ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, sociólogo

Para situar el fenómeno de la corrupción hay que tener en cuenta el sistema político y el económico. El primero hace referencia a la forma en que se organiza el poder (democracia, dictadura, u otra forma de gobierno) y el segundo describe como se organiza la producción y se distribuye la riqueza (principios capitalistas, socialistas o mixto). Es, en ese marco político y económico donde se producen las prácticas corruptas entrando en juego los actores principales: corruptos y corruptores (ambos imprescindibles para que el delito se consume).

Y para entender el por qué, hay que indagar las causas que las hace posible, respecto a la cual se abren dos grandes líneas explicativas: sostener que la corrupción es una condición innata de la especie humana (somos corruptos por naturaleza) o que son las circunstancias y el entorno estructural y social lo que generan condiciones propicias para ello.

Frente a las explicaciones genéticas de la conducta humana, el construccionismo social ofrece respuestas más probables al señalar que se alimenta de factores estructurales como la impunidad, la debilidad institucional, la opacidad partidaria y la lógica del mercado, que prioriza el beneficio por encima de cualquier valor ético. Una lógica que impulsa a obtener los mayores contratos o ventajas al precio que sea y que acaban concretándose en mordidas, puertas giratorias o tráfico de influencias. En última instancia, la corrupción tiene que ver con la obtención de contratos públicos, con la aprobación de leyes favorables para lobbys o empresas privadas y con la conquista del poder fuera del marco democrático y ético. Es un fenómeno ligado al sistema político-económico que impera en un determinado país. Por eso es difícil erradicar la corrupción mientras persistan las condiciones que la hacen posible.

No obstante, esta realidad no exime el imponer con urgencia medidas para combatirla, mitigarla y, en la medida de lo posible, prevenirla, dirigidas a la línea de flotación de la corrupción como prohibir contratos públicos con empresas corruptoras. Por ejemplo, aquí, ACCIONA (ironías de la vida, la misma adjudicataria de la construcción de circuito de F1 en el Madrid de Ayuso).

Abalos-Cerdá con el topo Koldo conforma un clan de miserables que ha prestado un servicio impagable al modelo de oposición de la derecha basada en embarrar la política y tensionar la sociedad en su obsesión de argentinizar España con la motosierra (algo que ya el hizo el PP cuando gobernó vaciando 74.000 millones la hucha de las pensiones o regalando 60.000 millones a los bancos o con subidas ridículas de las pensiones y tropelías diversas de todos los colores).

Ahora, en contubernio con elites de la judicatura, la iglesia católica, medios de comunicación, pseudo medio digitales y sectores económicos (“cada cual que haga lo que pueda”) hacen piña en la “unidad de destino en lo universal” falangista en un golpe de estado blando para acabar con Sánchez y eliminar los avances sociales y políticos que el gobierno progresista ha logrado para las clases trabajadoras y finiquitar el modelo de éxito indiscutible que confirman los indicadores nacionales e internacionales

Si bien el poder puede corromper a cualquier persona o partido, la pregunta es: ¿por qué, cuantitativa y cualitativamente, la corrupción -entendida como la acumulación sistemática de corruptos y corruptores- es mucho más frecuente y estructural en partidos y sectores de la derecha que en los progresistas?

No se trata de una opinión subjetiva, sino de una realidad basadas en causas judiciales: el PP es el único partido condenado como entidad jurídica por corrupción y mientras la gran mayoría de partidos de izquierda están limpios de esa lacra, el PP arrastran más de 30 casos pendientes de juicio y escándalos de distinta índole: Mazón y su gestión criminal de la DANA; los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia, por los “protocolos de la vergüenza”; los pelotazos urbanísticos de la familia Ayuso en la Comunidad de Madrid o la financiación ilegal de VOX, por citar ejemplos.

No cabe indulgencia. Corruptos y corruptores condenados deben cumplir íntegramente sus penas (habrá que ver si hay cárceles para tanto chorizo) devolver el dinero y beneficios obtenidos y, en paralelo, imponer medidas preventivas y estructurales: control real de los partidos políticos, transparencia total en los contratos públicos, límites estrictos a la financiación privada y fortalecimiento de los órganos de vigilancia ética, penalización efectiva a las empresas promotoras de corrupciones, etc.

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