En este mundo que nos han montado, el poder del dinero por encima de las personas es inconmensurable. Se puede afirmar sin equivocarse, que el capitalismo ha aplastado cualquier atisbo de humanidad, imponiéndose ferozmente en todos los aspectos de nuestras vidas. Como es natural, la falta de escrúpulos es una constante y perjudica gravemente, no solo a las individualidades, sino también a la convivencia entre ellas. No somos conscientes de la tela de araña en la que nos han atrapado monstruos que comercian con nuestras vidas (y con nuestra muerte) y caemos como moscas, inconscientes, aturdidos por esa jungla en la que nos exprimen hasta la saciedad. Mientras, esos locos por el dinero, se bañan en billetes de quinientos euros a costa de nuestras penalidades.
Uno de esos agujeros negros donde empresas sin ninguna sensibilidad hacen su agosto son las funerarias. Ya no es extraño percatarse de los vínculos de estas compañías con determinados bancos y negocios de seguros y de salud. Cinco funerarias se reparten un tercio de los entierros en España y también otras cinco aseguradoras copan el mercado nacional. El vínculo entre todas ellas y la banca es tan claro como preocupante, porque no existe una competencia clara donde el usuario de esos servicios pueda comparar para poder escoger la que se avenga a su presupuesto. Es más, el pacto de las cuotas es tan evidente que se hace imposible encontrar alguna con precios más ventajosos, lo que supone, en el fondo, un engaño más al prestatario de ese seguro.
Un entierro suele costar entre 3.000 y 5.000 euros. Paradójicamente, muchas personas eligen la incineración porque creen que es más barata, pero eso no es cierto y la sorpresa viene cuando se percatan de que el precio es casi el mismo. Como digo, el beneficio de esas cinco funerarias es escandaloso y nunca nadie ha investigado a fondo el proceder de estas empresas que reciben suelo público para construir tanatorios privados en connivencia con ciertas aseguradoras, pero también con algunos ayuntamientos que logran ventajas de todo tipo. Pero si este asunto ya es suficientemente turbio, todavía lo es más el de las aseguradoras, que van aumentando los precios según la edad de los titulares. Estos, ante la imposibilidad de pagar las cuotas, dejan de hacerlo y pierden todos los derechos. Una persona de 70 años paga de media en el seguro de decesos entre 30 y 50 euros mensuales, mientras que cuando trabajaba, podía pagar tan solo 15. El escándalo no sale a la luz porque no interesa. La banca, siempre la banca, está detrás de todo este asunto, pues tiene miembros en los consejos de administración de esas aseguradoras y, consecuentemente, no puede permitirse el lujo de tener menos beneficios.
Las personas mayores son las que más sufren esta humillación, pues han estado pagando durante toda su vida y, al final, no pueden hacerse cargo de los recibos, con lo que la compañía de decesos de turno se frota las manos de una manera vergonzante. De momento, nadie desde las administraciones está haciendo nada, pero si intenta un pequeño cambio en favor de las personas, las vinculadas con la oligarquía se unen para cargarse esa solidaridad. El ejemplo más claro lo tuvimos con la empresa funeraria pública que Ada Colau quería implantar en Barcelona. No salió adelante porque votaron en contra todos los concejales del PP, Ciudadanos, PDeCat y PSC. Recordemos que en la Ciudad Condal el precio de un entierro ronda los 7.000 euros. La funeraria pública pretendía rebajarlo un 40 por ciento. Nunca se logró.
Todo no van a ser malas noticias. Una pequeña luz se ve al final del camino, gracias a la solidaridad entre los vecinos, las llamadas “vocalías de enterramientos” que nacieron en Cataluña hace unos 30 años. Cuando la palabra crowdfunding todavía no era utilizada, en el Vallès Occidental nacieron grupos de personas que se unieron para rechazar los precios abusivos de esas aseguradoras que comerciaban con los sentimientos de familias enteras. Una solidaridad fruto de la necesidad y que, desgraciadamente, el gobierno, sea municipal, regional o nacional, no apoya. Con un funcionamiento similar al de una cooperativa, los asociados o bien pagan una media de tres euros cuando fallece una persona, como sucede en Sabadell y otras ciudades del Vallès Occidental o bien pertenecen a una mutualidad vecinal donde se paga una cuota fija de unos siete euros, independientemente de la edad. Es el caso de Sinera, que trabaja con decenas de asociaciones de vecinos especialmente en la provincia de Barcelona. En total, unas 120.000 personas en toda Cataluña forman parte de estas asociaciones sin ánimo de lucro.
En España es muy difícil encontrar ejemplos parecidos; sí, pequeñas mutualidades de trabajadores que, finalmente, son absorbidas por empresas más grandes, ante la incapacidad de los asociados de llevar el grueso del trabajo que comporta. En Europa, tampoco se dan esas prácticas, lo que demuestra una vez más, el poder del capital que aplasta cualquier intento de mejora de las personas. Solo en Nantes (Francia) subsiste una cooperativa funeraria, más centrada en el aspecto ecológico de las inhumaciones que en el coste del servicio. Quizás el ejemplo más claro de apuesta por una economía al servicio de las personas lo encontramos en Venezuela donde el expresidente Hugo Chávez apoyó claramente este tipo de asociaciones, y donde hoy en día, Cecosesola, abierta también a otros ámbitos de la salud y de la alimentación, es la más importante.
Desgraciadamente, como he ido exponiendo, en España, en Cataluña, las dificultades son enormes para crear cooperativas en el sector funerario. La fuerte presión de grandes corporaciones, apoyadas por sectores de la derecha y de la extrema derecha, hacen casi imposible que personas anónimas sin ánimo de lucro se puedan unir para lograr una mejora en todos los sentidos. Por eso es tan importante la labor que desarrollan las que decidieron hace tres décadas afrontar la problemática de los abusos por parte de aseguradoras de decesos y funerarias. Su quehacer diario no es fácil en estos tiempos que corren. La crisis económica que recorre Europa y el mundo también les afecta, pero lo más grave es la codicia de unos pocos que quieren acabar con solidaridades potentes. Hace cincuenta años, muchos de los edificios que vemos en nuestras calles se construyeron bajo el régimen de cooperativa. ¿Cuántos se levantan ahora así? ¿Cuándo se aniquiló el espíritu cooperativista por parte de los que nos gobiernan? ¿Para cuándo leyes que den importancia a las personas por encima del dinero? ¿Algún partido político se atreverá a desmontar el negocio lucrativo de la muerte?
Foto portada: el cementiri de Sabadell. Font: cementeriosvivos.es
