Cuando se cumplen cinco años de la eclosión del caso Mercurio, evocamos la sucesión de acontecimientos que condujeron a la dimisión del alcalde Manuel Bustos, que había gobernado la ciudad con mano de hierro y con un polémico estilo que aspiraba al control absoluto de Sabadell.
La mañana del 27 de noviembre de 2012, dos días después de las elecciones al Parlament de Catalunya, unos 300 Mossos d’Esquadra registraron las dependencias de l’ajuntament de Sabadell, 41 empresas y sociedades y 15 domicilios particulares en el marco de una macrooperación contra la corrupción. Entre ellos la concejalía de Urbanismo, la Companyia d’Aigues de Sabadell (CASSA), la empresa Serveis de Medi Ambient SA o los consorcios comarcales de residuos, turismo y ocupación.
Al mediodía Manuel Bustos, El Capo, como se referían a él algunos investigados, compareció en la sala de plenos, flanqueado por parte del equipo de gobierno, en una multitudinaria rueda de prensa en la que negó todas las acusaciones, desmintió estar imputado, sino sólo denunciado y atribuyó los hechos a una oscura conspiración política para destruirlo. Asimismo manifestó que no pensaba dimitir como alcalde, pero que dejaba en suspenso sus cargos como presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la secretaría de Política Municipal del PSC.
Tras unos primeros momentos de confusión se empezaron a conocer la existencia de 26 imputados, de ellos una docena de detenidos. Los imputados se repartían entre políticos como el exportavoz del PP y pieza clave de la trama, Jordi Soriano, El Largo, y una larga lista de cargos públicos socialistas como el alcalde de Sabadell, su hermano Paco Bustos, concejal de Vía Pública, los ediles Ricard Estrada y Joan Manau, el secretario general de FMC, Adolfo Moreno, Depardieu, la alcaldesa de Montcada, Maria Elena Pérez, La Pija, y el secretario de organización del partido y diputado autonómico Daniel Fernández. También lo están altos cargos de l’ajuntament de Sabadell como el intendente de la Policía Municipal, Josep Miguel Duran, la jefa del área de presidencia y pareja del alcalde, Montserrat Costa, el coordinador de Vía Pública, Xavier Izquierdo, el jefe de urbanismo, Manuel Somoza, la relaciones públicas de Fira Sabadell, Marisol Roig y su hermana Sandra. También están imputados la arquitecta municipal Elena Galera y el arquitecto técnico José Enrique Velilla.
El resto de imputados está formado por un elenco de empresarios encabezado por el tío del alcalde y que continúa siendo presidente del Gremi de Constructors, Melquiades Garrido, El Tiet, el vicepresidente de CASSA, Lluís Bacardit, los hermanos Jordi y Rafael Rojas (Maderas Rojas), Alfons Izard y Francesc Xavier Pons (Torra SA, concesionaria del Tanatorio y Cementerio), Nicola Pedrazzoli, empresario de comunicación propietario de Canal 50 y Canal Català de Televisió, los hermanos José y Eva Ríos (Excavallès), el constructor Jordi Baldó, el propietario de ca n’Ustrell, Guillem Ustrell, los propietarios y personal vinculado a la empresa Galaria y Anfora, Miquel Trecu, Eusebio Romero, José Manuel González Parra, Antonio Jiménez Gómez y el también empresario Antoni Sitjas. Además, figuran como investigados, la ecuatoriana Ligia Castelo, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sabadell, próxima al PSC, y el juez Guillermo Ruiz de Polanco, cuya causa ha sido archivada. Especial relevancia adquierr el caso del comisionista de Soriano, Nicolás Giner, que tuvo un papel destacado como arrepentido y revelador de los mecanismos de la trama.
Ese mismo día, la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Fernando Bermejo, emite un comunicado de prensa en la que informa de la existencia de una trama político-empresarial en el Ayuntamiento urdida por políticos socialistas y Soriano que cobraba un depósito mínimo de 120.000 euros por adjudicación de obra y que una vez acabada la misma se abonaba un tres por ciento en dinero negro. La Fiscalía afirmaba que los implicados podrían incurrir en los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución.
