Hay fechas que, más que marcar el paso del tiempo, desnudan las vergüenzas de una democracia. El viernes 2 de octubre de 2026 será recordado como el día en que el Congreso de los Diputados decidió, con 178 y 184 votos respectivamente, que la vivienda en España sigue siendo, ante todo, una mercancía. Los dos reales decretos-ley presentados por el Gobierno para contener la emergencia habitacional cayeron bajo el peso de una coalición parlamentaria tan heterogénea como reveladora: el PP, Vox y Junts. Tres formaciones con discursos supuestamente distintos, pero unidas en una misma convicción: que el derecho a un techo digno debe seguir supeditado al derecho a obtener rentas de ese techo.
El 2 de octubre fue escenario de un nuevo episodio de la lucha de clases, expresado esta vez en torno a una cuestión tan esencial como la vivienda: de un lado, quienes defienden que debe garantizarse como un derecho; del otro, quienes la conciben como un activo financiero sujeto a la (i)lógica del mercado.
Para entender la gravedad de lo ocurrido, recordemos lo que se ha perdido, lo que afecta a la vida cotidiana de millones de personas. Con el rechazo del primer decreto, desaparece la prórroga del escudo social antidesahucios hasta 2030, lo que deja a miles de familias vulnerables (muchas de ellas con menores, personas mayores o enfermas a cargo) sin red de protección frente a la calle. Se esfuma también el tope extraordinario a las subidas del alquiler, que limitaba las actualizaciones al 2 % o las congelaba cuando la renta superaba el índice de referencia, justo en un momento en que el IPC ronda el 5 %. Se desvanece la regulación contra el fraude de los alquileres por habitaciones y de temporada, se anulan las ayudas públicas a la entrada de la primera vivienda y se deja vía libre a los fondos buitre para seguir comprando inmuebles a precios irrisorios con fines especulativos.
Con la caída del segundo decreto, se pierde la prórroga indefinida de los contratos y la indemnización de doce mensualidades cuando el propietario decide rescatar la vivienda sin causa justificada. En la práctica, se devuelve al inquilino a la incertidumbre perpetua: la de no saber si el próximo año seguirá viviendo en el mismo barrio, en la misma escuela, cerca de los mismos cuidados vecinales que sostienen su vida.
Frente a este desmantelamiento, los argumentos de quienes votaron en contra no resisten el más mínimo análisis riguroso. El PP y Vox han recurrido, una vez más, al viejo mantra del “libre mercado” y al miedo a la “inseguridad jurídica”. Dicen que regular los alquileres ahuyenta la oferta, cuando la evidencia de las últimas décadas demuestra lo contrario: un mercado sin reglas no genera más vivienda, sino más especulación. No se construye más por tener precios libres; se construye cuando hay suelo público, licencias ágiles y un parque de alquiler social que compita con el privado. Hablar de “libertad de mercado” cuando más del 30 % de los ingresos de muchas familias se va en pagar un alquiler no es liberalismo: es cinismo. Y apelar a la “seguridad jurídica” mientras se defiende que un propietario pueda echar a un inquilino de toda la vida sin indemnización ni causa, no es defender el Estado de derecho, es defender un privilegio feudal.
Por su parte, la argumentación de Junts es una indecencia política. Tras semanas negociando el texto y habiendo arrancado concesiones sustanciales, decidió en las últimas horas retirar su apoyo y exigir la retirada de los decretos para “renegociar” un borrador propio que, paradójicamente, recortaba las protecciones a los inquilinos y aligeraba las obligaciones de los propietarios. No se trataba de mejorar el texto sino de usar el sufrimiento de millones de personas como palanca para forzar al Gobierno hacia otros terrenos. Cuando la independencia de un país se construye sobre la precariedad de sus vecinos y vecinas, deja de ser un proyecto de emancipación para convertirse en una operación de marketing político.
PP, Vox y Junts han demostrado que, más allá de sus diferencias retóricas, comparten una misma antropología política: la de considerar que la vivienda es un activo financiero antes que un derecho humano. Para ellos, el artículo 47 de la Constitución (que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna) es papel mojado. La “función social” de la propiedad es una molestia. Y la dignidad de quien no puede acceder a un hogar, un problema individual, nunca colectivo.
Frente a esta lógica, conviene recordar una verdad inapelable: nadie elige el código postal donde nace, ni los salarios que paga su mercado laboral, ni los precios que fija la orgía financiera de un sector inmobiliario desbocado. Pretender que el acceso a la vivienda es fruto exclusivo del “esfuerzo individual” es no solo falso, sino obsceno cuando se dice desde un escaño, como ha hecho el triunvirato PP-VPX-Junts.
No obstante, hay que valorar que la presión de las acampadas, de las plataformas de afectados, de los sindicatos de inquilinos y del movimiento vecinal ha logrado algo que parecía imposible hace pocos meses: poner la vivienda en el centro del debate político y obligar al Gobierno a presentar medidas ambiciosas. Que esas medidas hayan fracasado no significa que la lucha haya sido inútil; significa que debe intensificarse. Si el Congreso ha votado hoy a favor de la mercancía, los barrios seguirán votando a favor del derecho. Y será desde la movilización sostenida como construiremos, ladrillo a ladrillo, la ciudad en la que sí se pueda vivir y convivir. La vivienda es un derecho. Y los derechos no se conceden: se conquistan, se defienden y, cuando toca, se arrancan.
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