L’ESTAT DE LA CIUTAT

El curso político ha estado caracterizado por dos procesos. Por un lado, por los efectos del caso Mercurio que han provocado la dimisión de Manuel Bustos; por otro, por la imparable pérdida de centralidad de la ciudad con la liquidación de Unnim, la OPA de Agbar y el control japonés sobre el Centre d’Esports, en un contexto de profunda crisis económica y de fuertes tensiones nacionalitarias.

El estallido el 27 de  noviembre del caso Mercurio de presunta corrupción urbanística en el ayuntamiento de Sabadell ha determinado la situación política de la ciudad. Después de tres meses de resistencia numantina, el alcalde Bustos se vio forzado a abandonar el cargo y dejar paso a su mano derecha, Juan Carlos Sánchez, que fue investido el pasado 5 de marzo.

 Durante este atribulado trimestre planeó la posibilidad que los cinco grupos de la oposición (EUiA, ICV, Entesa, PP y CiU) planteasen una moción de censura que arrojase a los socialistas del poder. La investidura de Sánchez marcó un punto de inflexión. Convergència i Unió (CiU), que había sido la formación más reticente a sumarse a la moción de censura, le ofreció un margen de confianza, permitiendo con su abstención aprobar los presupuestos municipales bloqueados por la crisis mercurial.

El caso Mercurio, donde el ex líder del Partido Popular (PP), Jordi Soriano, figura como uno de los principales imputados, tuvo un efecto colateral sobre la formación conservadora. Dos de los tres regidores del grupo municipal, Nicole Pans y Antonio Vega lo abandonaron. Ahora bien, mientras la primera entregaba el acta de concejala, siendo sustituida por Cuca Santos, el segundo rompía con el partido y se convertía en regidor no adscrito.

La investidura a la alcaldía de Sánchez concitó grandes expectativas sobre su voluntad de emprender la necesaria labor de limpieza y regeneración democrática en la administración local. En gran medida se han visto defraudadas. En efecto, excepto Montserrat Costa, jefa de gabinete de alcaldía y pareja del ex alcalde Bustos, Sánchez ha mantenido a los cargos de confianza y funcionarios imputados y no ha realizado ningún gesto para que los tres concejales imputados del grupo socialista entreguen el acta de regidor.

Tampoco ha dado señales de emprender ninguna operación de regeneración democrática como pudo comprobarse en el proceso de elección de nuevo director/a de Ràdio Sabadell, donde apostó –con el apoyo del PP- por el continuismo encarnado en la persona de Manolo Garrido. Del mismo modo, apoyó sin fisuras al regidor de comercio, Carles Bosch, en el feo asunto del video viral Compra en Sabadell, que evocó las peores prácticas clientelares del bustismo. De este modo, Sánchez aparece prisionero del aparato local del partido controlado por los hermanos Bustos y el ejecutivo local parece haber entrado en una fase de desgobierno y acelerada descomposición.

No obstante, se multiplican los signos subrepticios del creciente enfrentamiento entre el sector bustista y Sánchez , así como del malestar de un sector de la militancia ante una situación surrealista que aboca al partido al desastre. En esta línea, la eventual destitución de Paco Bustos al frente de la agrupación del Vallès Sud podría liberar las tensiones largamente contenidos. Paco Bustos se mantiene en el cargo contraviniendo el código ético del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que obliga a los imputados a dejar sus cargos orgánicos, como ha ocurrido con el ex secretario de organización Dani Fernández y el propio Manuel Bustos. Tanto es así que, en los mentideros políticos de la ciudad, circulan insistentes rumores sobre la eventualidad que el ex alcalde rompa con su partido y encabece un proyecto político propio.

Acusación popular

La comparecencia de la plataforma Sabadell Lluire de Corrupció como acusación popular en el caso Mercurio cierra el círculo iniciado el 27 de noviebre La plataforma está formada por cinco formaciones de izquierda (ICV, EUiA, Entesa, ERC y CUP) y diversos colectivos ciudadanos y la acusación popular tendrá el apoyo jurídico de la Associació Lliure d’Advocats i Advocades de Catalunya (ALLAC). El hecho que ni CiU ni PP se hayan sumado a esta iniciativa apunta hacia los apoyos que el PSC buscará lo que resta de mandato, pero también a una eventual operación de candidatura unitaria de las fuerzas a la izquierda del PSC que podría disputarle la alcaldía.

Ciertamente, el hecho que el equipo de gobierno no haya emprendido una operación de regeneración democrática en la administración local, unida al declive general de los socialistas, propiciaría el éxito de una operación en este sentido.

Crisis y recesión

Mientras en el ámbito político se multiplican los signos del fin de una era dominada por la controvertida figura de Manuel Bustos, que ha encarnado lo peor de una clase política mediocre y corrupta ahora completamente desacreditada, la ciudad continúa sumida en una profunda recesión económica que está destruyendo los últimos vestigios del vieja ciudad-fábrica y transfiriendo el poder de decisión desde instancias locales a corporaciones exteriores a Sabadell.

Ello se ha puesto de relieve con la liquidación de Caixa Sabadell-Unnim, ahora en manos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la OPA de Aigües de Barcelona (AGBAR) sobre la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), la última joya de la corona de la burguesía industrial, que se ha resuelto con el control de la multinacional francesa, o con la adquisición por parte de un grupo japonés del Centre d’Esports Sabadell, escaparate de los empresarios de la ciudad. Eso sin contar con los negativos efectos sobre el comercio local del Parc Empresarial de Sant Pau de Riu-sec, reconvertido en una macroárea comercial.

Además, ahora están apareciendo las consecuencias de la pésima gestión económica durante el bustismo. No sólo en lo relativo a la elevada morosidad con los proveedores que condujo a la intervención de las finanzas municipales por el ministerio de Hacienda y la aplicación de severo plan de ajuste, sino las derivadas de desmanes como los relacionados, entre otros, con la Pista Cubierta de Atletismo, el FEIL de Cal Molins o el vivero empresarial de Can Roqueta. Según ha denunciado recientemente CiU en total la cifra asciende a 42,5 millones de euros.

Este proceso se desarrolla tras el telón de fondo de una crisis financiera que constituye un ataque sin precedentes a las condiciones de vida y de trabajo de las clases asalariadas, cuestionando los principios y valores del Estado del Bienestar. Esta conjunción de factores está provocando una situación de extrema gravedad social en muchos barrios de la ciudad que podría desencadenar estallidos sociales de imprevisibles consecuencias.

A estos factores se ha de añadir la creciente fractura política e identitaria generada por el proyecto secesionista, liderado por CiU y ERC, que cuenta con un amplio apoyo entre las clases medias catalanohablantes y que está generando la división y la inoperancia entre las formaciones de la izquierda parlamentaria catalana (PSC e ICV-EUiA). Unas fuerzas incapaces de levantar una alternativa creíble al soberanismo y condenadas al seguidismo respecto al nacionalismo burgués y pequeñoburgués, lo cual les impide capitalizar el malestar que la crisis financiera y la recesión económica de las clases trabajadoras.

Las dos tareas

En conclusión, en el próximo curso político se plantean dos grandes tareas políticas. Por un lado, la impostergable labor de regeneración democrática de la administración local, que se incrementará a medida que avance la instrucción del sumario de Mercurio y que se verá favorecida por las eventuales actuaciones de la acusación popular.

Por otro, la elaboración de un nuevo modelo económico que permita encarar la salida de la crisis que, a medio plazo, implicará la construcción de una alternativa política al bustismo.