Los orígenes de Mercurio
La génesis del caso se remonta a las reuniones a finales del 2009 entre el intermediario de Soriano, Salvador Giner, y la entonces portavoz del grupo municipal de ICV, Carme García, en las que éste le informó del funcionamiento de la trama. Los acontecimientos se precipitan en enero de 2010 a raíz del asalto a la sede de ICV, en la calle Picanyol, la misma noche del 24 de enero en que Giner y García se habían encontrado en el bar del Hotel Urpí donde el primero le pasó una serie de carpetas y donde al parecer fueron vistos por alguna persona próxima al círculo de Bustos. De hecho, García, como relató a la periodista Sara González, había recibido desde el 2008 en su móvil mensajes amenazadores, del estilo “no metas tanto la nariz que se te va a romper” o “nos tienes hasta los cojones, deja de meterte donde no te llaman” que denunció ante la policía autonómica.
El robo fue muy sospechoso pues los ladrones sólo se llevaron los ordenadores, ni dinero en efectivo, ni otros objetos de valor. Aureli Calvo, entonces presidente de la formación y Carme García denunciaron los hechos ante los Mossos d’Esquadra quienes les aconsejaron ponerlos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. En febrero de ese mismo año, García se reunió Fernando Bermejo, fiscal anticorrupción de Catalunya, acompañado por el entonces subdirector de los Mossos, Antoni Salleras, donde se decidió poner en marcha la investigación y pedir la autorización para las escuchas telefónicas. También se convenció a Giner para que prestase, el 16 de febrero de 2010, declaración en Fiscalía, ya que según García no era el primero en denunciar la trama corrupta, pero sí el único dispuesto a hablar.
El 26 de febrero del 2010 se autorizan las escuchas telefónicas a Jordi Soriano y los empresarios, Mikel Treku, Eusebio Romero y José Manuel González Parra. El 27 de abril se prorrogan estas escuchas y se amplían a Rafael Rojas y José Ríos. El 1 de junio se intervienen los teléfonos de Sandra Roig, Guillem Ustrell y Jordi Baldo. El 20 de agosto se prorrogan las anteriores intervenciones y se pincha el teléfono de José Enrique Velilla. El 17 de noviembre se hace lo propio con Melquíades Garrido y partir de marzo al resto de imputados en la trama.
Desfile de imputados
Del sábado 30 de noviembre al lunes 2 de diciembre de 2012 los detenidos e imputados en el caso prestan declaración ante Ramon González García, del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell y que será substituido meses después por Isabel Faura, actual instructora del caso. Con grandes retrasos empiezan a desfilar los imputados entre un enorme despliegue de medios de comunicación. El sábado declaran once imputados en una sesión que se alarga hasta las cuatro de la madrugada, entre ellos Alfons Izard y Xavier Pons de Torra SA, la alcaldesa de Montcada, Paco Bustos, Adolfo Moreno, Monserrat Costa, Manuel Somoza, Joan Manau y Ricard Estrada. Con especial interés se produjo la declaración de Jordi Soriano quien en principio anunció, a través de su abogado Jordi Pina, defensor de Jordi Montull en el caso Palau, que acogiéndose a su derecho constitucional no declararía; posteriormente rectificó, seguramente porque esta decisión le hubiera conducido a la prisión preventiva.
El domingo las declaraciones comienzan a las 10,45, cuyo plato fuerte Manuel Bustos, defendido por Cristóbal Martell, especialista en casos de corrupción, como Filesa, Millet, Pretoria, Nuñez y la familia Pujol. La declaración se retrasó hasta las 20h. Mientras esperaba en la recepción de la planta baja pudo escuchar el rumor de la manifestación llamada de las escobas convocada por la CUP, Entesa per Sabadell, a la que se sumaron ERC y EUiA, en la que se vieron momentos de gran tensión a causa de los enfrentamientos verbales con partidarios del alcalde concentrados ante los juzgados.
La comparecencia del alcalde se prolongó durante seis horas y media. A la salida del juzgado defendió su inocencia, manifestó a los medios de comunicación que se sentía “reconfortado”, pero esquivó responder sobre los cargos por los que estaba imputado. Posteriormente se supo lo estaba por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, omisión de perseguir delitos y tráfico de influencias en nueve causas.
