L’ESTAT DE LA CIUTAT
La renuncia a la alcaldía de Bustos abrió el acto final de la crisis mercurial. La negativa de los cargos públicos imputados a abandonar el Consistorio y su intención de continuar ejerciendo el poder como concejal sin cartera plantea un pleno de investidura de incierto resultado donde está en juego no sólo la alcaldía de Sabadell sino el futuro de la ciudad.
Manuel Bustos resistió una semana justa desde su regreso a la alcaldía el 7 de febrero, en plan “aquí no ha pasado nada”. Uno de los mayores errores políticos de su carrera.
De hecho, sólo aguantó 24 horas del levantamiento del secreto del sumario de la primera pieza de las nueve donde está imputado. Se trata de la causa que le afecta a él, a su hermano Paco, a Maria Elena Pérez la alcaldesa de Montcada i Reixac (‘La pija’) y al diputado Daniel Fernández y apartado secretario de organización del PSC. La difusión de las transcripciones de sus presiones a la alcaldesa y al diputado para manipular el proceso de selección de contratación y colocar Camina Llumà, ex alto cargo socialista del tripartito y esposa de Marcel Galofré jefe del servicio de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Sabadell, fueron devastadoras.
La víspera de su renuncia Bustos sostuvo una larga y tensa reunión con Pere Navarro donde decidieron que, por el “bien del partido”, abandonase la alcaldía y la presidencia de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), pero conservando el acta de regidor en la corporación municipal y su cargo de diputado adjunto a la vicepresidencia de la Diputació de Barcelona.
Así, continuará cobrando los 85.358 euros anuales que percibe de dicha institución desde noviembre del 2012 cuando renunció a su sueldo como alcalde. También, le permite continuar en el poder, como ha ocurrido durante el periodo de la alcaldía accidental de Juan Carlos Sánchez, a través de una persona interpuesta, bajo la aparente condición de concejal sin cartera.
Al día siguiente 14 de febrero, a las 11h, coincidiendo con la festividad de San Valentín -el día de los enamorados- hizo pública su renuncia en multitudinaria rueda de prensa, aunque no aclaró si haría lo propio en la FMC.
Esa misma tarde y para despejar cualquier equívoco, Antonio Balmón, alcalde de Cornellà y secretario de Acción Política del PSC, aseguró que Bustos no repetiría como candidato a la alcaldía en las municipales del 2015, sino la persona que le sustituya en el cargo. Es decir, que para la dirección del PSC se trata de un político completamente amortizado. Unas palabras que motivaron la destemplada réplica de Ramon Burgués quien, más papista que el Papa, aseguró nada impide estatutariamente a Bustos, mientras sea militante del partido, volver a presentarse a la alcaldía.
Una prueba adicional del férreo control del ex alcalde sobre la sección local del partido, donde no existen ni sectores ni voces críticas y reveladora de sus intenciones de ejercer el poder desde la sombra y pagado por la Diputació donde, por cierto, hace semanas que no aparece.
Las contradicciones de CiU
La renuncia desactivaba la moción de censura que su retorno a la alcaldía había acelerado extraordinariamente. Todos los grupos municipales, excepto CiU, habían mostrado el apoyo a esta opción. Justamente, la misma tarde de la renuncia, la sección local de la federación nacionalista tenía previsto hacerlo en rueda de prensa.
Éste ha sido otro de los factores que precipitó la intervención de la dirección del PSC, pues el comportamiento de Bustos ponía en peligro el control socialista sobre una plaza que, de perderse, sería muy difícil recuperar.
En la comparecencia ante los medios del grupo municipal de CiU se evidenciaron las contradicciones internas de la formación sobre esta delicada cuestión. Un sector liderado, por el concejal y diputado de UDC Antoni Font se muestra refractario a esta fórmula, preferiría que los socialistas –desacreditados por Mercurio– asumiesen en solitario el marrón de gestionar una ciudad con las finanzas municipales quebradas y sumida en una profunda crisis económica. Otra línea encabezada por el portavoz del grupo y presidente del área económica de la Diputació, Carles Rossinyol, se inclina a sumarse a un gobierno de concentración para sacar a la ciudad de la crisis política.
