ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, sociólogo
La devastadora catástrofe provocada por la DANA, que ha golpeado con especial virulencia a la Comunidad Valenciana, vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de abordar a fondo las cuestiones relacionadas con los desastres naturales: su previsibilidad y/o evitabilidad en el contexto del cambio climático, así como la existencia de protocolos y la eficacia en la gestión para mitigar sus consecuencias. A la luz de lo sucedido -y considerando que no es la primera vez que se evidencian la falta de recursos y la insuficiente protección brindada a la sociedad civil-, resulta imprescindible una revisión exhaustiva para identificar los errores, negligencias e incompetencias en la planificación y ejecución. Un análisis que, para ser creíble, no puede omitir la exigencia de responsabilidades políticas y, en su caso, penales.
Las impactantes imágenes y los relatos desgarradores de quienes están viviendo esta tragedia muestran un panorama desolador: muerte, desapariciones, sufrimiento, desesperación e impotencia ante la pérdida irreparable de viviendas, pertenencias, recuerdos y negocios. Un escenario dantesco que ha despertado una profunda empatía y una formidable ola de solidaridad en toda España, demostrando que el pueblo no abandona a los suyos cuando más lo necesitan y que el valor de la solidaridad sigue vigente.
No es momento de confrontaciones, pero no hay que callar ante los bulos y desinformaciones maliciosas. Si la solidaridad es la cara del talante humano, la cruz es la de aquellos políticos que, en lugar de colaborar en momentos de crisis, buscan obtener réditos políticos de una tragedia humana en la cual han sido parte del problema: a) por haber eliminado la Unidad Valenciana de Emergencia, al considerarla un “chiringuito” inútil, destinando esos recursos ¡a la tauromaquia! y por oponerse a la UME por Zapatero, calificándola de “obra faraónica” y b) porque, a pesar de tener la competencia y responsabilidad en la gestión de la crisis, PP–VOX han fallado estrepitosamente, informando tarde y mal a la ciudadanía y mostrando una ineptitud alarmante. De ahí que pueda hablarse de un estilo despreciable del binomio Feijóo-Abascal, con unas declaraciones que va más allá de la mentira y la irresponsabilidad moral.
En síntesis, es importante señalar que el presidente Mazón decidió activar el nivel 2 de emergencia a pesar de la gravedad de la situación. En este nivel, es la Comunidad Valenciana quien dirige la emergencia y solicita al Estado los recursos necesarios que les son proporcionados, siempre bajo la dirección de la comunidad autónoma. ¿Podría haber activado el nivel 3? Sí, pero esto habría implicado ceder el mando de la gestión centralizada al Estado. Insistir en que la activación de este nivel es competencia de la comunidad autónoma (así está establecido en un estado descentralizado como el español). ¿Podría el Gobierno central decretar unilateralmente el estado de emergencia? Sí, aunque, en este caso y por sentido común, esto no sería la mejor opción, ya que implicaría sustituir a los técnicos locales, que conocen el territorio en detalle, por personal del Estado, lo que probablemente generaría más caos que soluciones, dado que, en esta situación, el conocimiento territorial es clave para una respuesta eficiente.
Lo hipócrita es que PP-VOX, en su permanente estrategia de culpabilizar de todos los males habidos y por haber al gobierno “social-comunista” de Sánchez, exijan que el Gobierno central declare el estado de alarma que la comunidad autónoma no ha solicitado, cuando, recordemos, fue lo que se hizo con la pandemia de la COVID con miles de muertos diarios y que esos partidos recurrieron la decisión ante el TC.
Más allá de disquisiciones político-legales sobre las competencias exclusivas/compartidas entre comunidades autónomas y Gobierno central, esta situación revela la desprotección de la ciudadanía cuando la acción/omisión de un gobierno autonómico, perjudica gravemente el interés general por incapacidad/negligencia y la necesidad de suplir esa inoperancia lo que nos lleva a la necesidad de introducir cambios legales que permitan actuar ante situaciones de flagrante incompetencia de los gobiernos autonómicos.
Ejemplos como las 7.291 muertes en residencias de Madrid, atribuibles a decisiones del gobierno de Ayuso, o la situación en la Comunidad Valenciana bajo la responsabilidad del presidente Mazón, evidencian cómo las respuestas a crisis de esta magnitud están condicionadas por ideologías políticas, en lugar de enfocarse en soluciones efectivas. De no corregirse la dinámica, es inevitable que estos trágicos e inaceptables errores se repitan inevitablemente como será que la lógica rabia, impotencia, indignación y dolor extremo sea capitalizado por la extrema derecha.
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Foto de portada: veïns de Picanya, després de les inundacions. Autor: ACN.
