El acuerdo alcanzado entre CCOO, UGT y el Govern ha dejado al descubierto una fractura profunda en el seno de la enseñanza pública catalana. Lejos de cerrar un conflicto endémico, el pacto ha enfrentado dos visiones sobre qué significa mejorar la educación: los sindicatos firmantes -minoritarios en términos de representación- lo defienden apelando al realismo y a las restricciones presupuestarias; la mayoría sindical –USTEC, Professors de Secundària, CGT, Intersindical y las asambleas de base- lo rechaza por perpetuar la precariedad estructural del profesorado y bloquear una transformación real del sistema.
Lo cierto es que el acuerdo elude cuestiones centrales e irrenunciables: una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde 2010, jornadas lectivas excesivas, una burocracia asfixiante y plantillas muy por debajo de los estándares europeos. Son precisamente estas deficiencias las que han movilizado a la mayoría del profesorado, que exige medidas concretas: duplicar el complemento autonómico congelado desde hace 25 años; reducir de forma inmediata las ratios a entre 20 y 25 alumnos por aula; establecer una jornada de 35 horas para el profesorado mayor de 55 años; derogar el calendario escolar impuesto unilateralmente; garantizar una negociación curricular democrática y participativa; revertir los recortes aplicados desde 2010; estabilizar al profesorado interino -que representa el 40% de la plantilla-; dotar de recursos reales a la escuela inclusiva, entre otras.
Para quienes reconocemos que el sistema educativo actúa como termómetro de la salud democrática de una sociedad -y que el profesorado es quien asume la responsabilidad de transmitir el conocimiento a las generaciones futuras-, la pregunta no es si el acuerdo es mejor que nada. La pregunta relevante es si lo pactado responde a las necesidades reales de la educación pública catalana. Para responderla con rigor, es imprescindible escuchar a las AFAs, a las organizaciones estudiantiles y, sobre todo, al profesorado. Si nos atenemos a la magnitud de las movilizaciones, la conclusión es inequívoca: el acuerdo está lejos de satisfacer las reivindicaciones históricas del sector y, por tanto, de impulsar la transformación que la enseñanza pública necesita para garantizar calidad y recursos suficientes.
Reducir este debate a una mera negociación salarial es una simplificación que empobrece el análisis. Lo que está verdaderamente en juego es el modelo educativo que queremos: ¿aulas masificadas o atención personalizada? ¿Docentes agotados o condiciones que permitan ejercer la docencia con dignidad? ¿Inclusión efectiva o retórica institucional vacía? Esta línea de preguntas trasciende las discrepancias entre sindicatos firmantes y no firmantes. En el fondo, revelan una fractura en el modelo de representación sindical en la legitimidad de los acuerdos sectoriales y en la propia concepción de la negociación colectiva como instrumento de transformación real.
Desde la solidaridad del movimiento vecinal con la lucha por una enseñanza pública de calidad -y como actores que padecemos directamente las consecuencias de su deterioro-, instamos a la Generalitat a asumir una mayor responsabilidad democrática. El Govern aún está a tiempo de reconducir la situación, no con gestos simbólicos ni medidas cosméticas, sino reabriendo un proceso de negociación genuino, inclusivo y representativo de toda la comunidad educativa. Escuchar no equivale a ceder: significa reconocer que un sistema educativo sólido necesita del profesorado como actor indispensable e insustituible. Ignorar el conflicto solo contribuye a cronificarlo.
Porque al final, quien paga el precio de los acuerdos insuficientes no son los negociadores sentados a la mesa, sino el docente frente al aula y, por extensión, el alumnado que recibe esa enseñanza y la sociedad que viene sufriendo el deterioro de uno de los pilares del Estado de Derecho. La deuda histórica con la educación pública sigue abierta y solo la presión popular de una comunidad comprometida y una valentía política que esté a la altura de las circunstancias puede comenzar a saldarla.
El diari digital iSabadell obre la possibilitat als representants d’entitats, partits polítics i altres col·lectius a enviar articles d’opinió, reservant-nos el dret a la seva publicació. L’espai d’opinió reflecteix la visió personal de l’autor de l’article. iSabadell només la reprodueix.