En cualquier caso, al día siguiente, viernes, el grupo municipal convergente estampó su firma en el comunicado conjunto de la oposición que considera insuficiente la renuncia a medias de los cuatro cargos públicos imputados y no “descartan ninguna opción para garantizar la regeneración democrática” a corto o medio plazo si el PSC se emperra en mantener a los imputados del Consistorio.
Pleno de investidura
La renuncia de Bustos a la alcaldía desactiva la moción de censura y abre el último escenario político-institucional de la crisis política. Cuando Bustos presente efectivamente su dimisión, previsiblemente el lunes, se abrirá un plazo de diez días para convocar un pleno extraordinario donde presentará la renuncia. Luego se abrirá el mismo plazo para celebrar otro pleno extraordinario a fin de elegir al nuevo alcalde o alcaldesa.
La correlación de fuerzas (13 PSC, 5 CiU, 3 PP, 2 Entesa, 2 ICV y 2 EUiA) permite diversas combinaciones. Aunque, debido a la polarización provocada por el caso Mercurio, éstas se reducen a dos: un equipo de gobierno en solitario presidido por un socialista o un alcalde o alcaldesa apoyada por los cinco grupos de la oposición.
En esta avanzada fase de la crisis, las alternativas se han reducido extraordinariamente. La decisión política se concentra sobre un punto: la dimisión efectiva de los cargos públicos y de confianza imputados, así como el apartamiento del servicio de los funcionarios imputados en la trama, entre ellos jefe de la Policía Municipal.
Así, pues, la única opción para que los socialistas conserven la alcaldía en el pleno de investidura pasa por ceder a esta exigencia de la oposición, la única manera de lograr la benevolente complicidad de algún grupo municipal. En caso contrario, se arriesgan a que los cinco grupos opositores se pongan de acuerdo en la persona de un candidato/a alternativo y les arrebate el gobierno de la ciudad.
Dos tareas improrrogables
No nos cansaremos de insistir que la crisis de Mercurio plantea dos tareas políticas impostergables que no pueden esperar a las elecciones de aquí a dos años: la regeneración democrática de las prácticas caciquiles del bustismo y la depuración de las presuntas irregularidades en la gestión de la administración local.
La cerrada negativa del PSC de Sabadell asumir sus responsabilidades políticas les ha deslegitimado para emprender ambas labores. Al principio de la crisis mercurial me posicioné a favor de que el PSC cesase inmediatamente a los imputados y buscase el apoyo de alguna formación de la fragmentada izquierda del consistorio. Una solución que respetaba el resultado de las elecciones municipales y permitía encarar las citadas tareas de regeneración democrática. No ha sido así.
A estas alturas de la crisis y desde una estricta lógica democrática, la mejor opción para Sabadell pasa por un gobierno de concentración sustentado por los cinco grupos de la oposición, el único capacitado para emprender esas tareas políticas improrrogables. Soy consciente de las dificultades que comporta la elevada heterogeneidad ideológica de este gobierno; también, del desagradable trabajo de tener que limpiar la porquería de otros y heredar el gobierno de la ciudad con las finanzas quebradas tras años de mala gestión.
Un ejecutivo de concentración donde CiU, como segunda fuerza política de la ciudad, tendría todo el derecho a reclamar la alcaldía, aunque no necesariamente en la persona de su portavoz, pero donde tampoco deberían descartarse otros candidatos de consenso.
La excepcionalidad de la situación exige un enorme ejercicio de responsabilidad de las formaciones representadas en el consistorio para que, más allá de personalismos y partidismos, encuentren la fórmula que permita recomponer el gobierno de una ciudad sumida en una triple crisis política, económica y social.
