A dos meses de las municipales la noticia del sobreseimiento de la causa por las dietas de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) desató la euforia en las sedes los partidos que tenían imputados en esta pieza separada (25 bis) del caso Mercurio. La mayoría del PSC, pero también de CiU, ERC e ICV. De hecho, una veintena de alcaldes ahora desimputados optan a la reelección.
También Manuel Bustos, que durante meses ha guardado silencio, publicó inmediatamente un escrito en su página de Facebook donde se congratula por el fallo judicial y sostiene que “ha quedado demostrado” la legalidad de las retribuciones y regalos a los miembros de la entidad municipalista y cargó contra los “medios de comunicación y algunos políticos” que le han causado un “daño irreparable”.
Sin embargo, el auto de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona no se pronuncia sobre el fondo del asunto. Simplemente constata que la FMC es una entidad “sometida al ámbito del derecho privado” y aduce como prueba que la adscripción a la misma era voluntaria. Aunque reconoce que se nutría de fondos públicos, a través de las cuotas de los ayuntamientos, arguye que éstos dejaban de serlo en el momento que ingresaban en las arcas de la entidad municipalista. La misma argumentación que probablemente se esgrimirá para archivar la pieza sobre el regalo de 70 relojes Calvin Klein por un valor de 14.060 euros a 66 alcaldes.
El hecho es que, según los Mossos d’Esquadra, la jueza instructora, Beatriz Faura y el fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, entre 2011 y 2012 se pagaron casi 300.000 euros a 44 alcaldes y alcaldesas que integraban el comité ejecutivo de la FMC, una imputación que posteriormente se extendió a 10 alcaldes más. Unos emolumentos que figuraban como dietas pero que en realidad eran sobresueldos encubiertos e injustificados. Pero es que, además, como revelan las transcripciones del sumario de Mercurio, Bustos utilizó la tarjeta de crédito de la FMC para sus gastos personales: desde hoteles de lujo a comidas en restaurantes de alto standing y regalos que no pueden justificarse como gastos de representación y de los cuales los Mossos disponen de documentación probatoria.
Quizás sobre los tres magistrados que han emitido el auto pesó el temor de provocar un auténtico terremoto político al procesar a 54 alcaldes de los partidos citados en puertas de las municipales. En cualquier caso, se trata de un fallo desafortunado pues avala unas prácticas inmorales con el endeble argumento que la FMC es una entidad privada, cuando sus fondos proceden del erario público y sus beneficiaros son cargos electos supuestamente al servicio de la ciudadanía. Un auto que alimenta las sospechas de la existencia de dos varas de medir según se trate de ciudadanos de a pie o de miembros de las élites políticas y económicas.
Afortunadamente el caso no está cerrado. Aunque la sentencia es firme y no puede ser recurrida por las vías ordinarias, el fiscal Bermejo está estudiando presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esperemos que esta instancia judicial estime positivamente los argumentos del fiscal. De esta manera se restablecería el necesario equilibrio entre ética y justicia que este auto de la Audiencia Provincial ha vulnerado.
