Ahora se cumplen 40 años del conflicto laboral más enconado en la ciudad desde el final de la Guerra Civil. La Huelga del Metal se desencadenó siete meses después de la exitosa Huelga General Política pero significó una derrota del movimiento obrero, marcando el reflujo de la ofensiva de las organizaciones de los trabajadores iniciada a principios de la década.
La descripción y el análisis de la Huelga del Metal han de relacionarse con la Huelga General Política de febrero de 1976. En efecto, esa movilización significó una gran victoria de la oposición antifranquista provocando la dimisión del alcalde falangista José Burull Bonastre. Una movilización que, si bien estuvo liderada por las organizaciones de la clase obrera, contó con un amplio respaldo ciudadano. Por el contrario, la Huelga del Metal adquirió las características de un conflicto de clase. Enfrentó al movimiento obrero contra la patronal que, en todo momento, contó con el apoyo de los representantes políticos del gobierno.
Además, el clima político del país había cambiado sustancialmente. La Huelga General Política se desarrolló bajo el mandato de Carlos Arias Navarro, que significaba la continuidad con el régimen franquista y contra el que la oposición democrática organizó una fuerte contestación. La Huelga del Metal tuvo lugar cuando Adolfo Suárez ostentaba la presidencia del gobierno y ya se habían iniciado las negociaciones con los partidos de la oposición democrática para desmantelar el régimen franquista y encauzar la denominada “reforma democrática”.
Estrategias divergentes
El origen del conflicto arranca de junio de 1976 cuando se constituye una asamblea de enlaces sindicales del metal que designa una Comisión Deliberativa para preparar la plataforma reivindicativa para la negoción del convenio del sector. Una comisión que rompía con los tradicionales mecanismos de negociación controlados por los jerarcas del Sindicato Vertical.
La Comisión Deliberativa planteó una plataforma de 33 puntos, cuyas reivindicaciones se articulaban en tres niveles. En el político, con la exigencia de libertad de reunión, asociación y huelga o la libertad de creación de sindicatos independientes. EN el laboral y social con la garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo, en un contexto de incremento del paro, abolición de los contratos eventuales, aumentos salariales o contabilización de las horas extras en función del salario real y no el nominal. Y en el control obrero de la producción, con la participación de los trabajadores en la gestión de la Escuela Industrial o la supervisión de la Seguridad Social.
El 2 de septiembre, a la vuelta de las vacaciones colectivas, la patronal del sector, Unión Comarcal de Empresarios Metalúrgicos, presidida por Antoni Peñarroya (años después presidente de la Cambra de Comerç de Sabadell y Medalla al Trabajo de la Generalitat el año 2015) manifiesta su rechazo a aceptar esta plataforma reivindicativa, mientras que la asamblea de trabajadores declara que los 33 puntos son innegociables. Los empresarios se mostraron dispuestos a negociar doce de estas demandas relativas a cuestiones estrictamente laborales. Así, el 4 de septiembre, ofrecen un aumento salarial del 20 por ciento, 28 días de vacaciones, 50.000 pesetas de premio por jubilación, 14 días de permiso por matrimonio, tres piezas de ropa de trabajo y 650 pesetas por dietas. Por el contrario, adujeron que los puntos políticos escapaban a su competencia; aunque lo que realmente inquietó a la patronal fueron las reivindicaciones sobre el control obrero que “representaban por una parte el hundimiento del concepto de autoridad en la empresa y por otro desautorizar a la administración del país”.
En esta huelga se produjo la circunstancia que las grandes empresas metalúrgicas de la ciudad Unidad Hermètica (UH), ASEA-CES o Brown-Boveri gozaban de convenios muy superiores a los de las pequeñas empresas del sector y sus trabajadores no tenían prácticamente nada que ganar en ella. Sin embargo, fueron los representantes sindicales de estas grandes empresas quienes llevaron la dirección del conflicto, como Emilio Espín y Francisco Aguilar de la UH o Álvaro García Trabanca y Manuel Navas de ASEA-CES. También intervinieron algunos de los fundadores de CC.OO en la ciudad como Juan Ignacio Valdivieso, Joaquín Zamoro o Ginés Fernández, todos ellos del PSUC (más info: ‘La fundación de CC.OO (1966)‘).
