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Medio centenar de militantes ocuparon la oficina de la calle Alfonso XII.
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La entidad financiera prorrogó durante un mes la orden de desalojo.
El jueves a las 10 de la mañana medio centenar de militantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) ocuparon la sede de EVO, marca comercial de la antigua Caixa Galicia de la calle Alfonso XIII, frente a La Faràndula.
El objetivo de la acción de protesta fue evitar el inminente desahucio del matrimonio formado por Francisco Arenas y Sara Amaya y sus tres hijos de ocho, cinco años y ocho meses. Esta familia ocupa desde el 2011 un piso en el barrio de Torre-romeu, propiedad de dicha entidad financiera, vacío desde hace años, y para el que solicitan un alquiler social.
El pasado 12 de julio recibieron la orden de desalojo a través de los Mossos d’Esquadra. Desde entonces planea sobre ellos el peligro de verse en la calle, pues se trata de una causa penal con orden de desahucio abierta, sin fecha. Es decir, que la policía puede presentarse sin previo aviso para ejecutarla. A principios de septiembre, la PAHC organizó una acción de protesta por este caso en la misma oficina bancaria. Entonces se arrancó el compromiso a EVO de estudiarlo (Más información: ‘Compromiso de EVO Banco con la PAH para evitar un desahucio‘).
Este miércoles, 3 de octubre, la familia recibió una llamada de los Mossos d’Esquadra para avisarles que serían en breve desalojados. Ello motivó que, al día siguiente, los militantes de la PAHC volvieran a ocupar la oficina, sintiéndose engañados por la entidad financiera.
Identificaciones y negociaciones
Al poco aparecieron dos vehículos de la policía autonómica, avisados por EVO, que mediaron entre la dirección de la entidad financiera y portavoces de la PAHC a quienes les pidieron sus DNI para identificarlos. Según el principio de ‘o todos o ninguno’ los militantes de la PAHC entregaron sus carnets de identidad, que fueron fotocopiados en la misma oficina y devueltos a sus titulares.
Finalmente se produjo una reunión entre la dirección de oficina bancaria, portavoces de la PAHC y la familia afectada. La plataforma exigió recibir un documento por escrito de la entidad financiera que sirviese ante la administración de justicia y los Mossos d’Esquadra para impedir el inmediato desalojo de la familia.
Pasado el mediodía llegó la respuesta de la dirección estatal de EVO en forma de documento en el que, sin renunciar al desalojo, se concede el plazo de un mes para abandonar la vivienda.
La improvisada asamblea de la PAHC, a pesar de considerar insuficiente esta respuesta, decidió abandonar la oficina bancaria. Consideraron que durante este periodo de tiempo se podría negociar un alquiler social.
