ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la FAVSabadell
Conviene recordar que el amianto es un mineral fibroso que fue ampliamente utilizado por la industria durante la segunda mitad del siglo XX, gracias a sus excelentes propiedades como aislante térmico y acústico, alcanzando más de 5.000 aplicaciones industriales. Una de sus principales utilizaciones fue en la fabricación de fibrocemento, conocido popularmente como uralita. Y sabemos que el amianto es un material altamente cancerígeno, clasificado en el nivel máximo de peligrosidad.
No obstante, existe un gran desconocimiento entre la población sobre sus riesgos asociados a pesar de los alarmantes datos aportados por organismos internacionales y expertos en salud pública dado que, las fibras que se desprenden de los materiales con amianto-cemento (MCA) por su deterioro con el paso del tiempo y factores atmosféricos se incrustan en los pulmones, causando graves enfermedades respiratorias y diversos tipos de cáncer, convirtiéndose de hecho en un “asesino lento y silencioso” por su latencia de 20 años, desde la exposición inicial hasta la aparición de la enfermedad.
Tanto es así que la Unión Europea estima que, hasta 2030, se producirán medio millón de muertes por cáncer debido a la exposición al amianto. De hecho, algunos datos contrastados son especialmente significativos: en el Reino Unido se registran más de 5.000 muertes anuales relacionadas con el amianto (¡una cada cuatro horas!). En España carecemos de estadísticas rigurosas, pero en el Vallés Occidental se han documentado más de 300 casos de cáncer de pleura desde 1976. Y las cifras siguen aumentando.
Abundando en esta línea, según el Programa de Salud del World Trade Center, mientras que 2.974 personas murieron en el atentado del 11 de septiembre de 2001, desde entonces han fallecido 4.343 sobrevivientes y socorristas debido a enfermedades relacionadas con la inhalación de partículas de amianto. Si extrapolamos la proporción a Gaza, donde el amianto se libera masivamente con la destrucción de ciudades bombardeadas, la cifra actual de 45.000 muertes del genocidio sionista aumentará exponencialmente en los próximos años convirtiéndose el amianto en un sicario silencioso al servicio de los señores de la guerra.
Todo ello derivó en la prohibición de la producción y comercialización de amianto en 2002 y que el Comité Económico y Social Europeo estableciese el año 2032 como fecha límite para su retirada completa, reduciendo el plazo al 2028 para los espacios de titularidad pública a lo que se sumó la ley estatal de 2022 obligando a los municipios a elaborar un censo de edificios y espacios con amianto, así como un calendario para su retirada, fijado para 2023 tras una prórroga. Sin embargo, en lo que respecta a Cataluña (se desconocen datos del resto de España), solo un 25% de los municipios han hecho los deberes.
En Catalunya, la presión popular para poner en la hoja de ruta de las administraciones este gravísimo y silenciado problema de salud, ha obtenido ciertos resultados, como la elaboración del Pla Nacional per la Erradicació de l’Amiant de 2023 y, a finales del 2024, la entrada en el Parlament de la Llei de l’amiant, convirtiéndose en la comunidad autónoma pionera en avanzar en el desamiantado del territorio. Entre las acciones destaca un estudio medioambiental, hace más de 5 años, en Badía del Vallés financiado por la asociación vecinal y el ayuntamiento, que permitió obtener una subvención de cuatro millones de euros de la Generalitat para el desamiantado del municipio, aunque, lamentable e incomprensiblemente, el ayuntamiento, por negligencia o ignorancia, a día de hoy no ha movido ficha.
Con semejante escenario, es de justicia reivindicar sin dilación el censo del amianto en los municipios (en el nuestro y en todos) para disponer de los datos globales de Catalunya, dado que el mapeo realizado por la Generalitat a través de fotografías aéreas de tejados, solo detecta 700.000 de los 4 millones de toneladas de amianto existentes (40 km² de tejados de uralita, es decir, 6.000 campos de fútbol).
Más allá de postureos, actuar de manera efectiva requiere que los gobiernos locales promuevan la participación activa de los actores sociales para consensuar una hoja de ruta que, como mínimo, aborde: a) informar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante este peligroso material; b) establecer un calendario para elaborar el censo de todo el municipio que complemente el parcial realizado por la Generalitat; c) priorizar de inmediato la retirada del amianto de los centros de enseñanza y alrededores; d) exigir a Generalitat y Estado respuestas e implicación; e) investigar y gestionar las subvenciones para cubrir las distintas fases del proceso hasta el desamiantado. Esperamos que los gobiernos municipales actúen con la diligencia y premura que el asunto requiere. Mientras tanto, desde el movimiento vecinal, seguiremos exigiendo que cumplan con su deber de proteger la salud de la ciudadanía.
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