Según el análisis de Xavier Domènech, la dirección de la huelga contó con tres bloques diferenciados: CC.OO y USO por un lado; la Organización de Izquierda Comunista (OIC), de carácter consejista, y su sindicato Comisiones Obreras Anticapitalistas (COA) por otro, y finalmente el Partido del Trabajo de España (PTE), de ideología maoísta, y la trostkista Liga Comunista Revolucionaria (LCR). CC.OO y el PSUC se debatían entre la reforma y la ruptura, una contradicción se reflejó incluso a nivel personal; así, mientras la mayoría de dirigentes locales de la huelga eran del PSUC, sus dirigentes nacionales recomendaban que se acabase cuando antes y consideraban que era una aventura de los grupos de extrema izquierda que sólo podía acabar mal. Por su parte, OIC buscaba hacer de Sabadell la punta de lanza de una estrategia revolucionaria para provocar la ruptura política y sentar las bases de un poder autónomo anticapitalista. PTE y LCR compartían a grandes rasgos esta estrategia. Ahora bien, cuando la previsible derrota de la huelga hizo temer una ruptura entre sectores reformista y revolucionarios de la clase obrera, OIC se sumó a la desconvocatoria propugnada por el PSUC, mientras que PTE y LCR exigieron la continuidad de la lucha hasta el final.
A diferencia del franquismo, cuando la principal dificultad de las organizaciones obreras era movilizar a los trabajadores, tras la victoria de la Huelga General Política, el problema radicaba en atemperar la radicalización y las ansias de lucha de las bases.
Lockout patronal
Ante el bloqueo de las negociaciones, el 14 de septiembre, 14.000 trabajadores del metal se declaran en huelga hasta conseguir los 33 puntos de la plataforma reivindicativa. A lo largo del conflicto se siguió la siguiente mecánica organizativa: por la mañana los huelguistas celebraban asambleas en sus fábricas, cuyas resoluciones eran transmitidas a la Comisión Deliberativa quien a su vez las discutía con los enlaces de cada empresa. Por la noche, se celebraba una asamblea general en la iglesia de Ca n’Oriac, donde concurrían entre 3.000 y 5.000 obreros, y se refrendaban los acuerdos adoptados. Mientras tanto, durante el resto del día, miles de trabajadores se pasaban por la ciudad con pegatinas alusivas a la huelga con el lema La unidad del metal por nuestro convenio y que con el desarrollo del conflicto se modificaría por el de La unidad del metal es la unidad del pueblo.
El segundo día de la huelga, miles de trabajadores evocando las experiencias de febrero, se dirigieron al Pabellón Municipal de Deportes donde se encontraron con un fuerte despliegue policial. Desde allí se trasladaron a las Pistas de Atletismo donde se encontraron con el mismo panorama. Sin embargo, la policía, a diferencia de la Huelga General Política, realizó diversas cargas pero con la precaución de no provocar heridos graves, de hecho sólo se contabilizaron cuatro heridos leves, y sin practicar detenciones. Se quería evitar que la represión alimentase y extendiese el conflicto como ocurrió en febrero. Desde entonces y hasta el final del conflicto, siguiendo el consejo del alcalde accidental, Ricardo Royo, las fuerzas policiales no intervinieron manteniéndose a la expectativa.
El 16 de septiembre la patronal tomó una determinación insólita que resulta expresiva de la extrema dureza del conflicto. Tras una asamblea general extraordinaria solicitó al Gobierno Civil la autorización para decretar el cierre patronal o lockout de los 221 centros de trabajo en huelga. Una decisión que no tenía precedentes desde la década de 1920. De este modo, los empresarios del metal ponían toda la carne en el asador para agotar y derrotar a una clase obrera crecida y levantisca. El lockout provocó, en un primer momento, la extensión del conflicto a las empresas del metal de Rubí, Castellar, Caldes, Ripollet, Cerdanyola y Santa Perpètua donde la huelga adquirió una gran dureza.
