Que los desahucios son un gran drama, no hace falta decirlo más. Las imágenes vistas en televisión donde varios policías sacan por la fuerza a diversas personas para humillarlas por ser pobres y estar en paro dan la vuelta al mundo. No se salva nadie: niños, mujeres, hombres y ancianos que avalaron con sus pensiones a hijos o nietos ven como la usura de los bancos es mayúscula y esta pobre gente cree vivir una pesadilla que no acaba cuando los desalojan. De todos es sabido que tienen que pagar religiosamente las cuotas aunque hayan perdido el piso y entonces el drama se acentúa.
Los partidos políticos han hecho oídos sordos a la demanda de dación en pago y ya en julio de 2011 el PSOE votó en contra con la abstención cómplice de PP, CiU y PNV. Hasta tres veces se ha producido esa vergüenza en los últimos dos años. Un doloroso portazo que demuestra una vez más la brecha que existe entre los representantes legítimos de la ciudadanía y la gente real. Un solo paso hecho por el gobierno en marzo del 2012, recomendaba a los bancos aplicar la dación o renegociar la hipoteca, una auténtica mentira, pues trataba de silenciar a las Plataformas de Afectados por las Hipotecas que desde hacía ya unos años habían cogido el toro por los cuernos y se pateaban bancos e instituciones para lograr que la gente no perdiera la vivienda y el derecho a ella que ampara nuestra Constitución desde 1977.
Nunca pensé que tenía que mentar en un artículo el suicidio de ciudadanos por este tema. Si bien es verdad que creo que nos acercamos a Grecia a marchas forzadas y tuve un recuerdo para el ciudadano griego Dimitris Christoulas, mi sensación última era que la fortaleza de las familias y del Estado podía subsanar los errores cometidos por el propio Estado, sus gobernantes y los poderes económicos. Estos últimos ya son acusados directamente de asesinos a raíz de los últimos suicidios provocados por la mezquindad de sus gerentes y por una Ley Hipotecaria antigua y caduca y que solamente favorece a los poderosos. De hecho muchos de éstos no se esconden y llaman vagos a los parados e instan a permanecer en la pobreza a los que nunca debieron salir de ella. La famosa frase “¡Qué se jodan!”, pronunciada en el parlamento por la diputada del PP Andrea Fabra cuando Rajoy anunció el recorte en las prestaciones por desempleo es la imagen de la desvergüenza y del nulo sentimiento hacia los que teóricamente representan.
Ahora, tarde y mal, dan la cara PPSOE juntos de la mano para representar una opereta condenada al fracaso. Como si de una gran puesta en escena se tratara, con aire de farsa, quieren hacernos creer que ellos siempre estuvieron al lado de la gente, cuando la realidad es otra, justo la contraria, y concejales y diputados de ambos partidos nunca, repito, nunca, fueron a evitar un desahucio o movieron un dedo por ayudar a los afectados. Es más, en Sabadell, el alcalde Bustos no ha pasado de meras y frías firmas de convenios que no han dado ningún fruto, pero eso ya lo sabía cuando lo firmaba. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Sabadell ha criticado duramente la teatralidad del asunto, viendo que solamente son ellos y solo ellos los que negocian las salidas ante los bancos.
La muerte de Amaia Egaña en Barakaldo parece haber ablandado las mentes insensibles de los políticos pero han sido algunas entidades bancarias las que han paralizado los desahucios seguramente por miedo a sufrir la ira de los ciudadanos. Los grandes bancos han estado callados unos días con la desfachatez propia de los ladrones de fortunas, haciendo oídos sordos a las peticiones de jueces, abogados, instituciones y personas de todo tipo. De hecho los desahucios siguen a pesar del anuncio de la gran banca.
Ahora nos quieren hacer creer que ofrecen una tregua de dos años “a casos de extrema urgencia”, con lo que la ambigüedad es más que manifiesta. Hasta los sindicatos policiales ofrecen ayuda a los policías que quieran ejercer su derecho de objeción de conciencia y las principales asociaciones de jueces ya han dado un paso más pidiendo la paralización total de los desahucios cuando hasta ahora sorteaban la ley como podían. Incluso los cerrajeros se unen a la desobediencia civil mostrándose contrarios a ser cómplices de la injusticia. Resulta hasta paradójico y surrealista que acciones pacíficas en defensa de la justicia acaben en multa, como la que tiene que pagar una mujer de 77 años que perdió su casa al avalar la hipoteca de su hijo y que se encadenó en una oficina de Unicaja: desahuciada, condenada y humillada…
A última hora el PSOE se ha desmarcado del acuerdo y ha aprovechado para pedir perdón por no haber actuado a tiempo. ¡Qué fácil es hacerlo desde la oposición! ¡Cuánta demagogia! Seguramente han hecho bien porque el anzuelo del PP, aunque goloso, era mortal. Mucho me temo que todo va a ser una gran falacia y lo que va a lograr paralizar esta sangría va a ser, como tantas y tantas veces, la ciudadanía con sus gestos, sus pequeños y grandes gestos de apoyo a los afectados, que tarde o temprano podemos ser nosotros mismos. El hecho de la unión de los dos grandes partidos para solventar el problema, ignorando a los que sí están ayudando y a los que se implicaron en la recogida de 500.000 firmas para la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular y a las propias plataformas, demuestra aún más que se trataba de un mero trámite que los medios de comunicación manipularán como siempre. No me cabe la menor duda que el propósito es acabar con el poder de los ciudadanos, de las asambleas de vecinos, de afectados, apuntándose un tanto que nunca podían ganar limpiamente porque jamás jugaron este partido.
