‘L’estat de la ciutat (XXV)’: La irresponsabilidad social de los bancos

ANÀLISI: L’ESTAT DE LA CIUTAT

El lunes todas las entidades financieras radicadas en Sabadell se negaron a contribuir a la bolsa de vivienda de emergencia social reclamada desde el Ayuntamiento. Precisamente, este fin de semana acaba la campaña de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular para modificar una de las leyes  hipotecarias más injustas del mundo.

Después de meses de reuniones se rompieron las negociaciones entre el Ayuntamiento de Sabadell y las 14 entidades financieras radicadas en la ciudad ante la negativa de los bancos a contribuir, con algunos pisos vacíos de su enorme stock inmobiliario, a la bolsa de viviendas de emergencia social para hacer frente a los cientos de casos de familias desahuciadas. Unas conversaciones donde, desde el principio, rehusaron asistir Banco Santander y Nova Caixa Galicia.

Por su parte, el Ayuntamiento, a través de VIMUSA, mantiene unos 200 pisos de emergencia social, manifiestamente insuficientes para hacer frente al inacabable goteo de nuevos casos. Tanto es así que, como ha denunciado en diversas ocasiones la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis de Sabadell (PAHCS), estaban proliferando los “pisos patera” sobreocupados.

Las conversaciones entre las entidades financieras y administración local, representada por el regidor de urbanismo Joan Manau, se iniciaron este mes de abril a raíz de una propuesta del alcalde Manuel Bustos. La iniciativa fue difundida al día siguiente que miembros de la plataforma se concentrasen en el Ayuntamiento para protestar por la situación en los pisos patera. A su vez, esta propuesta desarrollaba el quinto acuerdo de la moción unitaria, elaborada por la PAHCS, aprobada por unanimidad en el pleno municipal de octubre de 2011.

Los bancos malos

En esta mesa de negociaciones el Ayuntamiento buscaba que las entidades financieras paliaran mínimamente los devastadores efectos sociales de la crisis económica que ellas mismas han provocado con su irresponsable política inmobiliaria. Ahora, cuando la burbuja inmobiliaria ha estallado y el sistema financiero español ha sido rescatado, los bancos continúan expulsando a cientos de familias a la calle y trasladan a la administración pública local, con graves problemas de tesorería, el coste social de los desahucios. Así que no es extraño que tanto el alcalde como la PAHCS condenasen en términos muy duros la “insensibilidad social”, la “prepotencia y arrogancia” de las entidades financieras radicadas en la ciudad que han eludido sus responsabilidades sociales más elementales.

Las noticias sobre la inminente creación de “bancos malos”, donde los bancos podrán desprenderse de su devaluado patrimonio inmobiliario, ha modificado los términos del problema. ¿Para qué complicarse la vida con ruinosos alquileres sociales, cuando dentro de poco me podré quitármelo de encima con el respaldo del Banco de España y del Banco Central Europeo?

La  constatación de la mala gestión, la irresponsabilidad y la mezquina rapacidad de banca privada, que nos ha precipitado en la crisis, debería mover a las formaciones de izquierda a situar en el punto número uno de sus prioridades en política económica la creación de una potente banca pública.

La nefanda ley hipotecaria

No es el ámbito local donde se resolverá la partida, sino en el terreno de la política general. Este fin de semana finaliza la campaña de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la ley hipotecaria, una de las más injustas del mundo occidental. En Estados Unidos o Japón, si una familia no puede pagar la hipoteca la entrega del piso basta para saldar la deuda con el banco (dación en pago), permitiéndole una segunda oportunidad para rehacer su vida. Aquí esto no es posible, la familia se queda en la calle y con una elevada deuda con el banco que le esclaviza de por vida.

Por tercera vez, si la ILP es admitida a trámite, esta cuestión se debatirá en el Congreso, esperemos que con mejor fortuna que en las anteriores. En febrero de 2011, durante la presidencia de Zapatero, la proposición de Izquierda Unida- Inicativa per Catalunya Verds (IU-ICV), para legalizar la dación en pago, fue rechazada con la abstención de CiU y PNV y los votos en contra de PP y PSOE que justificaron su negativa aduciendo que pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero.

En marzo de 2012 una moción en el mismo sentido del grupo parlamentario de Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y Chunta Aragonesista), volvió a ser rechazada con los votos en contra del PP y la abstención del PSOE, a pesar que los socialistas han contribuido en la recogida de firmas por la ILP.

Mantener la presión

En Sabadell, el equipo de gobierno ha manifestado que no descarta reabrir la negociación con los bancos y ha sido presionado en sentido por ICV y EUiA. Por su parte, la PAHCS ha demostrado su voluntad de continuar en la lucha en la calle, como se comprobó el pasado viernes ante las puertas del Ayuntamiento, para exigir soluciones al caso de una familia de origen marroquí amenazada de inminente desahucio.

Ciertamente, la mayoría absoluta del PP no augura buenas perspectivas de éxito para la ILP. Sólo la presión de la opinión pública, apoyada por una masiva movilización política y social,  podrá acabar con esta vergonzosa e injusta legislación, una auténtica lacra para un sistema democrático digno de tal nombre.