En este estado de máxima tensión, el gobierno emitió el 23 de septiembre un laudo laboral “de obligado cumplimiento”. Esto sirvió de pretexto a los empresarios para dar por finalizadas las negociaciones y exigir a los trabajadores que se atuvieran al estricto cumplimiento del laudo.
Mujeres y periodistas
La negativa de las organizaciones obreras a aceptar el laudo auguraba un conflicto largo y desencadenó la solidaridad en forma de numerosas y cuantiosas donaciones económicas a la caja de resistencia. SEAT, La Maquinista, numerosas empresas del Baix Llobregat, incluso la Brigada Lincoln de veteranos norteamericanos que lucharon por la Segunda República y los sindicatos italianos, aportaron fondos. Las mujeres organizaron una potente organización paralela de apoyo a la huelga, que merecería un tratamiento temático específico. Por toda la ciudad se repartieron huchas para recoger dinero. Estos esfuerzos confluyeron el 26 de septiembre en un gran Festival por la Unidad en Sant Julià donde se reunieron unas 15.000 personas. Así se reunió la importante suma de 5.543.302 pesetas que aseguró la continuidad de la huelga y que, de hecho, no se agotó hasta el final de la misma.
Sin embargo, la unidad política de la lucha antifranquista, encarnada en el organismo unitario Assemblea Democràtica de Sabadell, mostró las divergencias entre los partidos burgueses y las organizaciones de izquierda como se manifestó en las fuertes discrepancias a raíz de un comunicado que quería presentarse como neutral en la pugna entre la patronal y el movimiento obrero.
Otro de los aspectos novedosos de la Huelga del Metal fue el papel de los medios de comunicación. Se preludiaba su importancia en una sociedad democrática. La Comisión Deliberativa mantuvo contactos directos con los periodistas locales y nacionales y abrió a la prensa sus asambleas. Además, cada día al mediodía y la noche, un representante de dicha Comisión, normalmente Ginés Fernández, se desplazaba a Ràdio Sabadell-EAJ20 para informar de la evolución del conflicto. Esto contrastaba con la opacidad de la patronal, el ‘bunker empresarial’, que finalmente se vio forzada a convocar ruedas de prensa.
Fracasa la huelga general
A partir de finales de septiembre el conflicto se encontraba en un callejón sin salida. La extrema izquierda intentó extender la huelga a otros sectores productivos y ciudadanos. El 22 de septiembre, en una multitudinaria asamblea en la iglesia de Ca n’Oriac, se convocó para el lunes 27 de septiembre una huelga general de solidaridad. Esta huelga, sin ser un fracaso, pues la secundaron 2.000 trabajadores del textil, prácticamente toda la construcción, la recogida de basuras y un millar de obreros del sector químico, estuvo por debajo de las expectativas generadas y no consiguió paralizar la ciudad como en febrero.
Ello comportó una rebaja en los 33 puntos iniciales que se redujeron a cuatro: 4.600 pesetas brutas de salario, renegociación de las horas extras, reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales y evitar los despidos. La patronal, que se sentía fuerte después del relativo fracaso de la huelga general, se negó a reunirse con la comisión negociadora de los trabajadores. Tras el pulso social, los empresarios del metal apostaron decididamente por la derrota completa del movimiento obrero y su vuelta al trabajo sin concesiones, manteniendo el lockout el tiempo que fuera necesario con la total complicidad del gobierno de la UCD.
Ante la negativa de los empresarios a negociar, una comisión negociadora se dirigió a Madrid con la intención de entrevistarse con el ministro de Trabajo, que se negó a recibirlos y un subsecretario les comunicó que no había nada que negociar salvo el cumplimiento del laudo.
El 29 de septiembre, en una nueva masiva asamblea en la iglesia de Ca n’Oriac, se decidió convocar otra huelga general de solidaridad para el 4 de octubre. Pero volvió a fracasar. Se llegó a un punto muerto. Por un lado, continuaban llegando aportaciones económicas que permitían sostener la lucha. Por el otro, el movimiento obrero era incapaz de extender la lucha y la patronal se encastilló en la postura del lockout innegociable.