La ronda de declaraciones finalizó el lunes cuyo principal protagonista fue Melquíades Garrido, para algunos el verdadero dirigente de la trama corrupta. De hecho Garrido ya había sido señalado por un información de El País (10 agosto 2007) donde se desvelaban los negocios de sus socios en varias empresas como Promgalar SL, Construcciones Frank Font, SEROP o Enterprise Sistem Architech con el ayuntamiento de Sabadell y la FMC. Estas revelaciones condujeron a que, a finales del mismo año, fuese apartado como vocal del consejo de administración de la empresa municipal de vivienda VIMUSA.
Turbulencias políticas
Desde entonces se abrió un periodo en que mediante todo tipo de maniobras, Bustos se resiste a asumir las consecuencias políticas del escándalo. El, 4 de diciembre, Manuel Bustos convocó una rueda de prensa donde comunicó que nombraba “temporalmente” a su delfín Juan Carlos Sánchez como alcalde accidental. De este modo se adelantaba a las exigencias de la oposición en ese sentido. Hemos de tener en cuenta que la oposición formada por CiU, ICV, EUiA y PP dispone de 14 ediles, uno más que el PSC. Bustos justificó esa decisión para “atender a su familia” y esperar que se serenase el crispado ambiente político en la ciudad.
No obstante, emprendió un carrusel en los medios de comunicación para proclamar su inocencia que, en realidad, resultó contraproducente para sus intereses. Asimismo se difunde que alguien le había avisado que su teléfono estaba pinchado y que para pedir explicaciones se había reunido con el entonces conseller de Interior, Felip Puig, que negó saber nada del asunto.
La tarde del 4 de diciembre se celebra el pleno municipal, al que Bustos no asiste, donde la oposición aprueba una moción exigiendo que los cuatro ediles sean apartados y los cargos de confianza imputados sean cesados. El alcalde accidental Sánchez, escudándose en la “presunción de inocencia” se niega a admitir este requerimiento, lo cual comporta en la sesión plenaria del 21 de diciembre que toda la oposición tumbe los presupuestos y las ordenanzas municipales del 2013.
El 4 de enero Bustos anuncia que prorroga un mes la alcaldía accidental de Sánchez, entre las críticas de la oposición que considera que con esta medida se está desvirtuando esta figura que está prevista para vacaciones o enfermedad. La negativa de Juan Carlos Sánchez a admitir las exigencias de la oposición provoca que, en el pleno del 8 de enero, se apruebe una moción reprobando a Bustos y Sánchez y pidiendo la dimisión de los cargos públicos imputados. Además, anuncian que votaran en contra de todos los puntos del orden del día, lo cual motiva que el equipo de gobierno los retire.
Días después, el 16 de enero, se levanta parcialmente el secreto de sumario, en lo relativo a la trama de Soriano, y el 22 del mismo mes el juez instructor divide el caso en una pieza principal, la relativa a la red de empresarios, y 30 piezas separadas. Posteriormente, el sumario se ampliará a 35 piezas que aumentan hasta la cuarentana el número de imputados, entre ellos la ex diputada y ex parlamentaria Montserrat Capdevila, por un presunto delito de falsificación documental, tráfico de influencias y prevaricación para rebajar el IAE en la concesionaria local de Sitjas Motor, Paco Fernández, gerente del Consorci de Residus del Vallès Occidental, concejal, de ICV (1999-2007) y primer secretario del PSC de Sabadell y por tráfico de influencias, malversación de fondos y prevaricación en el Consorci de Residus del Vallès Occidental o Juan Carlos Sánchez, mano derecha de Bustos, por delitos contra la administración pública por el cobro de sobresueldos en CASSA. También resultan imputados los dirigentes socialistas Pere Navarro y Jaume Collboni por tráfico de influencias en el intento de obtener un canal de televisión por parte de Nicola Pedrazzoli, una pieza que finalmente quedará archivada.
Inopinadamente el 7 de febrero, Bustos anuncia que vuelve a ejercer sus funciones de alcalde, argumentando que su inocencia está demostrada y que desea recuperar la confianza de la ciudadanía. Esta decisión reactiva las amenazas de la oposición de plantear una moción censura, lo cual supondría para el PSC la pérdida de la alcaldía.
