L’ESTAT DE LA CIUTAT
Los operadores sanitarios de la Generalitat han decidido dar parcialmente marcha atrás en los recortes de las prestaciones de la atención primaria en la ciudad durante el mes de agosto. Ello ha sido posible gracias a la presión política y la movilización popular, a pesar de las profundas divisiones que atraviesan al movimiento vecinal.
La intención del Institut Català de la Salut (ICS) de cerrar prácticamente todos los Centros de Atención Primaria (CAP) de la ciudad durante las tardes de agosto resulta otra muestra de las políticas neoliberales de la Generalitat de recortar las prestaciones de los servicios públicos con la manifiesta intención de privatizarlos en cuanto sea posible. El ICS se propuso dar otra vuelta de tuerca. Si el año pasado se cerraron totalmente durante agosto los CAPs de Poblenou, Campoamor y Gràcia, ahora se querían ampliar los recortes. Entonces el PSC, liderado por el alcalde Manuel Bustos, no se opuso a estas medidas.
Ahora, estas intenciones provocaron el rechazo de Juan Carlos Sánchez, flamante alcalde de Sabadell, de los grupos izquierda del consistorio (ICV, Entesa y EUiA) y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Vallès, donde se integra la Federació d’Associacions de Veïns (FAV Sabadell), sindicatos, partidos políticos y diversos colectivos ciudadanos.
A propuesta de ICV se convocó el 5 de junio una reunión donde asistieron representantes del equipo de gobierno, de los grupos municipales de la oposición, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Vallès Occidental, el director del Vallès Occidental del CatSalut, el director de Atención Primaria metropolitana norte del ICS, el director del Servicio de Atención Primaria del Vallès Occidental del ICS y la directora de Atención Primaria del Parc Taulí que gestiona el CAP Can Rull. En esta reunión no se alcanzó ningún acuerdo y se convocó a un segundo encuentro para el 20 de junio.
Los barrios del norte se movilizan
Entretanto, el 18 de junio las asociaciones de vecinos de La Roureda, Sant Julià, La Plana del Pintor y Torrent del Capellà convocaron una asamblea ante las puertas del CAP Nord (C/ Mercè Rodoreda, 24) a la que asistieron además un representante de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública y una de los usuarios de Can Deu. Allí se reunieron un millar de personas que decidieron marchar en manifestación por la avinguda Matadepera y cortar el tráfico en la rotonda que da acceso a la Ronda Oest.
Bajo esta presión política y popular se celebró en dos días después en el Ayuntamiento la reunión entre los responsables de la Generalitat, equipo de gobierno, grupos municipales y asociaciones de vecinos, representados por la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, mientras un grupo de vecinos de los barrios del Norte se concentraba en la plaza Sant Roc.
Finalmente, el ICS decidió dar parcialmente marcha atrás. Así, pues, se abrirán la mitad de los CAPs en su horario habitual (Centre, Ca n’Oriac, Nord, els Merinals, Creu de Barberà y Sant Fèlix) y el de Can Rull lo hará hasta el 15 de agosto. En sentido contrario, cerrarán todo el día los tres ambulatorios del año pasado al que se añade el de La Concòrdia. El ICS se comprometió a reforzar el servicio de atención domiciliaria y de atención a las enfermedades crónicas. Por otro lado, se acordó volver a reunirse en septiembre para valorar la aplicación de estas medidas.
En términos generales esta rectificación parcial del ICS fue valorada positivamente por equipo de gobierno y la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública. ICV y Entesa emitieron sendos comunicados en este sentido. La formación ecosocialista explica el cambio de postura de la Generalitat a causa de la movilización de los vecinos de los barrios del norte, las presiones de la FAV y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. También denuncia el intento del equipo de gobierno de capitalizar este relativo éxito explicando en solitario las conclusiones.
Por su parte, Entesa celebró que la presión política y social haya forzado la marcha atrás del ICS, pero recordó que los recortes sanitarios continúan siendo importantes y que responden a una estrategia deliberada de la Generalitat para reducir los servicios públicos.
Luchas políticas
La oposición a los recortes de la Generalitat no ha sido óbice para evidenciar la dura pugna entre el PSC por un lado y Entesa e ICV por otro para capitalizar políticamente el rechazo ciudadano y popular a los recortes y por controlar el movimiento vecinal.
Esto se evidenció en la asamblea del CAP Nord convocada el jueves 20 de junio por la tarde para informar a los vecinos de los acuerdos con el ICS. Rosa Hernández, presidenta de la AV de La Roureda y militante socialista, denunció megáfono en ristre y en términos muy duros la actitud de Carme García y Virgínia Domínguez, portavoces de ICV y Entesa respectivamente, quienes según su versiónn vetaron su asistencia y la de Ricardo Roso, representante de los usuarios de Sant Julià, a la reunión con los operadores sanitarios de la Generalitat. De hecho, Hernández se negó a marcharse y tuvo que ser el alcalde quien la invitara a abandonar la sala.
Por su parte, García y Domínguez rechazaron estas acusaciones argumentando que ni Hernández ni Roso habían sido convocados a la reunión y que las asociaciones vecinales están suficientemente representadas por la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, donde está integrada la FAV. También apuntaron al intento del PSC de capitalizar la oposición a los recortes sanitarios de la Generalitat, pasando por encima de la citada plataforma que hace cinco años que funciona y que ha realizado numerosas movilizaciones contra las políticas neoliberales de la Generalitat.
Este incidente es suficientemente significativo del clima de enfrentamiento entre PSC y los grupos a su izquierda que ni siquiera la oposición común a los recortes sanitarios es capaz de atemperar. Hubiera resultado más lógico y eficaz que estas asociaciones de vecinos del norte hubiesen coordinado sus esfuerzos con la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, que desde hace años trabaja en este tema. Aunque se ha echado en falta la convocatoria de movilizaciones por parte de la citada plataforma, un vacío que ha sido suplido por las asociaciones vecinales del norte.
Éxito relativo
Ciertamente, la marcha atrás parcial de la Generalitat sólo puede explicarse por el rechazo del equipo de gobierno, los grupos políticos, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y las asociaciones vecinales del norte de la ciudad. Un relativo éxito que ratifica que únicamente la movilización popular y la presión política son efectivas para combatir las políticas neoliberales de Artur Mas.
Nuestra comarca padece de un déficit histórico en la sanidad pública con todas las ratios por debajo de la media catalana que los recortes de la Generalitat están exacerbando. El plan de choque aprobado para paliarlo en la época del tripartito de izquierdas ha sido aparcado sine die.
Ante la magnitud de la agresión sería deseable la máxima unidad de las fuerzas políticas y sociales que luchan por preservar el carácter gratuito, universal y de la calidad de la sanidad pública. En otro orden de cosas, el movimiento vecinal debería liberarse de la tutela de los partidos políticos y funcionar, a pesar de su debilidad estructural, como representantes genuinos de los vecinos de los barrios y no como correas de transmisión de los partidos.