Tras el fracaso de esta segunda huelga general de solidaridad, la patronal y las autoridades políticas decidieron tomar la iniciativa. Para romper los lazos entre los huelguistas y la ciudadanía se prohibieron las emisiones en Ràdio Sabadell. Asimismo el Gobierno Civil prohibió el previsto acto de masas de apoyo, similar al celebrado en Sant Julià. Posteriormente, se buscó desarticular los mecanismos de la organización obrera. En primer lugar, se impidieron las asambleas diarias celebradas al lado de las fábricas cerradas, luego se prohibieron las reuniones de los enlaces sindicales y finalmente el 7 de octubre la asamblea nocturna en Ca n’Oriac. Este mismo día la patronal emitió una nota donde anunciaron la reapertura de las fábricas para que los trabajadores se reintegrasen al trabajo sin ninguna concesión y amenazando con el despido de quienes no lo hicieran.
Durante varios días se reprodujeron los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los trabajadores -particularmente duras entorno a la iglesia de Ca n’Oriac- y se levantaron barricadas en los barrios populares de la ciudad. Los vecinos lanzaban desde sus balcones contra la policía todo tipo de objetos, desde bolsas de basura hasta macetas y botellas de butano, en un clima de confrontación permanente y de ocupación policial de la ciudad; aunque sin causar heridos graves ni practicar detenciones.
No obstante, sobre todo en las pequeñas empresas, lentamente y bajo la amenaza de despido, los obreros iban volviendo al trabajo. El 10 de octubre, como en los viejos tiempos del franquismo, los dirigentes sindicales se reunieron en los bosques, agrupados por asambleas de cada organización sindical (CC.OO, USO y COA), donde se decidió volver al trabajo con la única condición que no hubieran despidos. Las autoridades informadas de esto permitieron la celebración de la asamblea nocturna de Ca n’Oriac, en un clima de agotamiento, cansancio y derrota. Salvo PTE y LCR todas las fuerzas sindicales y políticas apoyaron la resolución de volver al trabajo.
Ese mismo día una comisión de trabajadores fue a reunirse con la patronal para negociar que no se produjesen despidos. Los empresarios, para demostrar su fuerza y humillar a los representantes obreros, les hicieron esperar una hora para comunicarles que no podían recibirles. Finalmente, la amenaza de reemprender la huelga el 18 de octubre condujo a la readmisión de la mayoría de despedidos, aunque no de todos.
Fin de ciclo
Si la Huelga General Política de febrero de 1976 marcó el zénit de la oposición antifranquista y de la ofensiva del movimiento obrero, la Huelga del Metal señaló el inicio del reflujo del empuje de las organizaciones obreras. Por un lado, el carácter netamente clasista del conflicto mostró las divisiones entre los partidos democristianos, liberales y de izquierda de la oposición democrática. Por otro, el PSUC, la principal fuerza de la izquierda y la oposición democrática local, estaba, junto el PCE, iniciando la negociación con el gobierno de Suárez que culminaría un año después con los Pactos de la Moncloa (25 octubre 1977). Tampoco el PSUC quería favorecer el gran crecimiento de los partidos marxistas situados a su izquierda desde la muerte de Franco.
La Huelga del Metal presentó dos novedades que preludiaban los nuevos tiempos democráticos. El papel cada vez más relevante de las mujeres en la vida pública, en un contexto dominado por un machismo sociológico transversal, y la creciente importancia de los medios de comunicación como conformadores de la opinión pública.
La patronal, con el apoyo del gobierno, no estaba dispuesta a que Sabadell se convirtiese en la vanguardia, en la ciudad piloto, de un movimiento de protesta anticapitalista que podría hacer descarrilar los pactos de la transición. La profundidad de la crisis industrial que, posteriormente, condujo a una cadena interminable de cierres empresariales, reestructuraciones de plantilla y paro masivo, provocarían, como ha analizado Sebastian Balfour, la ruptura de la columna vertebral de un movimiento obrero extraordinariamente combativo y que, desde entonces, no ha vuelto a levantar cabeza.
Bibliografia
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