‘De monarquías, repúblicas y democracias’, por Manuel Navas

ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, Sociológo.

Estado y nación, no son términos sinónimos. Se tratan de construcciones sociales que se han ido configurando a lo largo de la historia basadas en guerras, el dominio militar o económico, así como vicisitudes de todo tipo en las que el pueblo llano ha sido el sujeto receptor de las de tropelías y crueldades de las castas (nobleza, militares, iglesia) y/o utilizado como carne de cañón para sus insaciables intereses imperialistas. En cualquier caso, parece evidente que al tratarse de un resultado contingente fruto de la actividad humana, no cabe apelar ni a designios divinos, ni al esoterismo esencialista, ni a mitos o relatos falsos o incontrastables, ni a ninguna unidad de destino en lo universal para justificarlo, porque, tanto lo que es, como lo que no es, es bastante mundano y trivial.

Así las cosas, en síntesis, el Estado hace referencia a la organización política y jurídica de una sociedad integrado por un pueblo, un territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional y la nación al conjunto de personas con una lengua, cultura e historia común, dándose la particularidad que, según por avatares históricos, la práctica totalidad de estados incluyen diversas naciones y existen naciones que carecen de Estado propio (Catalunya o País Vasco, entre otras muchas en toda Europa), e incluso que una nación sin Estado integre otro pueblo que se considera nación como sería el Valle de Aran en Catalunya.

Por su parte los estados pueden ser centralistas (Francia,….), federales (Suiza, EEUU,…) y descentralizados (España…) para fijar la distribución de poder y competencias entre gobiernos. Mientras que, en el terreno político encontramos dictaduras y democracias y modelos de estado republicanos y monárquicos que no siempre tienen el mismo contenido: existen repúblicas o monarquías que son dictaduras y repúblicas y monarquías democráticas y socialmente avanzadas. Y es que, el hábito no hace al monje.

Ni tan siquiera el término “democracia” es unívoco dado que existen dictaduras que se definen como “repúblicas democráticas” como existen democracias formales de baja estofa y otras más avanzadas. A pesar de semejante galimatías existen unos mínimos para que un Estado se considere democrático: principio de legalidad, separación de poderes, sistema de partidos, elecciones libres, libertad de reunión y asociación,… No obstante, es un hecho que la democracia semiautoritaria gana peso a marchas forzadas en todo el mundo y que la soberanía, con un poder económico que mueve los hilos del mundo a su antojo, está herida de muerte.
Constitucionalmente España se define como un Estado Social y Democrático de Derecho cuyo régimen político es la monarquía parlamentaria y un modelo territorial descentralizado. En este caso (como en todos), un ejercicio de deconstrucción de los términos nos descubriría lo que hay de formal y de real, precisando el grado de democracia en el que estamos instalados. Por ejemplo, respecto al Estado Social, comparativamente con los 15UE, España se encuentra en el furgón de cola por ejemplo y entre otras cosas en inversión por habitante en temas sociales (sanidad, servicios sociales, educación, vivienda…); sobre el Estado democrático, existen hechos y datos que lo alejan del grupo de las democracias más avanzadas de nuestro entorno y sobre el Estado de Derecho, la división de poderes está más que cuestionada a tenor de la composición los altos tribunales como el TC y el TS y las decisivas indicaciones políticas en las resoluciones judiciales en determinados casos.

Tales déficits democráticos (algunos radicalmente inaceptables) actúan de revulsivo en los sectores de la población que aspiran a una sociedad más equitativa y a una ciudadanía empoderada. Una labor difícil pero imprescindible aquí y en todas partes. Es la lucha eterna por la emancipación social y la más actual por la preservación del planeta.

En España, además, es imposible no tener en cuenta el sustrato ideológico y social que generó los 40 años de dictadura fascista y que, al no producirse una ruptura democrática con el pasado y aceptar el “borrón y cuenta nueva”, se eximió de responsabilidades a psicópatas como Billy el Niño y no se llevó a cabo ningún tipo de depuración del Estado (aparato militar, judicial,…..), con el agravante que, convertir España en una monarquía y designar al Jefe del Estado (Juan Carlos I), como su sucesor, lo decidió el genocida Franco.

Y aquellos lodos trajeron estos barros: un Jefe de Estado que nadie ha votado y que, a mayor escarnio pertenece a una dinastía (la borbona) con una historia de personajes crueles, corruptos e inútiles y que, siguiendo la tradición, el emérito actual, haciendo méritos, no se queda a la zaga de sus antepasados en corruptelas.

Y si en general, y en cualquier parte del mundo, optar por el sistema republicano frente al monárquico es de sentido común, por ser infinitamente más democrático que el Jefe del Estado dependa de nuestros votos y no del hecho de ser hijo de una madre determinada, en España, con una monarquía impuesta por un dictador y ratificada por una transición inmodélica (con ruidos de sables de fondo), que es de las más corruptas de Europa (sin que ello signifique que las otras sean impolutas), por justicia democrática, dignidad y respeto a nuestra memoria histórica, los/as ciudadanos/as reclamamos el derecho inaplazable e irrenunciable de elegir entre monarquía y república.