L’ESTAT DE LA CIUTAT
No se habían apagado los ecos de la polémica sobre el vídeo Compra en Sabadell, por el cual EUiA y Entesa han solicitado la dimisión del regidor de comercio Carles Bosch, cuando ha estallado el escándalo provocado por la mala gestión respecto a la Pista Cubierta de Atletismo y al vivero de empresas de Can Roqueta, a raíz del cual ICV exige la renuncia de Montserrat Capdevila y Josep Ayuso.
En efecto, según denunciaron los ediles de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Carme García y Carles Marlés, la Agencia Tributaria ha desestimado las reclamaciones del Ayuntamiento de Sabadell por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales en la liquidación del IVA desde el ejercicio del 2007 al del 2010. Ello ha comportado la pérdida de la subvención de 1,5 millones de euros destinada al oneroso equipamiento, dos sanciones de 655.000 y 24.000 euros, así como la reclamación de intereses de demora por valor de 145.000 euros, en total 2,3 millones.
Por otro lado, también ha trascendido que el Ayuntamiento ha perdido 600.000 euros de subvención para construir el vivero de empresas en Can Roqueta de los fondos FEDER de la Unión Europea, a causa de los incumplimientos en los plazos exigidos en la construcción de la obra y después que se desestimará la petición de prórroga del gobierno municipal. A estos dos casos se une la pérdida de unos 900.000 euros del FEIL de Cal Molins, denunciada hace unos meses.
Ello ha motivado que la formación ecosocialista reclame la dimisión de los regidores de Promoción Económica y Deportes, Montserrat Capdevila y Josep Ayuso, así como de Antonio Aranda, primer teniente de alcalde de ICV en el último mandato de Antoni Farrés y actual gerente de Promoció Económica de Sabadell (PES).
Entesa per Sabadell se sumó a las denuncias por la mala gestión económica del equipo de gobierno socialista, aunque matizó que no reclamarán dimisiones hasta no estudiar a fondo el asunto. En sentido semejante se pronunció el Partit Popular (PP) que además apuntó a la ineficacia de los servicios jurídicos municipales que están perdiendo todos los recursos y contenciosos ante otras administraciones públicas.
Tanto el regidor de Recursos Humanos, Ramon Burgués, como el alcalde Joan Carles Sánchez, intentaron rebatir, con escasa convicción, estas acusaciones, descargando su responsabilidad sobre el afán recaudatoria del Ministerio de Hacienda y atacando a ICV a quien imputaron de “caer en un juego populista demagógico y populista” al pedir dimisiones cuando estos temas aun no están cerrados.
Excusas de mal pagador. Resulta evidente que si hubieran hecho bien las cosas no nos hallaríamos ante esta escandalosa situación. Da la impresión que el término “dimitir” no figura en el diccionario del equipo de gobierno socialista, ni las imputaciones por corrupción, ni la mentira, ni la mala gestión parecen ser motivos suficientes para que nuestros ediles renuncien a sus confortables poltronas y sus magníficos emolumentos. Como evidenció su voto negativo, en el pasado pleno municipal, a la moción de Entesa donde se reclamaba que las dietas económicas de los representantes del Ayuntamiento en empresas y organismos revertiesen al presupuesto municipal.
Finanzas quebradas
La pérdida de estas millonarias cantidades, en un momento de profunda recesión económica y con las cuentas municipales intervenidas por el ministerio de Hacienda y sometidas a un severo Plan de Ajuste, expresan el desbarajuste que ha imperado en la gestión económica durante años de las finanzas de la administración local.
Tanto es así que ni siquiera la venta del 4 por ciento de las acciones del Ayuntamiento en la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA) evaluadas en torno a 1,5 millones de euros serán suficientes para enjugar las pérdidas. Tanto es así que Montserrat Capdevila, según informaron los ediles de ICV, solicitó al consejo de administración de Promoción Económica la tramitación de dos créditos: primero de uno de 1,5 millones al Ayuntamiento y después de 2,5 millones a las entidades financieras que fue rechazado juiciosamente por un organismo donde el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) perdió la mayoría absoluta a raíz del caso Mercurio.
Concejales quemados
Precisamente desde el estallido de este escándalo de presunta corrupción urbanística, el equipo de gobierno ha entrado en una fase de acelerada descomposición que tiene todos los visos de continuar sin solución de continuidad hasta el final del mandato. Y eso cuando aun no se han cerrado las investigaciones mercuriales, ni la jueza ha dictado los autos de procesamiento.
Una expresión gráfica de ello nos la proporciona un somero repaso a los ediles de la bancada socialista. Manuel y Paco Bustos, junto a Joan Manau, imputados por el caso Mercurio, Carles Bosch quemado por el asunto del vídeo Compra en Sabadell. Ahora les ha tocado el turno a Montserrat Capdevila y Josep Ayuso tocados por sus responsabilidades en la mala gestión económica.
A esto se une la cada vez más cuestionada figura del alcalde Sánchez que está mostrando su incapacidad para desempeñar el cargo, instalado en un nefasto continuismo y sin emprender la urgente tarea de regeneración democrática que exige la situación. Esto se hizo evidente en sus patéticas respuestas en el pasado pleno municipal a las preguntas de Entesa y Convergència i Unió (CiU) respecto al polémico vídeo o en su negativa a renovar a fondo la dirección de Ràdio Sabadell.
Sombrío panorama
La fragmentación y heterogeneidad de las fuerzas que componen la oposición han impedido la viabilidad de una moción de censura que hubiese servido para reconducir la situación hasta el final del mandato.
Este sombrío panorama político suscita serios interrogantes sobre el elevado coste que tendrá para la ciudad que, hasta las municipales del 2015, continúe en el poder un equipo de gobierno en avanzado estado de descomposición al que se le acumulan los problemas y que está demostrando hasta la saciedad no estar a la altura de las graves circunstancias.
