Se cumplen dos meses del fatídico accidente que costó la vida a cinco trabajadores marroquíes que se desplazaban desde Torre Pacheco a Águilas, en Murcia, para trabajar en la recogida del apio. Se levantaban muy temprano para recolectar la hortaliza desde el amanecer hasta el anochecer por no más de 25 euros diarios en jornadas de hasta doce horas, por lo que la hipótesis del cansancio cobra sentido a la hora de valorar las causas del accidente. El empresario que los contrataba se apresuró a declarar que tenía todos los papeles en regla pero sin aportar más datos. Los familiares de los fallecidos denunciaron con premura la situación de miles de trabajadores que deambulan por los campos en búsqueda de trabajo siempre precario, por unos dos euros la hora. En los alrededores de las estaciones de tren, especialmente en Lorca, se producen escenas desoladoras, donde decenas de inmigrantes se agolpan ante las furgonetas que pasan demandando mano de obra barata.
Almería es otro de los lamentables ejemplos de explotación laboral. Mientras seguimos mirando con preocupación hacia los refugiados que llegan a las costas del Mediterráneo, no somos conscientes del trato vejatorio que ciudadanos españoles aplican sobre inmigrantes que llevan en nuestro país más de una década. Silenciados y casi anulados por la prensa, se esconden entre los campos de plástico en las localidades de Níjar y El Ejido, donde hace ya 10 años se produjeron los hechos racistas más deplorables de las últimas décadas. Miles de personas están viviendo entre los invernaderos o en poblados chabolistas que han construido con plásticos y cañas o en cortijos abandonados, según denuncian miembros de Almería Acoge, que es una de las ONG que trabajan en la zona. Naturalmente sin luz, sin agua, sin calefacción, hacinados en unas condiciones terribles. De alguna manera son trabajadores indigentes con un sueldo que no les permite ni tener los mínimos estándares de dignidad, asemejándose a las circunstancias que podríamos encontrar en algunas aldeas africanas.
Si bien no todos los empresarios de la zona forman parte de esa jauría de desalmados capaces de enriquecerse a costa del maltrato y de la esclavitud, no es despreciable el número importante de los que prefieren hacer caso omiso de las indicaciones de los sindicatos y de las organizaciones de derechos humanos. Pero lo que realmente es lamentable es la actitud de las autoridades tanto municipales como provinciales que se llenan la boca con campañas de integración, mientras que a la hora de la verdad tienen miedo de ofrecer garantías, especialmente habitacionales, a cientos de personas que, en definitiva, les dan de comer. En el fondo subyace un racismo enmascarado puesto que la propia población almeriense, que también sufre la crisis, es reticente a dar facilidades para que esas personas ganen en dignidad. Las vergüenzas se tapan y se quedan en casa.
No hay que menospreciar el papel que en todo este drama tienen las grandes superficies comerciales que compran las frutas y verduras a estos empresarios, con imposición de precios siempre a la baja, que los obliga a pagar menos a sus trabajadores y por ende a substituirlos por mano de obra eventual, sin papeles y en negro. Toda la cadena hacia abajo queda afectada y por lo tanto el empobrecimiento es general. Ni que decir tiene que la falta de inspecciones laborales contribuye a todo este triste panorama de connivencia entre patronal y administración, cuando no judicial. La situación está enquistada desde hace más de 15 años y la falta de voluntad política para solucionarla es nula.
La periodista de El País Ana Carbajosa, auténtica especialista en el tema, pero también en Oriente Próximo, piensa que las autoridades tienen miedo a la hora de cobijar a esta gente, porque sus votantes les darían la espalda. Quien piense que en España no existe una base social racista se equivoca puesto que alcaldes del PP, de Ciudadanos, pero también del PSOE, están dinamitando políticas de igualdad al encontrarse con el rechazo de sus vecinos, por lo que prefieren esconder el problema o subsanarlo con subvenciones encubiertas. En Andalucía, especialmente castigada por la crisis y en un contexto de escasez de recursos sociales, aprobar planes para inmigrantes se convierte en un tema delicado.
La gran incongruencia es que gran parte del PIB español viene dado por esa mano de obra barata y oprimida que acepta trabajar por un sueldo miserable y a la que se le niegan todos los derechos. No votan, no tienen órganos de representación y no pueden acceder a los servicios sanitarios básicos, por lo que la realidad adquiere tintes dramáticos. Parece ser que en este caso las campañas de boicot a los productos almerienses no surtirían efecto puesto que es muy difícil seguir el rastro de las frutas y hortalizas que son compradas por grandes superficies que a su vez revenden a pequeños supermercados. Además, los empresarios contratan, en la mayoría de los casos de forma legal, pero tan solo por un día cuando en realidad se trabajan diez.
De todas formas, el problema no debería eternizarse. Las leyes existen, pero parece ser que los políticos que nos gestionan no tienen ningún interés en aplicarlas. Otra herida que el nuevo gobierno tendrá que curar tarde o temprano, si no queremos seguir apareciendo en las listas de organizaciones que denuncian a los Estados incumplidores de las más elementales normas referentes a los Derechos Humanos.
