L’ESTAT DE LA CIUTAT
Han pasado 20 días desde la puesta en marcha de la Operación Mercurio que ha desencadenado una crisis política de gran envergadura e incierta resolución. Aquí se exploran los diferentes e hipotéticos escenarios para superarla.
En la actual fase de la crisis el debate político gira entorno al cese de los cargos electos y de confianza, y al apartamiento del servicio de los funcionarios imputados en la presunta trama de corrupción urbanística destapada por la Operación Mercurio.
El viernes 14 de diciembre, los cinco grupos de la oposición (PP, CiU, ICV, EUiA y Entesa), que suman mayoría absoluta en el Consistorio, difundieron un comunicado de prensa donde exigen el cumplimiento de la moción -aprobada por mayoría en el pleno del 4 de diciembre- que insta al gobierno municipal a “cesar a los cargos electos y los cargos de confianza imputados en el caso Mercurio de sus responsabilidades de gestión”.
Consideran que éstos por “responsabilidad y consideración hacia la institución que representan habrían de ser los primeros en presentar su renuncia”. Para dichas formaciones, se trata de una “medida de mínimos para recuperar la confianza en la institución municipal, ahora cuestionada”.
Contradicciones de Juan Carlos Sánchez
La reacción del equipo de gobierno no se hizo esperar. Al mediodía, Ramon Burgués, portavoz del PSC, y el alcalde accidental, Juan Carlos Sánchez, comparecieron en rueda de prensa para responder a estas exigencias.
Sánchez, habitualmente un brillante dialéctico, entonó un discurso con pobres argumentos y plagado de contradicciones que revela su delicada posición hasta que Manuel Bustos no dimita efectivamente. El alcalde accidental adujo que carece de facultades para destituir a los imputados, aunque aseguró que tampoco quiere hacerlo:
Creemos en la presunción de inocencia y pensamos que la gobernabilidad de la ciudad y la operación judicial abierta son temas independientes”. Y añadió: “cada día que pasa estamos más convencidos de la inocencia de los imputados”.
Sin embargo, en flagrante contradicción con estos nobles principios, avanzó que apartará inmediatamente de la comisión de Urbanisme i Espai Públic al regidor Joan Manau y al coordinador del área Manuel Somoza y que hará lo propio en el departamento de Presidencia con Montserrat Costa, todos ellos imputados.
Sánchez no puede ignorar que las imputaciones jurídicas y las responsabilidades políticas se depuran siguiendo lógicas diferentes. En el primer caso, los imputados son inocentes hasta que no son condenados en firme por un tribunal, respetando las debidas garantías procesales, lo cual puede demorarse varios años.
En el segundo caso, la acusación por delitos de corrupción conlleva apartar a los cargos electos de sus responsabilidades institucionales, mucho antes que se dicte la sentencia condenatoria o absolutoria. Por ejemplo, Bartomeu Muñoz, ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet y procesado en el caso Pretoria o los presidentes autonómicos del País Valencià y Balears, Francisco Camps y Jaume Matas, fueron destituidos antes de ser juzgados. Esto siempre ha sido así y Sabadell no puede ser la excepción.
También incurrió en otra manifiesta contradicción al separar la gobernabilidad y la operación judicial, cuando justamente mantener en sus cargos a los imputados es el principal factor que puede conducir a la ingobernabilidad del municipio.
No obstante, de sus palabras se desprende que está procurando ganar tiempo, hasta que la dirección de su partido decida qué hacer con Bustos.
Las misivas de Bustos
En este contexto se difundió la noticia que Manuel Bustos había enviado, desde la dirección de correo de alcaldía, dos “cartas personales”. Una dirigida a las entidades ciudadanas y otra a los empleados municipales.
En la primera, proclama su inocencia y la de los cargos públicos imputados y sale al paso de las filtraciones periodísticas. En la segunda, insiste en la “presunción de inocencia”, asegura que “todos los imputados seguirán en sus puestos” y que continuará trabajando “con todas mis fuerzas” por la ciudad. Toda una declaración de principios que revela sus ilusiones de regresar a la alcaldía como si no hubiera pasado nada y participar en la cabalgata de Reyes.
Además, afirmó que lucharía por recuperar su “honorabilidad”, la sus compañeros, del Ayuntamiento y la ciudad. Una prueba palmaria de la confusión entre partido, institución y ciudad característica del régimen bustista. Quien ha ensuciado el nombre de Sabadell no ha sido la acción de la administración de justicia, sino el comportamiento de empresarios y políticos (presuntamente) corruptos que deberían dimitir inmediatamente para no continuar manchando la imagen de la ciudad.
