ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, sociólogo
La garantía de una pensión digna está recogida en la Constitución como derecho fundamental. Mantener su poder adquisitivo mediante la revalorización anual en función del IPC no es una concesión política, sino exigencia de justicia. Quienes, como PP-Vox, rechazan este mecanismo argumentando que es “insostenible”, olvidan que la sostenibilidad no se logra recortando derechos, sino reforzando los ingresos y que ellos, en la crisis de 2012, regalaron 60.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para recuperar de sus orgias financieras al sistema bancario. No se trata de elegir trincheras, sino de decidir si defendemos un modelo público de pensiones o aceptamos su degradación gradual.
El Salario Mínimo Interprofesional es la primera barrera jurídica contra la explotación laboral y la protección efectiva para más de dos millones de trabajadoras y trabajadores que lo cobran. Desde 2018, la subida del SMI de 735 € a 1.184 € ha elevado el umbral de la dignidad, reducido la pobreza laboral y estimulado el consumo sin provocar pérdida de empleo, según los informes de la OIT. Apostar por esta política es hacerlo por un mercado de trabajo que no deja a nadie atrás. Quienes, como PP-Vox, proponen congelar-rebajar-eliminar el SMI apelando al mantra de la “competitividad”, están proponiendo salarios que no permiten llegar a fin de mes en beneficio de los sectores empresariales que más ganancias han obtenido en la última década. No se trata de partidismos: se trata de decidir si queremos un modelo productivo que priorice la racionalidad y dignidad o el “sálvese quien pueda” y la precariedad.
La justicia social no es un eslogan: es la garantía de que tu lugar de nacimiento, tu sexo o la cartera de tus padres no determinen tu futuro. Para que la educación, la sanidad, la vivienda o un salario digno sean universales se necesita un sistema fiscal progresivo: quien más tiene, más contribuye, para redistribuir la riqueza. El Gobierno actual ha subido la presión fiscal a grandes fortunas y sociedades para fortalecer el Estado de Bienestar. Quienes, como PP-Vox, rechazan esta vía proponen bajar impuestos a las élites y recortar gasto social, lo que a medio plazo degrada la calidad de los servicios públicos y ahonda las desigualdades. Basta recordar que entre 2012 y 2015 el entonces ministro Montoro subió el IVA y redujo la financiación autonómica mientras aprobaba desgravaciones a medida para grandes empresas que pagaban por ellas. No se trata de bandos, sino de elegir entre un Estado que invierte en la mayoría o uno que prioriza privilegios para unos pocos o que lleva a cabo los recortes sociales como Macron en Francia por mor de la OTAN-Trum.
La cohesión social es lo que mantiene una democracia viva: se construye cuando las diferencias ideológicas, culturales o identitarias no son muros, sino puentes de derechos compartidos. Garantizar ese equilibrio exige políticas que fomenten el respeto mutuo, la participación real y el acceso igualitario a oportunidades, desde la escuela pública hasta la atención sanitaria. El Gobierno actual ha blindado el marco legal contra el discurso del odio, ha aumentado los recursos para la atención a víctimas de delitos de intolerancia y ha reforzado programas de acogida que, lejos de generar “efecto llamada”, según los datos, han reducido la conflictividad en los municipios que más migrantes han integrado. Quienes, como PP-Vox, alimentan la narrativa del miedo no solo banalizan la violencia, sino que erosionan la confianza colectiva: cuando la política convierte a la ciudadanía en sospechosa por su origen o ideas, la democracia se resquebraja. No se trata de etiquetas: se trata de decidir si construimos una sociedad donde la diversidad es fuente de fortaleza o una en la que la intolerancia termina devorando también a quienes la alimentan.
El binomio PP-Vox utiliza el calificativo “sanchismo” como cortina de humo para expulsar al legítimo Gobierno progresista valiéndose de todos los resortes a su alcance (sean o no democráticos) -judicial, mediático, económico y eclesiástico- sin más alternativa que derrocar todo lo construido. Así lo manifiestan públicamente y lo confirman con lo que hacen allí donde gobiernan (recortes de derechos y privatización todo lo que pueden para que las empresas privadas hagan dinero con nuestra salud, educación y bienestar). No se trata de un simple cambio de siglas, es optar entre un Estado que ponga sus recursos al servicio de la mayoría o uno que prioriza privilegios para unos pocos. La respuesta condicionará nuestras vidas hoy y el modelo de sociedad que dejaremos a las próximas generaciones.
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