Hace apenas unos días el Tribunal Constitucional dejaba en suspenso la declaración de soberanía que aprobó el Parlamento catalán. Se trata de un nuevo contratiempo a la supuesta hoja de ruta de Artur Mas.
Desde el minuto 0 muchos éramos conscientes de que, cuando se aprobó dicha declaración soberanista, la cámara catalana no tenía capacidad de hacer una propuesta con esas condiciones.
Llegados a este punto y al margen de que Mas quiere ir hacia la independencia, en gran parte forzado por su actual socio ERC, mucho me temo que la resolución del TC le dé un nuevo margen de maniobra para alargar la cada vez más espesa cortina de humo ante su falta de políticas económicas y sociales.
Mas se aferra al independentismo de la misma manera que ignora el problema del paro, lamina el futuro de nuestros jóvenes, y abandona a más de 300.000 personas que acuden diariamente a los comedores sociales en Cataluña.
Ante la falta de soluciones, ante la incapacidad de echar mano de neurona, el presidente de la Generalitat y el Gobierno catalán presumen de testosterona, pretendiendo situarnos al margen de la ley, sin consultar previamente al conjunto de catalanes y catalanas.
Es muy grave que cuando a alguien no le gusta una ley intente saltársela, cuando la democracia radica precisamente en intentar cambiarla según las reglas del juego aceptada de forma mayoritaria por todos los jugadores, formaciones políticas de todos los colores e ideologías en este caso en concreto.
Defiendo sin duda que los ciudadanos de Cataluña puedan opinar dentro de la legalidad y con un acuerdo con el Gobierno central. Pero creo que es inadmisible hacer una declaración de soberanía, que es lo mismo que declarar unilateralmente la independencia.
Defiendo el derecho a decidir como un principio democrático, para que la gente pueda opinar y para que se pueda expresar claramente sí Cataluña está o no está a favor de la independencia. La mejor manera de averiguarlo es convocando un referéndum.
En eso radica la democracia, la LEY y el DERECHO en mayúsculas.
Hago un llamamiento a respetar las reglas del juego y que sea la partida final la que determine quién gana, si la independencia o el federalismo. Pero siempre enseñando las cartas, sin hacer trampas, para que el resultado final sea legítimo.
Corren otros tiempos y, como siempre he defendido, hoy todavía más si cabe, hecha la ley… no es legítimo hacer trampas.
