A mediados del mes de diciembre del año pasado, el diputado de ERC Gabriel Rufián señalaba en el Congreso de los Diputados la necesidad de que la economía más global y más relacionada con los rankings se notara en la familiar. Decía que de qué servía que esta fuera como un tiro si las familias no llegaban a final de mes. Y ofrecía, como ejemplos, la subida de la carne, en más de un 50% en un año, o la de los huevos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Para el líder republicano, la solución pasaba por topar los precios de los alimentos y por la creación de distribuidoras públicas de alimentación, añadiendo, además, que era necesario sacar a esta última y a la vivienda del mercado especulativo.
Fue en ese momento cuando me vino a la cabeza la palabra economato, el sinónimo más parecido a esas distribuidoras públicas de alimentación. De hecho, mi vida de adolescente estuvo ligada a esos supermercados. De una parte, porque mi abuelo trabajó en la RENFE, que era una de las empresas que disponían de economato, y por otra, porque mi padre lo hizo en Marcet S.A, que, junto con otros servicios, como guardería, peluquería o piscina, también ofrecía ese economato, situado en la calle Permanyer.
Los economatos laborales, que así fueron llamados, nacen en España a partir de la legislación franquista de 1958, que los hizo obligatorios para empresas grandes y fomentó su establecimiento voluntario para otras. Su intención primera era la de proveer bienes básicos a precios reducidos para los trabajadores y trabajadoras de esas empresas, poco después de la desaparición de las cartillas de racionamiento en 1952. El objetivo de estos establecimientos era mejorar el poder adquisitivo de esos obreros y, aunque era obligatorio presentar el carnet de la empresa para poder acceder a ellos, con la apertura de hipermercados, los economatos se vieron obligados a aceptar todo tipo de clientes. Los últimos en cerrar fueron los de la empresa asturiana Hunosa, en enero de 2015, bastante después del cierre del de Marcet S.A, allá por el año 1978, como consecuencia de la crisis del textil. En la actualidad, solo existen economatos en los centros penitenciarios o en delegaciones de Cáritas, aunque se les llama tiendas sociales o mini supermercados, perdiendo todo el significado que tenían y convirtiéndose en centros de distribución para colectivos vulnerables.
La petición de Gabriel Rufián al gobierno no debería quedar en saco roto. Las ganancias de las grandes distribuidoras de alimentación son, sin ningún tipo de duda, escandalosamente enormes. La cesta de la compra se hace insoportable para una cantidad de consumidores cada vez mayor. El porcentaje de productos de marca blanca en esa cesta alcanza ya en España el 60%, mientras que en Europa la media está en el 40%, lo que muestra la dificultad del consumidor español para pagar determinados precios.
Desgraciadamente, la presión y el matonismo de las grandes empresas de distribución impide que el Estado apueste por esa idea de Rufián. Mientras se enriquecen de manera obscena, son incapaces de moderar los precios, culpando al gobierno o a las subidas de combustible de la situación. No es verdad.
Como siempre en estos casos, es la sociedad civil la que se mueve. La reconversión de los economatos en establecimientos para personas vulnerables es una realidad, la mayoría gestionados por Cáritas. No todo el mundo puede acceder a ellos, pero cada vez son más los que no tienen más remedio que ir. Es también una alternativa menos humillante que la de ponerse en una cola del banco de alimentos. De hecho, muchos de estos últimos también están reconvirtiéndose en pequeños supermercados que funcionan con puntos y no con euros.
No obstante, no tengo más que aplaudir la idea de Rufián, esperando que vaya más allá de una mera declaración; esperando, también, que alguien la explicite y la convierta en algo real. Los consumidores necesitamos esos economatos de antaño donde el precio de los bienes básicos era el real, con el justo ánimo de lucro para poder pagar a los trabajadores. Lo público parece que está en crisis porque desde sectores de la derecha y la extrema derecha nos intentan lavar el cerebro con el objetivo de que adoremos todo lo privado. Es, en definitiva, una estrategia bien conformada: cargarse lo público, dejar de pagarlo, derivar dinero a lo privado, para que acabemos aceptando que lo privado es mejor.
Hay que rebelarse. No hay más remedio. De hecho, los supermercados, esos que dependen de las distribuidoras más indignas, ya están notando cómo los consumidores dejan en las estanterías los productos más caros. No porque evidentemente lo sean, sino porque hay una sensación de engaño global. La unión hace la fuerza. Gracias, Rufián, por abrirnos los ojos. Ojalá tu idea cuaje. Ánimo.
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