Las presuntas irregularidades afectarían a cinco antiguos directivos, entre ellos, el expresidente Bigatà.
El monto de las presuntas anomalías asciende a 3,4 millones de euros. Habrá junta extraordinaria.
Con el título de Proyecto Green y con fecha de 15 de enero de 2015 se ha elaborado un informe sobre las presuntas irregularidades detectadas por antiguos miembros de los órganos de gobiernos de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA) en las operaciones de financiación e inversiones, por valor de 3,4 millones de euros, en la empresa Aguas e Energia de Boavista SA (AEB) radicada en las islas africanas de Cabo Verde.
Grupo CASSA tiene una participación del 40 por ciento del capital de AEB, cuyo objeto es la producción y distribución de agua en la isla Boavista del archipiélago de Cabo Verde así como el saneamiento y la producción de energía eléctrica.
Las supuestas irregularidades implicarían a Xavier Bigatà Ribé (Presidente de CASSA hasta la OPA de Agbar y conseller de Política Territorial y Obras Públicas entre 1983 y 1988), Pere Fonolleda Prats (por Caixa Sabadell), Miguel Ángel Fos i Vieco (Director General), Carlos Casas Oliveras (Director Adjunto Económico y de Expansión) y Paulino García Suárez (Director Adjunto de Operaciones). Se da la circunstancia que Fonolleda y Fos forman parte de los órganos directivos de AEB y que Bigatà, Fonolleda y Fos de CASSA Cabo Verde Holding, Ltda.
Según el informe, al que ha accedido iSabadell, las operaciones se habrían realizado sin conocimiento de los órganos de gobierno de CASSA y consistirían en aportaciones de capital realizadas de Aigües de Sabadell a AEB, préstamos financieros a largo plazo, cuentas de origen deudor relacionadas con facturaciones realizadas en concepto de prestación de servicios, venta de mercancías y subrogación de la deuda pendiente con determinados proveedores.
Como resultado de los análisis efectuados se ha podido comprobar que, desde junio de 2010, los miembros de consejo de administración tenían conocimiento de diversas irregularidades y anomalías relativas a las instalaciones en estado precario, activos sobrevalorados en la contabilidad de AEB, gastos sin aparente justificación técnica, desequilibrio patrimonial y obras realizadas por empresas vinculadas a ciertos accionistas de AEB con precios por encima del mercado. Esto es lo que se desprende de los informes técnicos, económicos y financieros elaborados por diversos empleados de CASSA en sus visitas a Cabo Verde en 2010, 2011 y 2012.
Además, se ha comprobado otras irregularidades relacionados con los llamados Tests de Impairment (una prueba que se efectúa para asegurar que los activos de una empresa están contabilizados por un importe que no sea superior a su valor recuperable). Así, se modificaron y mejoraron los resultados de este test en la aprobación de las cuentas de CASSA. Las decisiones se tomaron con pleno conocimiento del consejo de administración de AEB. Por otro lado, se han detectado actuaciones para evitar “cualquier tipo de control del grupo CASSA en la gestión de AEB”.
Responsabilidades jurídicas
Con fecha 21 de enero de 2015 se realiza un análisis jurídico de las eventuales responsabilidades en relación de la gestión de AEB. De él se desprende que no existió autorización al consejo de administración de CASSA de las operaciones, así como de su impacto en la empresa, hubo un inadecuado reflejo contable de la situación de AEB y su impacto en el grupo CASSA y se realizaron disposiciones patrimoniales sin conocimiento adecuado de los riesgos asociados.
Por ello, se plantean los siguientes supuestos para el ejercicio de una acción social de responsabilidad: “1. Acción u omisión del administrador contraria a las leyes, estatutos o deberes inherentes al cargo. 2. Imputabilidad: dolo o culpa de conducta con ausencia de causa de exoneración. 3. Producción de un daño a la sociedad y 4. Nexo causal entre la acción u omisión ilícita y el daño sufrido por la sociedad”.
Póliza de seis millones
CASSA tiene contratada una póliza de responsabilidad de los administradores y directivos con la aseguradora AIG Europe, suscrita en agosto de 2013 y válida hasta el 31 de diciembre de 2017. Su límite de cobertura son seis millones de euros.
A luz de lo expuesto el informe, elaborado por el despacho de abogados Cuatrecases, considera que “cabe ejercer una acción directa contra la aseguradora y los directivos” implicados para reclamar los 3,4 millones de euros más intereses. “Existen principios de prueba por parte de antiguos directivos de actos y omisiones contrarios al deber de diligencia que habrían causado daño a la sociedad”, se asegura, manteniendo que los directivos no podían desconocer esta situación anómala. Asimismo se plantea la “exoneración” de la mayor parte del consejo de administración de la sociedad pues esta situación no les fue comunicada ni sometida a deliberación.
Junta General Extraordinaria de Accionistas
En el último Consejo de Administración d’Aigües Sabadell, celebrado el 21 de enero, se presentó un avance de los resultados de los consultores contractados. A partir de aquí se acordó convocar, el 3 de marzo, una Junta General Extraordinaria de Accionistas para considerar los impactos derivados de la situación del negocio en Cabo Verde y las posibles actuaciones a llevar a cabo por parte de la compañía.
En comunicado remitido a iSabadell, el Consejo de Administración de CASSA afirma “ser conocedor de la existencia de problemas en la gestión de AEB, relacionados, entre otras cosas, con el estado precario de sus instalaciones, razón por la cual se acordó contractar asesoramiento técnico y legal para determinar el posible perjuicio que esta situación puede provocar en CASSA Aigües i Depuració”.
La compañía asegura que, a pesar del impacto económico en Boavista, “no tendrá ningún efecto en el servicio de aguas de Sabadell”.
Foto portada: antiguo consejo de administración de CASSA, en la Junta del 2013. El expresidente Bigatà es el tercero por la izquierda de la fila inferior. Autor: J.d.A
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