ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS)
Conviene informar sobre las vicisitudes por las que está pasando la residencia pública Sabadell Sud para entender el ¿por qué? partidos que gobernaron el municipio, ahora desde la oposición omiten las evidencias para justificar su decisión de municipalizarla a espaldas del vecindario y contra la voluntad popular manifestada por unanimidad en ple de l’Ajuntament (moción instando a la Generalitat a cumplir su compromiso construyéndola) como si respondiesen a la estrategia de convertir Sabadell en una franquicia de la Generalitat, y en este caso, bajo el (falso) argumento categórico de ‘o es así, o no habrá residencia’ lo que dice mucho sobre su particular forma de defender los intereses de la ciudad y de utilizar el dinero de los sabadellenses.
Algunos datos para situar el tema. La reivindicación vecinal desde hace más de 18 años por la residencia de Sabadell Sud, fue determinante para que en 2006, firmasen un convenio l’Ajuntament y Generalitat según el cual l’Ajuntament cedía los terrenos (4.737.85m2) y la Generalitat, como equipamiento de su propiedad, se encargaba de financiarlo. Tras demoras injustificables, en 2012, la Generalitat dispuso 30.783.477 euros para su construcción y mantenimiento. Un dinero que ‘desapareció’ sin que, a día de hoy el Govern se haya dignado a explicar su paradero, abriendo las puertas a todo tipo de conjeturas (‘piensa mal y acertarás’ -dicho atribuido a Maquiavelo- y más en un país donde se estima que la clase política corrupta ha robado más de 50.000 millones de euros).
En el 2016 la ex consellera señora Bassa en una reunión con la Plataforma vecinal y teniendo como notarios a los medios de comunicación, se comprometió a construirla. Pero nada fue como se esperaba y las relaciones entre l’Ajuntament y la Plataforma impulsora de la reivindicación por la arrogancia del exregidor señor Gabriel Fernández (hoy en la oposición, liberado, diputado y portavoz de ERC en Sabadell) que se ganó a pulso ser declarado persona non grata. El acuerdo entre bambalinas entre los representantes políticos de ERC de la Generalitat y l’Ajuntament para municipalizarla, destapó la trama y el por qué se apartó a la Plataforma de las reuniones: se estaba pactando liberar a la Generalitat del compromiso adquirido, asumiendo la ciudad la construcción. Esperemos que la ‘ocurrencia’ no haga fortuna y se utilice para otros equipamientos (escuelas, hospitales, etc.).
Pero es que además, la torpeza negociadora queda patente porque de seguir ese camino, el coste de la construcción, la contratación del personal necesario, los gastos de suministros y servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad, seguros, etc. correrían a cargo de las arcas municipales y la Generalitat, se limitaría a concertar 98 plazas durante 25 años.
Sellando el impresentable acuerdo, con la firma de un protocolo con “voluntad de colaborar” entre ambas administraciones, cuya eficacia obligatoria y exigibilidad jurídica derivaría de la concreción de un futuro convenio que fijaría los términos de acuerdo que estarán condicionados a la disponibilidad presupuestaria de la Generalitat lo que en sentido contrario significa que, en caso de no existir disponibilidad (¿quién lo decide?), siempre quedaría Sabadell para asumir el coste.
En ese estado de cosas, revertir situaciones heredadas de una irresponsable gestión o servilismo partidista como es el caso de la residencia o el cierre de la oncología infantil del Taulí, será difícil y más cuando “el enemigo está casa”.
No es aventurado deducir que quienes habiendo hecho un mal servicio a la ciudad y enrabietados por haber perdido las elecciones, muevan hilos para hacer que ese tipo de decisiones sean inamovibles aprovechando su afinidad con las consellerias implicadas en estos casos (Salut y de Treball, Afers Socials i Families). Políticos de cortas miras y menos luces que siguiendo el ideario del “cuanto peor mejor”, creen que así obtendrán réditos electorales.
En cualquier caso, y pese a las enormes dificultades que suponen tirar para atrás hechos consumados, el movimiento vecinal, seguirá defendiendo prioritariamente que la residencia sea construida y mantenida por la Generalitat y denunciando a quienes antepongan intereses partidistas por encima del interés general de la ciudad y su gente mayor más necesitada.
