Pues sí; lo tengo bastante claro. O claro del todo. Me parece que la obligatoriedad de la vacuna de la COVID debe ser un hecho lo antes posible. Y no debería verse como una imposición, sino como un ejercicio de responsabilidad compartida, de solidaridad con la población que nos rodea. Es verdad que las vacunas por sí solas no bastan para luchar contra el virus que ha matado ya a casi cinco millones de personas en todo el mundo y que es necesario que se combinen con las medidas sanitarias que nos han ido inculcando durante estos años, el lavado frecuente de manos, la distancia física, la ventilación de lugares cerrados y el evitar los lugares concurridos.
Es evidente que desde la aparición del virus nos hemos acostumbrado a llevar la mascarilla. Algunos analistas, a la vista de lo que perciben en las calles de las grandes ciudades, aseguran que esta ha venido para quedarse. Los beneficios para la salud son evidentes, pues se ha demostrado que logran parar, no solo los virus estacionales, sino también este tan agresivo con el que nos toca lidiar ahora. Es necesario enfatizar, además, que el uso de la mascarilla evita el paso de agentes contaminantes y, sobre todo, de los gases provenientes de la combustión de los vehículos. En las grandes urbes, la contaminación es ya un problema de primer orden (siete millones de muertos en el mundo, de los cuales 400.000 en Europa) y la mascarilla es, de hecho, una salvaguarda para nuestra salud.
No obstante, la mascarilla no puede ser el único elemento disuasorio para evitar el contagio. Tenemos que estar seguros de que las personas que están a nuestro alrededor tienen la pauta completa de vacunación y no podemos tener miedo a entrar en un local porque ignoramos si los que están allí están vacunados o no. Las vacunas han demostrado ser eficientes y son una garantía, no solo para el que ha sido inoculado, sino para el resto de la población. La Constitución española garantiza el derecho a la intimidad de cualquier trabajador, público o privado, y, por lo tanto, no tienen derecho a informarse si este está vacunado o no. Los derechos están por encima de las obligaciones, pero todo este asunto está empezando a cambiar.
Creo sinceramente que no deben implantarse medidas coercitivas, y que, si se imponen, debe hacerse indirectamente a través de medidas de protección y no con medidas sancionadoras. En muchos países de Europa ya empiezan a obligar a determinados colectivos a estar vacunados para ejercer sus trabajos. Sanitarios, profesorado y trabajadores que están de cara al público son los primeros en esa lista que va a ir ampliándose de manera inexorable. Porque, a pesar de los avances en la vacunación, en España, por ejemplo, queda un no despreciable 30 por ciento de la población sin vacunar, muchos de ellos negacionistas, y que ponen en peligro a los demás.
De hecho, el certificado que se pide para acceder a determinados establecimientos o actividades es ya en sí una forma de obligación, indirecta, si me apuran, pero no cabe duda de que es ya un primer paso para conseguir que la inmunidad de rebaño (nunca me gustó este apelativo, prefiero “inmunidad de grupo”), que no acaba de llegar por la oposición de un grupúsculo que cree todavía en las teorías de la conspiración o que nos implantan un chip. Tampoco debemos despreciar a esa parte de la sociedad que tiene miedo a la vacuna, que cree que su vida corre peligro porque ha oído que algunas personas han fallecido después del pinclazo. Pero el caso es que es mucho más peligroso no ponérsela. Los familiares del motero Dany Toledo lanzan un mensaje muy claro después de su muerte por COVID:
“Que la gente tome conciencia, que el coronavirus no es una tontería. De verdad, es mejor que te siente mal el pinclazo a verte en la situación en la que se ha visto Dany”.
Su miedo lo mató. Por eso es importante la concienciación. No tengo la menor duda de que, como asevera la ministra de Sanidad, Carolina Darias, “no se prevé recurrir a la obligatoriedad de la vacuna como se ha hecho en países del entorno como Francia, que la exige para el personal sanitario. Si esta situación sanitaria se mantiene en el tiempo, se repiten nuevas oleadas o vienen nuevas pandemias, a lo mejor el sistema jurídico tiene que renovarse y entraríamos en una situación muy peligrosa. Habría que cambiar y retocar muchos derechos fundamentales”. Es un aviso contundente y claro en una dirección, la que nos lleva a una vacunación casi total mediante pequeñas ordenanzas, leyes y decretos que alcancen ese tan deseado 90% de vacunados para que podamos estar realmente seguros.
Como he dicho al principio, mi posición es por la obligatoriedad total. No podemos vivir con el miedo en el cuerpo sin saber si la persona que tenemos delante está vacunada o no. Tenemos que volver a los besos y a los abrazos con absoluta tranquilidad. Porque, aunque este verano ha sido un poco más normal que el anterior, he encontrado un par de amistades que seguían las consignas de los negacionistas más reaccionarios, sin mascarilla, abrazando y besando a diestro y siniestro sin advertir al que tenía delante de su opción personal. Los dos negaban la pandemia, el virus, los muertos, todo. Como ciudadano, insisto, tengo derecho a saber el grado de protección o de indefensión cuando me rodeo de determinada gente. El pasaporte COVID es, debe ser, obligatorio para cualquier lugar donde haya gente, un cine, un teatro, un avión, un museo. El resto, mis amistades, ya me encargaré yo de quedar o no con ellas. O eso o la convivencia permanente con el virus y lo que ello supone.
