ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell
El 30 de abril se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Asbesto, una fecha que pone de relieve una realidad incómoda y frecuentemente ignorada: la presencia extendida de este material cancerígeno de primer orden en edificaciones, instalaciones públicas y privadas, así como infraestructuras de numerosos municipios (en Cataluña, más de 4 millones de toneladas).
A pesar de que su utilización, comercialización y producción están prohibidas en España desde 2002, sus efectos permanecen vigentes y su presencia representa un riesgo para la salud, dado que el aamianto fue ampliamente empleado en épocas pasadas debido a su resistencia al calor, su durabilidad y su bajo costo, siendo uno de los principales componentes en la fabricación de fibrocemento (uralita), utilizándose especialmente en la construcción: techos, bajantes, depósitos de agua, cielos rasos, paneles o suelos, entre otros elementos.
No obstante, su aparente ventaja ocultaba un costo devastador para la salud, ya que la inhalación de las fibras microscópicas que se desprenden de los materiales con amianto por su deterioro con el tiempo y factores ambientales o manipulación se alojan en los pulmones, pudiendo provocar enfermedades graves como la asbestosis (una fibrosis pulmonar irreversible), el mesotelioma (un tipo agresivo de cáncer que afecta a la pleura o al peritoneo) y diversos tipos de cáncer pulmonar, convirtiéndose de hecho en un “asesino lento y silencioso” que no produce efectos inmediatos, pero debido a su latencia, su resultado puede tardar entre 20 y 40 años en manifestarse clínicamente.
Las cifras son concluyentes: la Unión Europea estima que, hasta 2030, se producirán medio millón de muertes por cáncer debido a la exposición al amianto, o que, en el Reino Unido, con datos contrastados, cada cuatro horas fallece una persona a causa del asbesto. En España carecemos de estadísticas rigurosas, pero en el Vallés Occidental se han documentado, por el neumólogo experto en el tema Dr. Tarrés, más de 300 casos de cáncer de pleura desde 1976. Y las cifras continúan aumentando.
En Cataluña, sindicatos, movimientos vecinales, asociaciones de afectados y expertos en salud pública llevamos años reclamando un plan de acción para identificar, retirar y gestionar adecuadamente los residuos de amianto, así como para reconocer los derechos de las víctimas y prevenir futuras exposiciones, siendo clave en algunos casos para poner en marcha procesos para su erradicación (Badia del Vallès como ejemplo), pero la realidad es que la magnitud del problema supera con creces los recursos y la voluntad política desplegada hasta ahora.
A todo ello tenemos que la UE estableció el 2032 como fecha límite para la eliminación del amianto de los municipios y el 2028 para los edificios y espacios públicos, y la Ley española del 2020 obligaba a los municipios a llevar a cabo un inventario del amianto para el 2023 (que fue ampliado hasta 2024), el cual solo ha sido cumplido por el 25% de los municipios de Catalunya y que, a este ritmo, el desamiantado podría extenderse por más de 200 años. Es urgente que cada administración, dentro de sus competencias, asuma su responsabilidad: el gobierno central promulgando la Ley Integral del Amianto y los autonómicos desempeñando sus funciones, como está haciendo, de manera pionera, el Parlament de Catalunya.
En lo que respecta a los gobiernos locales, les corresponde fomentar la participación activa de los actores sociales a través de Comisiones de Amianto para consensuar un plan de acción que, al menos, aborde: a) informar a la ciudadanía sobre cómo actuar frente a este material peligroso; b) establecer un cronograma para elaborar el inventario del municipio que complemente el parcial realizado por la Generalitat a través de drones; c) priorizar de inmediato la eliminación del amianto en los centros educativos y sus alrededores; d) exigir a la Generalitat, al Estado y a Europa respuestas e implicación; e) investigar y gestionar las subvenciones para cubrir las diferentes fases del proceso hasta la eliminación del amianto, entre otros aspectos.
En este contexto, el 30 de abril no debe ser solo un día de memoria, sino de reivindicación. Y es importante recordar que las víctimas del amianto no son únicamente los trabajadores/as expuestos en fábricas o en la construcción; también incluyen a vecinos/as de áreas contaminadas, familias que convivieron con el material en sus hogares o escuelas y las nuevas generaciones que continúan expuestas por la inacción institucional. Mientras tanto, es necesario denunciar que cada techo de uralita sin retirar, cada conducto sin examinar y cada metro cuadrado de amianto deteriorado sigue representando un riesgo para la salud pública.
Foto de portada: bloc de pisos amb amiant a Badia. Autor: ACN.
