Cada verano se repite la misma escena: llamas, personas evacuadas, bomberos desbordados y los responsables políticos competentes poniéndose de perfil. Lo cierto es que hay una verdad incómoda que el humo de los incendios de este verano vuelve a dejar al descubierto: en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, la prevención y la extinción de incendios forestales no figuran como “prioridad nacional”. Es una partida presupuestaria molesta, un servicio a recortar, una competencia exclusiva que se ejerce con tal apatía que cuando llega el desastre, la única salida que su ineptitud les permite es delegar en el Estado el problema que, en buena medida, ellos han generado. No dan más de sí. Y, como dice el refrán, d’on no n’hi ha, no en pot rajar. Pero conviene no engañarse: no se trata de una carencia sobrevenida ni de una fatalidad climática. Es una elección política reiterada, sistemática y letal.
Si una comunidad autónoma llega a la campaña de incendios con menos personal, menos medios y menos inversión forestal, el desastre deja de ser un accidente inevitable y pasa a ser una consecuencia previsible de una gestión digna de juzgado de guardia por sus consecuencias humanas, económicas y ecológicas. Son esos gobiernos a quienes cabe exigirles las responsabilidades que correspondan por su nefasta gestión y recriminarles que, para tapar su incapacidad y carencias, culpen al Estado, a los ecologistas y a la Agenda 2030 europea. Si bien, después de que por redes sociales se difunda que los incendios son provocados por drones enviados por Pedro Sánchez, se confirma que la ignorancia es la madre del atrevimiento y que la estupidez humana es ilimitada. Con tales premisas, no es extraño que existan gañanes que aseguren que los incendios son culpa de Sánchez, que la Tierra es plana, que la Virgen María fue concebida sin pecado, que el cambio climático es un invento comunista, que el eclipse es un engaño de Pedro Sánchez para vender gafas y cien burradas más. Todo cabe en esa realidad paralela en la que los disparates y las supersticiones se acomodan sin problema.
El discurso de que los incendios se resuelven con más helicópteros cuando el fuego ya está fuera de control es demagógico y engañoso. La clave está antes: limpieza forestal, vigilancia, mantenimiento de cortafuegos, planificación territorial y plantilla necesaria, estable y respetada profesionalmente. Eso es lo que se ha ido debilitando en las comunidades durante años de recortes. Y para conocer la dramática situación que están sufriendo diversos territorios españoles, basta con analizar las políticas que, en materia de prevención y extinción de incendios, llevan a cabo quienes tienen la competencia exclusiva para ello.
En la Andalucía, Juanma Moreno (PP), se han reducido los agentes del servicio público especializados en prevención, extinción e investigación de incendios forestales un 14%; en Galicia, Alfonso Rueda (PP), los recursos inactivos por falta de personal para manejarlas mientras que simultáneamente pide al Estado 30 camiones, que en realidad los tiene pero que no utiliza por falta de personal; en Castilla y León, Fernández Mañueco (PP) después de 9 días de incendio, llamó “urgentemente” al personal especializado que estaba de vacaciones y solicitó dos bases militares equipadas que no fueron utilizadas; en Extremadura, María Guardiola (PP) pidió más medios al Estado mientras dejaba sin movilizar a los bomberos forestales que además carecían de recursos; en la Comunidad Valenciana, el ex presidente Carlos Mazón (PP), eliminó la unidad de emergencias de la Generalitat; en Madrid, la presidenta Diaz Ayuso (PP), solicitó mediante una simple nota la activación de la situación de emergencia lavándose las manos para esconder su incompetencia. El nivel de los dirigentes del partido que aspira a gobernar España es de “traca i mocador”. Ante los problemas, o desaparecen y “pasan la pelota al Estado”, o retozan en El Ventorro, o se marchan a Miami o a Galizia.
La discusión no es solo sobre quién manda durante el incendio, sino sobre quién ha dejado el sistema sin recursos para prevenirlo. La emergencia nacional surge cuando el incendio ya desborda la capacidad autonómica, pero ese desborde suele producirse tras años de desinversión, externalización o precarización de los servicios forestales. Por eso, pretender reducir el debate a un intercambio de culpas es una cortina de humo para evitar la pregunta central: ¿por qué llegamos tan débiles a cada campaña?
Y si nos atenemos a los hechos, el guion está claro:
- Con recursos recortados para la prevención, las probabilidades de incendios aumentan y la extinción se encarece.
- Si la extinción se encarece y no hay recursos, la emergencia nacional es inevitable ante la insolvencia autonómica para hacer frente al fuego.
- En esa situación, se lavan las manos y se atribuye la responsabilidad al Estado. Así se cierra la cuadratura del círculo de la ineptitud de esos políticos que no tienen el fuego como “prioridad nacional”.
No se trata de glorificar a la UME (criticada por el PP cuando Zapatero la creó y que, paradójicamente, se ha convertido de facto en el equipo de extinción de incendios de las CC.AA gobernadas por el PP), ni de pedir heroísmo infinito a bomberos y brigadas. Se trata de exigir servicios públicos potentes, prevención durante todo el año y responsabilidades claras a quienes han recortado donde no debían. Es inaceptable tener que esperar a que el monte arda para evidenciar que dejaron sin recursos a quienes debían cuidarlo (bomberos y agentes forestales); es una chulería cortijera que esos gobiernos autonómicos destinen más dinero a toreros que a bomberos; y es miserable que quienes, por acción u omisión, han facilitado la tragedia, se dediquen a difundir bulos para manejar a los idiotas y eludir responsabilidades.
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