Bustos apenas durará una semana en el cargo. A la espada de Damocles de la moción de censura se suma el levantamiento del secreto de sumario, el 12 de febrero, donde se revelan sus presiones para colocar a Carmina Lluma, en el ayuntamiento de Montcada. Todo ello provoca una tensa y larga reunión con el entonces primer secretario del PSC, Pere Navarro, donde se pactan las condiciones de su renuncia al cargo. Así, al día siguiente, anunciaba su dimisión como alcalde, pero conservando el acta de concejal. Ahora bien, esa misma tarde, el entonces secretario de organización socialista y alcalde de Cornellà, Antoni Balmón, le recuerda que también debe dimitir como presidente de la FMC y secretario de Política Municipal del partido. Días después, el concejal Ricard Estrada, presenta su dimisión irrevocable.
En medio de una enorme expectación, el 21 de febrero se celebra el pleno municipal donde Bustos materializa su renuncia a la alcaldía y el 5 de marzo el de investidura de Juan Carlos donde resulta elegido con los 13 votos del PSC y los 14 votos nulos de la oposición. En el discurso de investidura, levanta expectativas de regeneración democrática al afirmar que partir de ahora “había de caminar solo”, al no renovar su confianza en Montserrat Costa como jefa del área presidencia. Unas expectativas en los dos años de su mandato quedarán defraudadas, al negarse a expulsar de su gobierno local a los concejales imputados, que conservan el acta de regidor a pesar de ser apartados de sus responsabilidades ejecutivas, y no emprender una regeneración de su partido que durante mucho tiempo continuará dominado por los partidarios de Bustos.
La caída definitiva
El 12 de marzo del 2012 se celebra el primer pleno con una cierta normalidad y con la ausencia de Manuel Bustos. Su despedida definitiva de la política activa se produjo en julio de 2014 a raíz del escándalo provocado por los presuntos sobresueldos en la FMC donde resultan imputados una cuarentana de alcaldes de todo el espectro político, que le obligan a dejar el acta de concejal y su bien remunerado cargo en la Diputació de Barcelona. Una pieza que acabó siendo archivada.
No obstante, en una muestra de su control el partido, consigue en marzo de 2014, que su candidato Josep Ayuso, se imponga en las primarias, frente a la “renovadora”, Marta Farrés. Un grave error político que precipitó la estruendosa derrota del PSC en las municipales del 24 de mayo del 2015 en las que los socialistas pasaron de trece a cinco concejales y pierden la alcaldía, cerrando definitivamente una ominosa etapa de la historia de Sabadell. Esto provocará que, en diciembre, la comisión ejecutiva del PSC apruebe la constitución de una gestora que significa, de hecho, el auténtico final del control de Manuel Bustos sobre el partido en la ciudad.
En el frente judicial, el exalcalde fue condenado, en marzo de 2015, por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por tráfico de influencias y prevaricación a 16 meses de prisión, 60.000 euros de multa y la inhabilitación para ejercer cargo público por 4 años, seis meses y un día en la conocida como pieza de Montcada. Bustos no ingresó en prisión, a pesar de la petición al respecto de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, y tras compreterse de realizar un curso de buenas prácticas en la administración que ya ha realizado. Esta plataforma, formada por diversos partidos y entidades ciudadanas, se constituyó como acusación popular en julio de 2013. En septiembre de 2015, verificado el relevo en la alcaldía, l’ajuntament de Sabadell se persona como acusación particular.
Por lo demás, continúan abiertas contra Manuel Bustos siete causas judiciales de las nueve en las que inicialmente estaba imputado. Una, la relativa a la retirada de multas a familiares, cuya instrucción está cerrada y cuya vista pública está prevista para el mes de abril del año próximo. Las otras seis siguen instruyéndose, siendo especialmente importante la relativa a las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del contrato a SMATSA.
Bibliografia
GONZÁLEZ, Sara. Cas Mercuri, la galàxia Bustos. Edicions Saldomar, Barcelona, 2016.
SANTAMARIA, Antonio y DE ARRIBA, Jordi. El final de la era Bustos. Sabadell más allá del caso Mercurio. iSabadell, 2013.
