El informe PISA deja un dato demoledor y preocupante: España acaba de obtener sus peores resultados históricos en las competencias troncales, con caídas especialmente duras en comprensión lectora y matemáticas, lejos de la media de la OCDE. Uno de cada tres alumnos de 15 años termina la enseñanza obligatoria sin ser capaz de comprender bien un texto, interpretar un dato o resolver un problema cotidiano. Un declive que no surge de la nada ni tiene una sola causa: es la suma de la segregación escolar, que concentra la vulnerabilidad en determinados centros; de la falta de inversión estructural en los barrios más desfavorecidos; y del impacto que todavía arrastramos de la pandemia. Por desgracia, el debate de la clase política se limita a las competencias, los currículos, las leyes, sin entrar en algo tan determinante como la renta.
Dado que la brecha de rendimiento entre alumnado favorecido y desfavorecido sigue siendo el mejor predictor de resultados, los datos llevan años mostrando cómo se ensancha precisamente en los barrios donde la vivienda expulsa a las familias jóvenes, donde los padres y madres encadenan turnos sin tiempo para sentarse con sus hijos, donde la escuela concertada se queda con el alumnado sin dificultades y la pública absorbe el resto sin recursos para compensarlo. En definitiva, no es casualidad que los peores resultados se repitan siempre en las zonas donde también se concentran la precariedad laboral y la segregación residencial.
Para situarnos en la gravedad del problema, conviene insistir en que una caída en la comprensión lectora y en el razonamiento matemático no constituye solo un “problema escolar”. Es un problema que golpea de lleno la convivencia social. Sin esas capacidades se limita la movilidad social, se perpetúa la desigualdad y se resiente el tejido comunitario del que depende la vida en común, porque la educación sigue siendo el principal motor de una ciudadanía autónoma, crítica y participativa
Además, hay una relación directa (y alarmante) entre el descenso de la comprensión lectora y la forma en que hoy los jóvenes consumen información. Esa “cultura del sin esfuerzo”, en la que la pantalla llena el vacío que deja la desigualdad, se ve reforzada por plataformas como TikTok, Instagram o X, que premian los mensajes breves, las emociones inmediatas y el estímulo visual rápido. Es un entorno que recompensa la inmediatez y castiga la profundidad, y que empuja a muchos jóvenes a informarse por encima, sin contrastar fuentes ni reparar en los matices. Y cuando el cerebro se acostumbra a recibir respuestas ya masticadas, cargadas de emoción, el pensamiento crítico se debilita casi sin darnos cuenta. Queda entonces un vacío cognitivo y emocional fácil de manipular. No hace falta imaginar ninguna conspiración: basta con no enseñar a leer en profundidad, no enseñar a dudar, no enseñar a distinguir un dato de una opinión, para dejar el terreno libre a quien ofrece certezas simples (y falsas) a problemas complejos, a cambio de un voto.
Y conviene decirlo sin rodeos: quienes mejor ha sabido explotar los códigos de las plataformas audiovisuales (el mensaje directo, el enemigo claro, la estética provocadora, la violencia) han sido la extrema derecha, que ha colonizado esos espacios digitales a través de algoritmos, memes e influencers que normalizan discursos de odio, prejuicios. Y lo han hecho entre los sectores más jóvenes y menos protegidos por el capital cultural familiar. Para un joven con capacidad crítica debilitada por la sobreexposición a contenidos superficiales, este mensaje resulta atractivo: es fácil de digerir, ofrece culpables claros y valida frustraciones reales sin exigir esfuerzo intelectual.
Como resulta lógico, todo lo anterior enlaza directamente con la lucha del profesorado por dignificar su labor, con reivindicaciones que afectan de lleno a la educación de nuestros hijos e hijas: la recuperación del poder adquisitivo perdido, la reducción de ratios y horarios lectivos, el despliegue real (no solo sobre el papel) de la escuela inclusiva, menos burocracia y más autonomía para los claustros, una enseñanza pública de calidad y bien dotada de recursos, plantillas estables y cobertura efectiva de las bajas, entre otras demandas. En Sabadell, además, todo ello se ve agravado por la situación tercermundista de los institutos-barracón (Virolet, Arraona, Narcisa Freixa), que empeoran aún más unas condiciones ya precarias para avanzar en una verdadera mejora educativa.
Y como sabemos que la comprensión lectora no se arregla con una ley orgánica más (se han promulgado 8 desde 1980), hay que dar tiempo, recursos y acompañamiento a las familias que hoy no los tienen, y enseñar desde la escuela a leer el mundo digital con el mismo rigor con el que se enseña a leer un libro. Seguir discutiendo sobre currículos mientras es la desigualdad social la que decide quién sabe leer y quién no (mientras esa desigualdad empuja a nuestros jóvenes a los brazos del discurso más simple y más autoritario) es la forma más eficaz de garantizar que el próximo informe PISA sea todavía peor. Y llegados a este punto, una pregunta pertinente es: ¿qué política de vivienda, de conciliación laboral, de inversión educativa compensatoria y de alfabetización mediática estamos dispuestos a sostener durante veinte años seguidos, gobierne quien gobierne?
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