ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell

La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell ha incorporado en sus estatutos como uno de sus objetivos fundamentales la defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Esto implica comprometerse con el respeto universal a los derechos humanos, sin discriminación por origen, lugar de nacimiento, orientación sexual, situación económica, religión o cultura de cada persona. Más allá de nuestras diferencias, todas y todos compartimos la misma condición humana, lo que nos otorga iguales derechos y responsabilidades. En última instancia, somos seres humanos antes que cualquier otra etiqueta o circunstancia.

Al respecto, una aclaración. Es innegable que toda persona, colectivo social o partido político tiene derecho legítimo a manifestar sus opiniones y defender aquellas propuestas que considere adecuadas a con su ideología. El derecho a la libertad de expresión y pensamiento constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin él, no sería posible el pluralismo político, la crítica razonada, ni el progreso social.

Sin embargo, este derecho, ni es absoluto ni puede invocarse sin límites. La libertad de expresión debe ejercerse dentro del marco común de normas y principios que definen nuestro modelo democrático. Este marco está basado en valores universales como la igualdad entre todas las personas, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, la justicia social y el Estado de Derecho. En otras palabras: no se puede usar la democracia para socavar la democracia ni para atentar contra los derechos humanos fundamentales.

Una organización política puede defender libremente sus ideas sobre economía, inmigración o educación, pero no puede utilizar ese derecho para promover discursos que inciten al odio contra personas por su raza, género, religión u orientación afectiva y sexual. Ni apoyar el fascismo, el racismo o el supremacismo, porque contradice directamente los principios éticos y jurídicos que sustentan la convivencia democrática.

Esto significa que quien niega sistemáticamente los derechos de ciertos colectivos, quien fomenta la violencia simbólica o física contra minorías, o quien rechaza los principios esenciales de igualdad y participación ciudadana, está actuando fuera del marco aceptable de lo democrático. Aunque, por distintas circunstancias, haya logrado captar el apoyo de un sector de la población, eso no legitima ideológicamente sus posturas —eso es harina de otro costal—, conviene recordar que los votos pueden otorgar representatividad política, pero no garantizan ni sentido común, ni compromiso, ni talante democrático. Basta recordar que Adolf Hitler también accedió al poder mediante elecciones democráticas, y no hace falta insistir hacia dónde condujo su ideología de extrema derecha. Por mucho que estos grupos utilicen espacios institucionales, su discurso y sus acciones demuestran que no reconocen los fundamentos mismos del sistema que dicen representar.

En consecuencia, la conclusión es inequívoca: quienes no aceptan estos principios básicos, quienes sistemáticamente vulneran el respeto a la diversidad y a la dignidad humana, se autoexcluyen del juego democrático. No son víctimas de censura; simplemente, están fuera del espacio común que nos permite convivir en libertad, igualdad y respeto mutuo.

Hace unos días, la FAVS, junto con www.arenasproject.ue y con el apoyo del Ayuntamiento de Sabadell, organizó la jornada “L’odi ven, l’odi mata”. El encuentro sirvió como espacio de reflexión en el que se aportaron conocimientos e información útil para desenmascarar los fines que se esconden tras las distintas formas de discriminación promovidas por la extrema derecha. Del acto destacar tres ideas contundentes como: que la libertad de expresión no ampara los discursos de odio ni aquellos que fomentan la discriminación, ya que ningún derecho puede utilizarse como justificación para atentar contra la dignidad humana; que la generación deliberada de miedo es una herramienta utilizada para aprobar medidas excepcionales que recortan derechos humanos fundamentales (de todos/as no solo para la migración), presentándolas como políticas de sentido común; que en este debate construido desde intereses específicos, persiste un intento constante por ocultar el trasfondo de clase que subyace tras muchos de los planteamientos que se presentan como meramente culturales o identitarios.

De ahí que convenga insistir en que, más allá de las diferencias ideológicas, la Carta Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es hoy, más que nunca, un referente común para toda persona, organización o institución democrática, al marcar con claridad la frontera entre el respeto a los valores democráticos y las posturas antidemocráticas o de corte fascista.

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Foto: un moment de la jornada L’odi ven, l’odi mata. Autor: D.Jiménez.