ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sabadell (FAVS).
La participación ciudadana ha sido reivindicada históricamente como instrumento superador/complementario de uno de los puntos más débiles de la democracia representativa: máxima delegación y mínimo control e intervención en la toma de decisiones, y lo mismo que ha sucedido con otros conceptos como el de sostenibilidad, solidaridad, etc., que han acabado convirtiéndose en políticamente correcto, la práctica totalidad de organizaciones lo han incorporado en su ideario. De tal guisa en la actualidad existe un batiburrillo de acepciones que en la mayoría de los casos han servido para desnaturalizar su genuino carácter.
Para situarnos de dónde partimos, recordar que ni estamos en la polis griega ni en la Ginebra de Rousseau sino en una metrópolis sumida en una profunda crisis dentro de un mundo globalizado donde el poder económico, que ha usurpado la soberanía popular, marca la agenda política que, entre otras cosas, impide que se establezca el necesario vínculo entre la democratización política (ámbito de lo público e interés general) y la económica (ámbito de lo privado y de indudable interés general) respecto a la cual, parece darse por sentado que la ciudadanía nada tiene ni puede decir.
Tampoco conviene dar por ciertas, afirmaciones del tipo “si no existe más participación es porque los poderes públicos no la favorecen”. Una conclusión demasiado simple porque del aforismo se deduce que la ciudadanía está dispuesta a dedicar una parte de su vida (participar significa trabajo y tiempo) a preocuparse de solucionar problemas colectivos o a gestionar actividades públicas. Y eso es algo que no sabemos. La nuestra es una sociedad adiestrada para delegar no para la participar y cambiar ese rol no es fácil. Podemos pensar que existen impulsos participativos larvados y que se muestran en ocasiones (por ejemplo en Sabadell, los procesos de la plaza del Pino o Plaza de España donde la participación del movimiento vecinal fue determinante), pero en cualquier caso debe comprobarse empíricamente.
Así las cosas y dada la desafección entre la política y la ciudadanía y el hecho que el municipio sea el marco idóneo para implementar praxis participativas dignas de ese nombre, debemos congratularnos que el nuestro se sume a la tendencia de otros municipios (Barcelona, Madrid, etc.) y abra puertas a la ciudadanía sobre los asuntos de su incumbencia, defendiendo que la vida democrática solo se puede reforzar con más participación. Una decisión que indica que la puesta en marcha de procesos de participación depende de la voluntad política y la ideología que la sustenta. Al respecto es oportuno recordar que la experiencia acredita que la participación ciudadana bien realizada, no genera contradicción entre democracia y eficiencia.
Llegado a este punto debe procurase no cometer errores evitables y partir de la base que la participación ciudadana ni es sinónimo de mera información (necesaria pero insuficiente), ni un objetivo en sí mismo, sino un instrumento para conseguir objetivos. ¿Y qué objetivos tiene una ciudad? La respuesta reside en el proyecto de ciudad que quienes gobiernan y los ejes centrales del mismo (economía, trabajo, sostenibilidad, servicios públicos, integración y cohesión, emergencia social, sanidad, educación, cultura, patrimonio, etc…) que deben fijar objetivos coherentes a corto, medio y largo plazo y limitar las intervenciones reactivas a los casos puntuales necesarios.
Con ese esquema general, y teniendo en cuenta que a día de hoy, la participación ciudadana se refiere principalmente a lo local (aunque no en todos los casos deba, ni pueda acotarse a una determinada división administrativa del territorio), significa que nos remitamos casi necesariamente a los actores, procesos y de temas locales, y es en ese marco donde la participación está llamada a convertirse en una herramienta de empoderamiento frente a los modelos burocráticos-administrativos y/o gerenciales de gestión que se han venido utilizando dando paso a un modelo más relacional participativo.
Su implementación, más allá de voluntades bienintencionadas, requiere de análisis y diagnósticos rigurosos, saber cuáles son las potencialidades, fortalezas y límites del ámbito local (en el que nos centramos), para formular estrategias de desarrollo de participación. Se trata pues de concretar los mecanismos/órganos/procesos de participación más adecuados en cada caso que eviten soluciones genéricas para problemas diferentes entre sí. Es la base para abordar con sensatez, la función y objetivos de los órganos de participación local como los ‘Consells de Districtes’ y otros ‘Consells’ y ‘Taules’ sectoriales o territoriales, etc., y no caer en el “más de lo mismo”.