La misiva provocó la inmediata reacción de Entesa que denunció el “uso inapropiado de medios municipales” y de “direcciones particulares y de entidades” , a pesar de estar apartado temporalmente de la alcaldía. Otra evidencia de su “estilo grosero y manipulador” y de su “habitual tendencia a apropiarse de medios y recursos públicos en beneficio particular, con la absoluta connivencia de los miembros del gobierno municipal”.
Hipótesis número 1: Bustos no dimite
Exploremos los distintos escenarios políticos abiertos por la Operación Mercurio. Supongamos -cosa improbable- que el día de los Reyes Magos, Bustos decide reincorporarse a la alcaldía. Esto abriría las puertas a la moción de censura y activaría las movilizaciones ciudadanas exigiendo su dimisión.
Siguiendo esta hipótesis, se formaría un ejecutivo de coalición de “salvación local” extremadamente heterogéneo (del PP a Entesa) que, aunque justificado por la excepcionalidad de la situación, experimentaría muchas dificultades para gobernar. Por ejemplo, pensemos qué ocurriría si este eventual ejecutivo local tuviera que pronunciarse sobre el proyecto de ley de educación del ministro Wert. En esta fórmula, el PSC pasaría a la oposición, pero no podría ejercerla efectivamente, atenazado por las continuas revelaciones de las hipotéticas irregularidades cometidas durante su mandato.
Otra variable de este supuesto radicaría en la falta de acuerdo de la oposición en el candidato común a la alcaldía, lo cual dejaría pista libre a Sánchez o que algunos de los partidos de la oposición prefiriesen, por cálculos partidistas, dejar que los socialistas continúen gobernando en solitario, quemándose a fuego lento. Así, finalizado el mandato, podrían repartirse los réditos electorales de un PSC pulverizado.
Una mala alternativa que, en el contexto de severa recesión económica, la ciudad no puede permitirse.
Hipótesis número 2: gobiernos de coalición
Por el contrario, supongamos que el 6 de enero Bustos renuncia a la alcaldía. Entonces, en el plazo de diez días, debería celebrarse un pleno extraordinario para elegir al nuevo alcalde. Legalmente, sólo podrían aspirar al cargo el número dos de la lista del alcalde dimisionario y los cabezas de lista de las otras formaciones.
Por el PSC, Juan Carlos Sánchez, tras la renuncia de la número dos de la candidatura socialista de Maria Ramoneda en septiembre pasado; Carles Rossinyol (CiU); Carme García (ICV), líder de la coalición con EUiA rota a los pocos días de las elecciones; Antonio Vega (PP), ahora postergado por el número dos Estaban Gesa y Virgínia Domínguez (Entesa).
Ante esta eventualidad se plantean diversas combinaciones, todas las cuales pasarían por la previa destitución de los cargos públicos imputados y la asunción de un programa de gobierno sobre dos ejes: la regeneración democrática de las instituciones municipales tras 13 años de clientelismo y populismo; y en segundo lugar la limpieza a fondo de la administración local de las prácticas de corrupción económica.
Primera. Un ejecutivo de concentración local con todos los grupos municipales compartiendo responsabilidades de gobierno. Una fórmula poco recomendable, pues en toda institución democrática debe funcionar una oposición que fiscalice la acción del gobierno.
Segunda. Un gobierno de coalición de las formaciones de izquierda (PSC, ICV, EUiA y Entesa) presidido por un socialista no imputado, pero cuyos principales áreas estarían ocupadas por concejales de la oposición. En este supuesto CiU y PP podrían ejercer de leal y rigurosa oposición, a la espera que las municipales del 2015 pongan las cosas en su sitio.
Tercera. Un gobierno de coalición, presidido por un socialista y formado por las formaciones centrales del espectro político PSC, ICV y CiU, con PP, EUiA y Entesa en la oposición. Una opción vista con agrado por ciertos sectores de la burguesía local, temerosos que la ciudad se precipite hacia la ingobernabilidad en un momento de profunda crisis económica.
Semana caliente
La semana que viene se anuncia rica en movimientos políticos. Los cinco grupos opositores estudiaban convocar una rueda de prensa para visualizar ante la opinión pública su determinación de depurar las responsabilidades políticas de la Operación Mercurio.
El pleno extraordinario del viernes 21 de diciembre para la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales y los presupuestos municipales nos proporcionará indicios para evaluar el desarrollo de la crisis política que estalló el 27 de noviembre.
