que el próximo alcalde o alcaldesa de Sabadell no fuera elegido/a democráticamente, sino que heredara el cargo por ser hijo o hija del anterior. O que el presidente del Gobierno lo fuera por su apellido, no por su programa. Suena absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que ocurre con la Jefatura del Estado en España. Mientras que para decidir quién preside una comunidad de vecinos organizamos elecciones, el Jefe del Estado se transmite por herencia biológica, como si gobernar fuera cuestión de genes y no de voluntad popular. Esta contradicción tiene una explicación histórica, pero no por ello deja de ser una anomalía democrática. Para entenderla, debemos remontarnos a 1931.
El 14 de abril de aquel año, España celebró elecciones municipales que dieron la victoria a las candidaturas republicanas. La Segunda República intentó modernizar un país atrasado en lo social, educativo e institucional: aprobó el sufragio femenino, impulsó la escolarización masiva, reconoció estatutos de autonomía, separó la Iglesia del Estado y emprendió una reforma agraria que afectaba a los grandes latifundios. Todas estas reformas encontraron, como ocurre hoy, poderosos adversarios.
Aquel sueño se frustró porque la consigna de “quien pueda hacer, que haga” -hoy utilizada por la alianza entre PP y Vox– se tradujo entonces en el sangriento y vil alzamiento militar de 1936. Las tropas sublevadas, apoyadas por las élites económicas, la jerarquía eclesiástica, los falangistas y las potencias fascistas de Hitler y Mussolini, se rebelaron contra un gobierno legítimo y democrático. La guerra, ganada a sangre y fuego, abrió paso a una dictadura de cuarenta años que liquidó todos los avances sociales alcanzados. Ese retroceso no resulta tan lejano si miramos las políticas que hoy impulsan las derechas allí donde gobiernan.
Aquel régimen sumió al país en una larga y oscura noche: miles de personas asesinadas, encarceladas, torturadas, y otras tantas se vieron empujadas al exilio. El hambre y la miseria obligaron a más de dos millones de españoles a emigrar a Europa y generó enormes movimientos migratorios internos y un profundo retraso estructural frente a Europa, cuyas secuelas aún perduran. Para ingenuos, ignorantes y fachapobres: hoy vivimos en una sociedad mucho más libre, justa y próspera de lo que nunca fue bajo la dictadura de Franco, negar la evidencia no es una opinión, es incurrir en un absoluto negacionismo histórico.
La caída de la República no fue solo una derrota política. Fue una ruptura violenta que preparó el terreno para sustituir la soberanía popular por el régimen franquista, cuyo proceso culminó con la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco. La monarquía actual, pues, no es el resultado de ninguna evolución natural de la sociedad: es un legado diseñado directamente por la dictadura.
En 2014, acorralado por múltiples escándalos, Juan Carlos I abdicó como estrategia para preservar la institución: sustituir a un rey desgastado por uno nuevo, libre de la carga de corrupción acumulada por su padre -cuentas en paraísos fiscales, amantes pagadas, comisiones millonarias por mediar en contratos con Arabia Saudí, etc.-. Le sucedió su hijo Felipe VI sin que el pueblo pudiera pronunciarse. La jefatura del estado pasó de padre a hijo como si se tratara de una herencia inmobiliaria. ¿Por qué el jefe del Estado ha de serlo por el simple hecho de ser hijo de su madre? La sinrazón toma carta de naturaleza.
Desde esta perspectiva, el mejor argumento republicano no se basa en la nostalgia ni en idealizar la Segunda República. Es mucho más simple y riguroso: si defendemos que todo cargo público debe emanar de la voluntad ciudadana, entonces la Jefatura del Estado no puede ser la excepción. Cualquier postura contraria tendría que justificar por qué precisamente ese cargo queda al margen del escrutinio popular. Y esa justificación, en el contexto español -con los antecedentes históricos- resulta, si cabe, aún más insostenible. Precisamente por eso, en la Transición se optó por ratificar la monarquía de forma indirecta, en una Constitución que no preguntó separadamente sobre la forma de Estado. No hubo referéndum específico entre monarquía y república. Esa falta de consulta directa no es un detalle menor: es la prueba de que la excepción monárquica nunca ha sido sometida limpiamente a la voluntad popular.
Tenemos la oportunidad de cerrar la herida que la brutalidad franquista dejó abierta. No desde el revanchismo, sino desde la coherencia democrática. Si creemos que el voto es el motor de nuestra convivencia, no hay razón sólida para mantener que la Jefatura del Estado sea el único cargo público exento de pasar por las urnas. Porque, en el fondo, el derecho a elegir nos transforma: de súbditos/as pasamos a ser ciudadanos/as. Y como tales, exigimos que las instituciones (senado, congreso y jefe del Estado…) nazcan de la voluntad soberana del pueblo.
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