ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, Presidente de la FAV Sabadell.
El Estado de Bienestar que llegó de la mano del contrato social tras la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por ser un sistema donde se combinaron el libre mercado con aspectos de intervención estatal. Para las clases trabajadoras y población en general, que padecía unas condiciones de vida económica y social miserables y de explotación extrema, supuso el acceso a beneficios sociales y para las clases pudientes un alivio al actuar como antídoto frente al “fantasma del comunismo” que como modelo económico y social alternativo suponía para ellos un potencial peligro. Desde finales del Siglo XX, con el “fin de la historia”, el neoliberalismo (ese uno por ciento de sujetos que poseen tanta riqueza como el resto del mundo), sin más legitimación que su inconmensurable domino sobre el planeta, sin apenas oposición, viene marcando la hoja de ruta mundial, decidiendo lo que debe y lo que no debe hacerse y sobre el presente y el futuro de nuestras vidas.
El modelo se desarrolló de forma desigual dependiendo, entre otras cosas, de las medidas adoptadas en cada país (porcentaje del PIB destinado a temas sociales; implantación de sistemas fiscales progresivos; políticas de pleno empleo y salarial, etc.), de ahí las diferencias, por ejemplo, entre los modelos del norte y centro con los del sur de Europa. España, debido a la dictadura fascista que sufrimos durante 40 años, se incorporó tarde y mal: siempre ha estado en el vagón de cola en inversiones sociales; fue de los últimos países de Europa en subirse a ese tren y está siendo de los primeros en bajarse alegando falta de recursos (omitiendo que en gran parte es debido a los miles de millones de fraude fiscal, corruptelas, sistema fiscal regresivo y rescate bancario, entre otras golfadas).
La crisis originada por el sistema económico ha servido, entre otras cosas, para acelerar el proceso de expoliación del Estado de Bienestar que en España, la tropelía se consagró con la reforma (sin referéndum) del artículo 135 de la Constitución llevada a cabo por el binomio PP–PSOE, priorizando el pago de la deuda pública por encima de necesidades sociales, ocultando que el 80 por ciento de esa deuda es privada (contraída por la oligarquía financiera y especulativa de bancos, capital y grandes empresas) y que los recortes en sanidad, educación y temas sociales en general, sirven para recaudar dinero con el que pagar una deuda imputada ilegítimamente al pueblo.
No obstante y para no llamarse a engaños, viene a colación recordar que para el neoliberalismo, el bienestar social es un efecto colateral asumido como mal menor como muro de contención de posibles revueltas sociales que pudieran cuestionar sus privilegios y estatus, pero que su razón de ser, (el motor de un sistema que nos lleva irremediable y cíclicamente a la miseria), es el beneficio sin fin por encima de cualquier otra consideración. Y esa lógica le dirige a codiciar los miles de millones que mueve el Estado de Bienestar, contando con la bien pagada complicidad de los partidos tradicionales (puertas giratorias, condonación de intereses/deuda de los partidos, etc.), que como colaboradores necesarios se encargan de darle el marco legal al expolio. Un saqueo que lo maquillan repitiendo que lo privado es mejor que lo público y para dar credibilidad a su cuadratura del círculo, el recorte de presupuestos para degradar el servicio público, sirve para convencer a la ciudadanía de que lo público no funciona y lo privado es mejor.
El ataque a las pensiones, aunque en esencia persigue lo mismo (el beneficio privado a expensas de lo público), lo venden con un relato distinto: con el incremento de la esperanza de vida cada vez hay más pensionistas (por lo visto no morimos cuando a ellos les gustaría) y como las pensiones se pagan vía Seguridad Social con el dinero aportado por las cotizaciones y hoy, debido al paro ha bajado el número de cotizantes y los que hay, con sueldos miserables cotizan poco, lo recaudado no es suficiente y por eso, concluyen, el sistema de pensiones públicas es insostenible. Y prueba de ello es que para poder pagarlas han tenido que meter mano en la “hucha” de las pensiones que llegó a tener más de 66.00 millones de euros y desde el 2012 le han birlado la friolera de más de 41.000 millones (y si no lo evitamos en uno o dos años, acabarán por vaciarla). Y en síntesis, esa es su versión. Todo parece evidente si no fuese porque está plagado de mentiras y medias verdades.
