El equipo de gobierno convocó un pleno extraordinario para aprobar dos dictámenes, uno sobre las ordenanzas fiscales y otro sobre la subida del precio del agua, que habían sido rechazados en el pleno del 2 de diciembre.
La sesión, de poco más de una hora de duración, mostró el malestar de la oposición por la táctica del gobierno municipal de volver a llevar al pleno, sin modificaciones, los dictámenes rechazados. El PSC aprovechó la presencia de Paco Bustos, ausente en el pleno de diciembre, para aprobar las ordenanzas y pudo para sacar adelante la subida del precio del agua gracias a un acuerdo con el PP.
El regidor no adscrito, Antonio Vega, quiso salir al paso de las acusaciones de formar parte del “grupo mudo” por sus escasas intervenciones en los plenarios, que justificó con el argumento de no querer influenciar el voto de las otras formaciones con el anuncio de su voto. En efecto, dada la correlación de fuerzas, el voto de Vega es determinante si toda la oposición se posiciona contra el equipo de gobierno. De hecho, al producirse un empate a 13 votos, el ejecutivo municipal pudo aprobar las ordenanzas fiscales gracias a la abstención de Vega y al voto de calidad del alcalde Juan Carlos Sánchez.
En este punto, el único regidor de ICV, Aureli Calvo, realizó una desafortunada intervención al proclamar su confesión protestante y apelar al espíritu navideño. Una mezcla de política y religión impropia de la defensa de la laicidad de la formación que representa.
La oposición de izquierdas y CiU cargaron duramente contra Josep Ayuso, que actuó como ponente en defensa de las ordenanzas que les acusó de poner sus intereses partidistas por encima de los ciudad y dando a entender que él es el único que los defiende. Ayuso replicó con extraordinaria e injustificada agresividad a las críticas, lo cual puso de manifiesto su escasa capacidad negociadora y los modos autoritarios del candidato socialista a la alcaldía.
Lluís Monge fue el encargado de defender la subida del precio del agua con un dictamen idéntico al rechazado a principios de mes. En esta ocasión, como suele ser habitual en el mandato, el PP ‘salvó los muebles’ del equipo de gobierno argumentando que habían arrancado a la Compañía de Aguas 12.000 euros adicionales destinados a las familias que no pueden pagar los recibos y a las entidades del tercer sector. Un acuerdo del cual no habían sido informados el resto de grupos municipales, cuyos portavoces, especialmente Maties Serracant de Entesa per Sabadell, calificaron de menosprecio y burla a la institución local.
La sesión evidenció el escaso respeto del PSC por las más elementales formas democráticas. En primer lugar, por volver a presentar unos puntos que habían sido rechazados y en segundo lugar porque pudieron hacerlo gracias al voto del edil procesado Paco Bustos que, según el código ético del partido, debería haber abandonado el cargo.
One Comment