ARTICULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, Sociólogo.
Por si había alguna duda, el Covid-19 ha dejado al descubierto las carencias del sistema nacional de salud que fue una de las grandes víctimas de las políticas neoliberales aplicadas en estas últimas décadas a resultas de la crisis financiera del 2008. Del gasto público de todo el Estado de sanidad, el 92,64 por ciento corresponde a las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en esta materia. El cómo lo gestionan y el por qué es así y no de otra forma, depende de los criterios de los gobiernos autonómicos, en Catalunya de la Generalitat (que en 33 de los últimos 40 años, ha estado en manos de la derecha) y que nadie se llame a engaño: la distribución de las partidas presupuestarias es siempre una decisión política que responde a la doctrina económica que se defienda y si nos atenemos a lo que han aplicado en España y Catalunya, es la del ideario neoliberal.
Los datos objetivos y contrastables que disponemos sobre la gestión llevada a cabo en Catalunya respecto a la sanidad pública y asuntos sociales son: recorte de 5.135 millones de euros entre 2009 y 2017; el número de sanitarios bajó 2.407 y se cerraron 1.170 camas hospitalarias; privatizaciones y externalizaciones de servicios; listas de espera interminables; marginación de la asistencia primaria; urgencias tercermundistas; instauración del copago sanitario; menosprecio del personal sanitario (recortes de derechos laborales, sociales y económicos); andamiaje de las residencias anti social (el 90 por ciento de las plazas la gestionan manos privadas); el amiguismo y puertas giratorias de políticos; etc.
Cada uno de estos hechos ha contribuido a la configuración de la sanidad pública y servicios sociales que padecemos estos días. Nada es casual, sino causal. Nada viene caído del cielo, sino decidido por personas perpetradoras de las medidas de austeridad de las últimas décadas: Pujol, Mas, Puigdemont, Torra y sus brazos ejecutores como Carmela Fortuny, Josep Maria Padrosa, Josep Lluis Claries; Boí Ruiz; Josep Arqués; Francesc Brosa; y un largo elenco de nombres con magníficos sueldos y estatus, adiestrados para llevar a cabo los recortes cuyas consecuencias en residencias, hospitales, asistencia primaria y servicios sociales, son evidentes.
Con tales antecedentes, es imposible no establecer una relación causa-efecto entre las carencias de infraestructuras y personal sanitario, con las precarias condiciones con las que se ha hecho frente a la pandemia, y es razonable deducir que sin los recortes, probablemente se habrían evitado parte del sufrimiento y muertes, lo que unido a la pasividad para dotar de equipamientos al personal sanitario y la imperdonable gestión de las residencias (la parálisis cerebral política para actuar ante las muertes en cadena es imperdonable), conforman un argumentario para exigir responsabilidades políticas y presumiblemente penales y civiles a los políticos que corresponda por las consecuencias de sus decisiones y gestión.
Y a todo ello, la falta inaceptable de autocrítica pública de los culpables deja al descubierto su talante ruin (desde las infames declaraciones del Sr. Boi Ruiz lavándose las manos de la situación a la que condujo la sanidad pública con sus recortes hasta las declaraciones de Eduard Pujol sobre las largas listas de espera “nos distraemos con cosas que no son esenciales” entre otras). Los hechos descalifican a las excusas victimistas, el echar las culpas a “otros” o al supremacismo y anulan los relatos y cortinas de humo para eludir responsabilidades.
A la sociedad civil y movimientos sociales le corresponde el papel de actores principales en la denuncia de los culpables, exigir responsabilidades y depuraciones y reivindicar un giro de 180 grados en la política sanitaria y servicios sociales para lograr una sanidad pública de calidad, con recursos necesarios y abordar desde una perspectiva pública-social la gestión de los geriátricos y no privada-económica como se viene haciendo desde Mutuam (empresa que por la cantidad de directivos ex convergentes parece una franquicia de CiU) con el objetivo de integrarlos como servicio público y en manos públicas.
Que el Vallés Occidental-Est es claramente deficitario en equipamientos y ha recibido un trato discriminatorio incomprensible de la Generalitat, es conocido. Los problemas generales de la sanidad pública y servicios sociales, inciden de manera especial en el territorio como el agravio comparativo con el resto de Catalunya en ratios de camas (se necesitan 500 para equipararnos a la media y urge la construcción del hospital Ernest Lluch en Cerdanyola-Ripollet) o la construcción de Centros de Asistencia Primaria que faltan o que no dispongamos de ninguna residencia pública en Sabadell (hospital y residencia que vienen reivindicando desde hace años las plataformas por la sanidad pública y el movimiento vecinal) o la necesidad de centros de día y viviendas asistidas, etc. Un panorama desolador que exige respuestas y que la Generalitat no ha recogido en los presupuestos aprobados hace unos días. Como están en su nube, siguen ignorando la necesidad de dar el giro copernicano a las políticas sociales y económicas que la sociedad necesita.
Al parecer no han aprendido gran cosas de esta crisis. A la sociedad civil le queda seguir denunciando, reivindicando, movilizando y proponiendo.
