La última sesión de este convulso mandato, de carácter marcadamente electoralista, fue como una recapitulación de una legislatura determinada por el caso Mercurio y el creciente malestar social de la ciudadanía frente a los devastadores efectos sociales de la crisis.
La sesión empezó con mal pie. La indignación de los vecinos de los barrios del norte por la inseguridad ciudadana, que increparon con fuertes gritos al equipo de gobierno y expresiones xenófobas contra los “gitanos”, obligaron al alcalde Juan Carlos Sánchez a suspender durante diez minutos la sesión que hubo de reemprenderse con las puertas cerradas. Al tiempo que se percibía claramente el rumor de la concentración en la plaza Sant Roc a favor de la sanidad pública y contra los recortes en el Hospital Taulí.
El equipo de gobierno presentó una serie de dictámenes de sospechosa orientación clientelar como las subvenciones directas a la Federació d’Associació de Veïns (FAV) o la Agrupació de Defensa Forestal (ADF) o la ampliación de la concesión administrativa a la escuela Xaloc. En esa misma línea se resolvió, en este caso negativamente, la concesión administrativa del estadio de la Nova Creu Alta al Centre d’Esports Sabadell al no abonar la entidad deportiva la preceptiva fianza.
Del mismo modo el ejecutivo socialista quiso cerrar dos importantes contratos relacionados con el suministro eléctrico. El primero, relativo al mantenimiento de las instalaciones eléctricas y térmicas, al cual sólo se ha presentado una empresa (Aluvisa) de las diez interesadas. Finalmente fue dejado sobre la mesa tras la documentada y vibrante intervención de Maties Serracant (Entesa per Sabadell) que, provocó revuelo en la bancada socialista, dando la impresión de ser el único grupo municipal que había estudiado a fondo el asunto y denunciar una serie de irregularidades administrativas en la tramitación del expediente. Por el contrario, y gracias a la abstención del PP y del regidor no adscrito Antonio Vega se aprobó la cesión del contrato de servicios energéticos a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por Aluvisa y la multinacional Fomento de Construcciones y Contratas.
Mociones preelectorales
Si en esta primera parte de la sesión el equipo de gobierno jugó sus bazas electorales, en la segunda parte destinada a las mociones le tocó el turno a la oposición.
Entesa presentó tres mociones de fuerte contenido social orientadas a pulsar la sensibilidad social de PSC, CiU y PP y a mostrar frente a ICV y EUiA su compromiso con diversos colectivos sociales en lucha de la ciudad. La primera propugnó la revisión de las concesiones municipales y la remunicipalización de los servicios públicos externalizados o privatizados. El debate, de marcado contenido ideológico, provocó el alineamiento de ICV y EUiA a favor de Entesa y en contra de PP y CiU. El PSC, cogido entre dos aguas, se decantó por la derecha, con la cual la moción fue rechazada.
Por el contrario, se aprobaron por unanimidad las mociones a favor de la mejora de la financiación pública y en apoyo a los trabajadores del Taulí y la destinada a impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para afrontar la situación de emergencia habitacional y de pobreza energética. Pau Llonch en calidad de portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) realizó una brillante intervención, logrando que incluso Joan Manau, quien durante toda la sesión estuvo pendiente de otros quehaceres, levantase la vista y atendiese a su parlamento.
ICV, con la abstención de CiU y el voto en contra del PP, aprobó una anodina moción a favor de la unidad del municipalismo en un solo ente “inclusivo e integrador” de las dos asociaciones de municipios (ACM y FMC). Por su parte, CiU defendió una surrealista moción destinada “al reconocimiento a la ciudadanía y los trabajadores municipales” por su actitud cívica y responsable tras el estallido del caso Mercurio. La propuesta tildada unánimemente de electoralista y populista por el resto de grupos sólo obtuvo los votos favorables de la federación nacionalista.
Despedida y cierre
La proposición conjunta a favor de un reconocimiento público al tristemente desaparecido periodista Xavier Vinader y la despedida del secretario municipal Emili Tapias pusieron un efímero contrapunto de consenso a la sesión.
En efecto, los grupos de la oposición aprovecharon el punto de ruegos y preguntas para volver a la carga. Virgínia Domínguez (Entesa) denunció el partidismo y las censuras informativas de Ràdio Sabadell, calificado de medio de comunicación al servicio del PSC y preguntó al alcalde qué esperaba, tras las nuevas imputaciones del caso Mercurio, para apartar de sus funciones al cargo de confianza Xavier Izquierdo y abrir sendos expedientes disciplinarios al intendente y subintendente de la Policía Municipal. Esteban Gesa (PP) preguntó por la situación de las 20 familias del barrio de Can Llong que no habían podido matricular a sus hijos en centros públicos y Carles Rossinyol (CiU) se interesó por el pacto entre el ayuntamiento y los vendedores ambulantes de rosas en la jornada de Sant Jordi. Todo ello mientras unos ciudadanos desplegaban una enorme pancarta anunciando el fin del gobierno socialista en la ciudad.
