ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, sociólogo
La postura del PSC consistente en cambiar algo para que nada cambie manteniendo a los imputados como regidores permitiendo que puedan seguir manejando los hilos tras las bambalinas, además de no estar a la altura que las circunstancias requieren, deja un escenario a la ciudad del que merecen algunos comentarios.
Posibilidad de convocar nuevas elecciones. Está fuera de lugar se mire por donde se mire. Primero porque que se trata de una medida impulsada en su día por el PP y PSOE para disolver cuando les viniese en gana ayuntamientos de la izquierda independentista vasca y no dejaría de ser una paradoja que apelar a tal solución acabase por legitimar una norma de claro contenido autoritario, cuando, teniendo en cuenta los antecedentes y desde una perspectiva democrática, lo que debería exigirse es su derogación; segundo porque los supuestos que recoge la ley a tales efectos son acotados y no se contempla nuestra situación; tercero porque en cualquier caso la decisión de disolución queda en manos exclusivamente del gobierno central y del Senado y en cuarto lugar porque si el objetivo central es un Sabadell sin corrupción, debe darse la bienvenida a las personas y partidos que con sus hechos demuestren que están por la labor. Valga la reflexión para no crear falsas expectativas ni dedicar energías trabajando en una dirección que no conduce a ninguna parte. Lo razonable es seguir apostando por mantener la actual línea de trabajo, complementando la movilización ciudadana que impulsa la Plataforma Sabadell sense corrupció y el trabajo institucional de la oposición.
Investidura del/la nuevo/a alcalde/sa. Tras la renuncia de Bustos, debe elegirse el sustituto, que será el candidato que presente el PSC o la oposición. El nuevo alcalde será socialista, con 13 votos a favor y 14 en contra, siempre y cuando la oposición no presente candidato porque decida presentar una moción de censura, para lo cual debe esperar la elección del nuevo alcalde socialista cuyo mandato se prevé corto.
Moción de censura. Es un instrumento clave que tiene la oposición para presionar al PSC a que cumpla lo acordado en el Pleno para que dimitan los imputados (regidores y cargos de confianza). Pero también puede presentarla el PSC en el improbable supuesto de que la oposición decidiese presentar candidato/a en la investidura para alcalde. En este caso le bastaría al PSC convencer a un regidor de la oposición para garantizar que la moción prosperase con 13+1 voto. Teniendo en cuenta que los regidores solo pueden firmar una moción de censura por legislatura, lo aconsejable sería que la oposición no presentase candidato y esperase para presentar la moción de censura. Por mucho que pueda indignar el seguir viendo en sus escaños a individuos imputados, sería la fórmula adecuada para garantizar la estabilidad del equipo de gobierno hasta el final de la legislatura sin sorpresas desagradables.
La tarea de la oposición. Por lógica el candidato en la moción de censura será de CiU (aunque la oposición también puede decidir otra cosa). Pero no es lo único que debe resolverse. Dando por hecho que el día a día de la ciudad, funciona por la inercia de años de funcionamiento y del nivel de competencia de los trabajadores/as públicos, lo que debe concretarse son dos grande bloques: de una parte gestionar las particularidades que gobernar en estas condiciones en las que el PSC ha llevado a la ciudad con su obstinación de mantener a los imputados como regidores (reparto de responsabilidades, configuración del equipo de gobierno, seguimiento y control de los acuerdos alcanzados, etc.) y de otra el dotar de contenido a lo que viene llamándose la “regeneración democrática” que no puede limitarse a un simple lavado de cara.
Consensuar un programa de mínimos. La oposición si quiere alcanzar credibilidad ante la ciudadanía, no debe dar muestras de tibiezas y ofrecer propuestas que apunten otras forma de hacer y entender la política que pongan de manifiesto que se apuesta entre otras cosas: por la transparencia con la realización de auditorías para hacer pública la situación económica de Sabadell, las concesiones, las subvenciones, etc.; por equiparar los sueldos de los políticos a los existentes en el mercado laboral; por eliminar dietas, coches oficiales, etc.; por acabar con la figura de los cargos de confianza como mecanismo de enchufe; por denunciar las políticas clientelares; por limitar los mandatos; por acabar con un modelo de participación estéril; por oponerse a los recortes sociales en sanidad, educación, servicios sociales, laborales, etc., y rechazar la política de desahucios a favor de los alquileres sociales; etc.
En definitiva, la ciudadanía debe percibir que entramos en una nueva era de nuestra historia local en la que abandonado el estilo cortijero y caciquil y la parafernalia y la demagogia populista, se opta por servir a Sabadell y entregarle el protagonismo a sus ciudadanos/as.
