ARTÏCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, President de la FAV Sabadell
Era previsible que la pandemia incrementase la demanda de consultas de salud mental (las catástrofes y grandes crisis vienen acompañadas de un crecimiento de la depresión, estrés postraumático, la ansiedad o el suicidio), como lo era que aumentasen las denuncias de pacientes, familiares, profesionales y entidades dada la incapacidad para atender la demanda por la falta de recursos que dispone el servicio, como demuestra que la lista de espera para ser atendido por al/a psicólogo/a es de 3 a 4 meses para visitas insuficientes de 45 minutos y que, a menos recursos, menos terapias y más consumo de psicofármacos, una cultura que rinde pleitesía a la industria farmacéutica y sus descomunales ganancias y que está forzando a que, quienes pueden pagar los 50-60 euros por sesión, acuda a la sanidad privada y que cierra los ojos a la hora afrontar las causas, mayoritariamente sociales, para atiborrar de trankimazin, alprazolam, diazepan, etc. a la quienes acuden al médico con síntomas relacionados con la salud mental, porque, “alguna respuesta habrá que dar” ante la falta de recursos adecuados.
Entre los colectivos más afectados están los/as profesionales que han estado en primera línea en ámbito socio-sanitario; los que han pasado por la COVID; los familiares que no han podido cerrar el duelo de sus fallecidos y, en general, las personas castigadas por las consecuencias de las crisis económicas de un sistema intrínsicamente injusto que antepone el beneficio económico por encima de la salud de las personas (desempleados, trabajadores en precario, autónomos, pequeños empresarios, mujeres); los bullying de todas las modalidades; quienes arrastran problemáticas de salud mental previas, etc., unas afecciones que, en el 2021 se ha cebado entre la población infantil y adolescente por el confinamiento.
Que existe un menosprecio inaceptable hacia los cientos de miles personas afectadas en toda España (Catalunya antes de la CODVID ya teníamos 250.000 y en el 2020 se incrementaron un 127 por ciento los trastornos de ansiedad y un 33 por ciento los casos de depresión y otros trastornos mentales) es indiscutible cuando observamos que estamos a la cola de psiquiatras con una media de 11,8 por cada 100.000 (en Catalunya 10) frente a los 27 de Alemania o 28 de Grecia y que, más del 15 por ciento de la población presenta sintomatología depresiva de distinta gravedad lo que confirma que la salud mental es la gran olvidada de la sanidad pública.
Y a todo ello, los datos de suicidios (el gran tabú de la salud mental) son dramáticos: es la primera causa de muerte no natural en España. Según el INE, en 2020, 3.941 personas se quitaron la vida, es decir, diez personas al día o una cada dos horas y media, personas que más que morir, lo que quieren es dejar de sufrir y ven la muerte como salida a todo ese dolor. Que la salud mental merece más atención por parte de todos y esencialmente más políticas públicas con recursos e infraestructuras y profesionales es evidente, pero ello no obsta que sea triste observar que la prioridad sea la salud mental y no la reforma de la estructura que produce la enfermedad, es decir, se deje intacto el origen que provoca la perturbación, centrándose en “corregir” el “fallo” o la “anomalía” en la persona, a quien hay que “arreglar” o “reparar” como si fuese una pieza de una arquitectura indiscutible, una línea de actuación, que, al no atacar las causas, apuntala el sistema que lo provoca.
