La Real Academia Española (RAE) define la resiliencia como la capacidad de un ser vivo para adaptarse a situaciones adversas y, por extensión, la de un sistema o material para recuperar su estado inicial tras una perturbación. En psicología, este concepto se refiere a la habilidad de sobreponerse a crisis, traumas o estrés significativo, manteniendo -e incluso fortaleciendo- un funcionamiento adaptativo.
No es necesario ser un experto para reconocer que, en los últimos años, España ha destacado no solo como referente europeo y mundial en ámbitos como la economía, lo social, lo político y el derecho internacional, sino también en su capacidad de resiliencia frente a los desafíos más diversos. Y si hay un rostro que encarna esa resistencia institucional en medio del caos, ese es el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Desde su investidura en 2018, y especialmente durante su segundo mandato, Sánchez ha gobernado en un escenario marcado por una sucesión ininterrumpida de crisis: la pandemia de la COVID-19, la erupción del volcán de La Palma, la borrasca Filomena y sus consecuencias logísticas y sociales, la guerra en Ucrania -con su impacto devastador en los precios de la energía y la inflación-, el apagón energético que sacudió el sistema eléctrico, las crecientes catástrofes climáticas – las inundaciones en Valencia o los voraces incendios forestales en el norte peninsular-, el trágico accidente ferroviario en Adamuz sumado a la resolución de conflictos territoriales heredados, dibuja un cuadro de gobernanza bajo estrés donde la capacidad de respuesta rápida ha sido el único garante de la estabilidad nacional
Sin embargo, lejos de encontrar un mínimo consenso nacional en momentos críticos, el presidente ha enfrentado una oposición sistemáticamente desleal y frentista. La pinza estratégica entre el Partido Popular, VOX y formaciones como Junts ha convertido cada crisis en un campo de batalla electoral en lugar de un espacio de colaboración. Mientras el Ejecutivo articulaba planes de choque sanitarios, energéticos o de reconstrucción postcatástrofe, la oposición optaba por la obstrucción, la deslegitimación constante y la manipulación deliberada de la información.
Más allá del debate parlamentario legítimo, la vida política española, se ha visto empañada por diversos fenómenos como el ascenso de la extrema derecha o el lawfare: el uso de la elite judicial como arma política. Investigaciones mediáticas, filtraciones selectivas y causas judiciales abiertas con escaso o nulo fundamento pretendiendo erosionar la imagen del presidente y desviar la atención de los verdaderos problemas del país. No se trata de negar la necesidad de transparencia o rendición de cuentas -valores esenciales en democracia-, sino de denunciar la instrumentalización de instituciones que deberían ser garantes de imparcialidad, no trincheras partidistas.
En paralelo, ciertos sectores mediáticos y redes sociales, alineados con intereses de la derecha y la extrema derecha, han abandonado su función informativa para actuar como actores de agitación, lanzando y amplificando bulos y generando una sensación de caos permanente que poco refleja la realidad cotidiana de la ciudadanía. La frontera entre informar e incitar se ha difuminado, alimentando una polarización que debilita la cohesión social y dificulta la gobernabilidad.
En este entorno hostil, la resiliencia de Sánchez trasciende lo personal para volverse institucional. Ha mantenido la estabilidad del país, impulsado reformas estructurales (la ley de vivienda, la modernización de las pensiones, la dignificación del salario mínimo o el avance en los derechos sociales y políticos), reforzado el papel de España en el mundo (es un líder carismático internacional) y defendido una política exterior basada en la cooperación y los derechos humanos (genocidio de Gaza o negarse a aumentar el 5% del PIB en armamento y a participar en los planes imperialistas de Trump en Gaza y Groenlandia). Todo ello mientras navegaba en aguas turbulentas, con vientos en contra y sin margen para el error.
Queda mucho por hacer y España no es inmune a las tensiones globales, pero ha demostrado una capacidad de respuesta firme, ágil y comprometida con la justicia social -una respuesta que, si nos atenemos a los hechos, habría sido impensable e imposible bajo un gobierno del PP y Vox-. Detrás de esta fortaleza hay decisiones valientes, liderazgo responsable y, sobre todo, una voluntad de seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Eso es, sin eufemismos, resiliencia democrática. Y en tiempos de tormenta, esa resiliencia no es un lujo: es la columna vertebral de una democracia viva, fuerte y digna.
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