Cada vez que alguien denuncia los efectos del turismo masificado aparece el argumento: “el turismo da de comer a mucha gente”. Es cierto. Pero esa afirmación solo cuenta una parte de la historia. La otra parte, la que se oculta, es que el turismo también expulsa vecinos de sus barrios, dispara el precio de la vivienda, degrada el espacio público, precariza el empleo, convierte las ciudades en un negocio para unos pocos y presiona al límite los servicios públicos. El problema no son los turistas que ejercen legítimamente su derecho a viajar y disfrutar de su tiempo libre. El verdadero problema es un modelo económico que ha decidido convertir las ciudades en mercancías y la vivienda en un producto financiero.
El neoliberalismo ha elevado el mercado a la categoría de juez supremo. Todo tiene un precio y todo debe producir beneficios: la vivienda, el suelo, el patrimonio histórico, las playas, las plazas y hasta la identidad de los barrios. Bajo esta lógica, una ciudad ya no vale por la calidad de vida que ofrece a quienes la habitan, sino por la rentabilidad que puede generar para inversores, fondos de inversión, grandes cadenas hoteleras y plataformas digitales.
Cada año celebran eufóricos los récords de visitantes como sinónimo de progreso. Pero quién paga realmente el supuesto éxito: ¿las familias que ya no encuentran un alquiler asequible? ¿las personas jóvenes obligadas a seguir viviendo con sus padres porque comprar o alquilar una vivienda es imposible? ¿las personas mayores que ven desaparecer el comercio de proximidad que daba vida a sus barrios? ¿los/as trabajadores/as del sector turístico, sometidos/as frecuentemente a salarios bajos, temporalidad y jornadas extenuantes? ¿el medio ambiente castigado por un modelo basado en el crecimiento infinito incompatible con los límites físicos de las ciudades?
Nos dicen que es inevitable, que es el precio del progreso. Que no existe alternativa. Falso. Lo que existe es una decisión política que permite que el mercado decida el futuro de nuestras ciudades. Para entendernos: el turismo masificado no surge espontáneamente, es el resultado de políticas públicas que han favorecido la especulación inmobiliaria, han liberalizado el mercado de la vivienda, han incentivado la expansión sin límites del alojamiento turístico y han fomentado la competencia entre ciudades para atraer cada vez más visitantes, a costa del deterioro de la vida cotidiana de sus propios vecinos.
Cuando un propietario obtiene tres o cuatro veces más beneficios alquilando un piso a turistas que a una familia, el problema es un sistema que convierte un derecho fundamental como la vivienda en una oportunidad de negocio. Y las consecuencias están a la vista. Barcelona, Palma, Málaga, Venecia, Ámsterdam o Lisboa llevan años intentando corregir unos desequilibrios que durante demasiado tiempo se dejaron crecer sin control: limitar apartamentos turísticos, imponer tasas, restringir cruceros o regular el acceso a determinados espacios demuestra que incluso las administraciones más favorables al turismo han terminado reconociendo que el mercado, por sí solo, no resuelve el problema. Medidas reactivas de escasa o nula eficacia para afrontar el problema.
Sabadell no queda al margen. Pensar que este debate es exclusivo de las grandes ciudades turísticas es un error. Aunque Sabadell no reciba millones de visitantes cada año, sufre algunas de las consecuencias de ese modelo económico. La presión inmobiliaria de Barcelona se extiende por toda el área metropolitana. Miles de personas buscan vivienda en ciudades como Sabadell porque ya no pueden asumir los precios de la capital. Esa mayor demanda, unida a una oferta insuficiente de vivienda asequible, contribuye al aumento de los alquileres y dificulta el acceso a la vivienda para muchas familias sabadellenses. Y en vivienda y urbanismo, el “todavía no” suele convertirse rápidamente en “ya es tarde”. La ciudad no se degrada de golpe sino poco a poco, con pequeñas decisiones que parecen inocuas hasta que el conjunto cambia por completo.
Mientras la vivienda se siga tratando como un activo financiero y no como un derecho social, seguiremos reproduciendo la misma dinámica de siempre: más especulación, más desigualdad, menos comercio de proximidad y barrios cada vez más inhabitables.
¿Es una situación irreversible? No. Pero exige asumir que el mercado no resolverá un problema que él mismo ha contribuido a crear. Hace falta una apuesta decidida por la vivienda pública y protegida, una regulación eficaz frente a la especulación, una defensa activa del comercio local y una economía más diversificada que no dependa exclusivamente de actividades de bajo valor añadido. Hace falta, en definitiva, poner el interés colectivo por delante del beneficio privado. No se trata de prohibir el viaje, sino de subordinar la actividad económica al bienestar de los residentes.
Porque detrás del debate sobre el turismo se esconde una cuestión más profunda: ¿para quién se construyen nuestras ciudades? ¿para quienes viven, trabajan, estudian y envejecen en ellas? o ¿para quienes ven en cada barrio una oportunidad de negocio? La respuesta marcará el futuro de Sabadell y de otras muchas ciudades. Aceptar que sea el mercado quien decida quién puede quedarse en nuestros barrios y quién debe marcharse es una opción política. Y toda opción política puede cambiarse. Defender unas ciudades vivas, diversas y habitables exige partir de un principio irrenunciable: la ciudad no pertenece antes al mercado que a las personas que la hacen posible cada día. Esa es la apuesta y la reivindicación.
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