Una tragedia ferroviaria de la magnitud de lo sucedido en Urda exige esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y revisar a fondo el modelo ferroviario más allá de si el culpable es un fallo puntual o un “error humano”. Vaya por delante el más profundo respeto y solidaridad con las víctimas y familiares, pero lo que no se necesita ni aquí ni ahora es una competición política para rentabilizar a los muertos, y menos de quienes, cuando tuvieron responsabilidades de gobierno y afrontaron accidentes igualmente dramáticos, no actuaron con la misma exigencia y rigor que ahora reclaman.
Porque entre exigir responsabilidades y utilizar una tragedia como munición política existe una diferencia fundamental. La primera actitud es una obligación democrática; la segunda, una forma de oportunismo político que degrada el debate público y falta de respeto a quienes la están sufriendo directamente, obviando, por otra parte, que una dimisión, por sí sola, ni aclara el accidente, ni identifica un fallo técnico, ni repara una infraestructura, ni garantiza que no vuelva a ocurrir. Lo que se necesita es información contrastada, explicaciones verificables y compromisos concretos para abordar con la profesionalidad necesaria la realidad de la red ferroviaria.
Como sabemos, España dispone de una de las mayores redes de alta velocidad del mundo. Y, como también sabemos (y sufrimos), ese “éxito” tiene su contrapartida. Mientras se han construido vías de alta velocidad, cercanías, media distancia y trenes regionales que usan a diario trabajadores/as, estudiantes y vecinos/as para vertebrar el territorio, ha sufrido una sangría de inversiones y ha acumulado problemas de mantenimiento, fiabilidad y frecuencias. Rodalies de Catalunya es un ejemplo de la necesidad de recuperar la inversión y el control real para garantizar un servicio digno, al tiempo que confirma que una buena política ferroviaria no se mide solo por los kilómetros de alta velocidad, sino por la seguridad, la puntualidad y la movilidad cotidiana de toda la ciudadanía.
Sin necesidad de esperar a los informes técnicos o a las investigaciones judiciales para conocer las causas exactas de esta catástrofe, sus propias consecuencias ya nos revelan una verdad ineludible: el modelo actual ha dejado de ser útil para la inmensa mayoría. Para comprender esta realidad, debemos contextualizarla en el momento histórico que vivimos, dominado por un neoliberalismo que, solo por detrás del fascismo, representa la cara más antisocial y depredadora del capitalismo. Es un sistema cuya única razón de ser es garantizar el máximo beneficio económico a las grandes corporaciones multinacionales, erigidas hoy como los verdaderos amos y señores del planeta, por encima de cualquier consideración humana, social o ambiental, en definitiva, como el principal impulsor del actual desorden mundial.
Bajo la bandera del viejo lema ‘laissez-faire, laissez-passer’ (“dejar hacer y dejar pasar”), este modelo declara la guerra al Estado de bienestar defendiendo que la intervención del Estado en la vida económica y social sea mínima, oponiéndose a la justicia social, a la equidad y a la redistribución de la riqueza generada. En realidad, no hace más que institucionalizar el “sálvese quien pueda”, disfrazando el desamparo de la mayoría con el discurso de una libertad que solo beneficia a los de arriba.
Y, así las cosas, con el apoyo legal de los Estados, existe un proceso de desmantelamiento de lo común con la privatización y externalización de parte de los servicios esenciales como la sanidad, la educación… o el ferrocarril. El objetivo es claro: poner en el mercado cualquier sector susceptible de generar dividendos a costa del erario público. Las excusas para justificarlo son variopintas, pero todas se esconden tras un mantra repetido hasta la saciedad y desmentido por la realidad: “lo privado es mejor que lo público”.
Y para entender tragedias como las de Urda o Adamuz hay que mirar el modelo de país que nos han impuesto. Nos han vendido el escaparate de la alta velocidad, mientras abandonaban sistemáticamente la red convencional y nuestras Cercanías. La liberalización ferroviaria tiene un coste oculto que pagamos todos: operadores privados que abonan cánones mínimos a Adif, saturan las vías y reducen el tiempo disponible para el mantenimiento, privatizando así los beneficios mientras socializan el desgaste de la infraestructura. A esto se suma la pérdida de soberanía técnica del Estado, externalizada en multinacionales, y la mercantilización de la seguridad, evidenciada por el cártel de señalización sancionado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en 2021. La lección es contundente: cuando la seguridad se convierte en una mercancía, el precio lo pagamos los ciudadanos con nuestras vidas.
Frente a este desmantelamiento y sus consecuencias, urge reafirmar los servicios esenciales que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar a toda la ciudadanía como derechos fundamentales, y no como mercancías: la sanidad, la educación, las pensiones dignas, el acceso a la vivienda, los suministros básicos, el transporte público y los servicios bancarios… No basta con regularlos; es necesario recuperar la soberanía sobre los sectores estratégicos, utilizando todos los instrumentos democráticos para devolver al control público lo que nunca debió salir de él. Que el cambio de modelo que tanto necesitamos sirva de tributo a las víctimas de Urda, y que su memoria nos impulse a exigir un territorio seguro, cuidado y pensado para las personas y no para las multinacionales.
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