EL PLENO CRÍTICO
La maratoniana sesión, de seis horas de duración, estuvo marcada por la presencia de diferentes colectivos que exhibieron pancartas alusivas a sus diversas reivindicaciones.
No es la primera vez que la sala de plenos resulta la caja de resonancia de las protestas ciudadanas. Una representación de la Associació de Veïns de la Creu de Barberà distribuyó octavillas y enarboló pancartas contra Roberto Abril, que tomó posesión del acta de regidor en sustitución del ex alcalde Manuel Bustos. De este modo evocaron el comportamiento de Abril en marzo de 2011, en plena precampaña de las anteriores municipales, cuando reventó una asamblea vecinal para protestar que su presidenta Anna López figurase en la listas de ICV-EUiA. Una actuación mamporrera que involucró a la dipuimputada Montserrat Capdevila que intentó irrumpir en la asamblea vecinal custodiada por la Policía Municipal, movilizada a tal efecto por el edil imputado Joan Manau. Un episodio lamentable, característico del estilo Bustos, que en su día levanto una gran polémica y cuya evocación planeó sobre la sala de plenos.
Se estaban debatiendo las ordenanzas municipales cuando llegó a la plaza Sant Roc la manifestación de los vecinos de Can Puiggener para protestar por los reiterados incumplimientos del equipo de gobierno de sus compromisos con los vecinos. El barrio está padeciendo una inquietante e imparable degradación. Una nutrida representación vecinal llenó el vestíbulo de la sala, pues un cordón de agentes de la Policía Municipal impidió su acceso a la sala, excepto a un par de representantes vecinales que desplegaron una pancarta. El alcalde hubo de llamar en diversas ocasiones al orden para imponer un mínimo de silencio para continuar el debate y la situación estuvo a punto de írsele de las manos. Finalmente, los vecinos abandonaron el plenario entre gritos de descalificación al gobierno local.
A lo largo de la sesión, miembros de colectivo a favor de soterramiento de los FGC por su paso por Gràcia y Can Feu que lucían camisetas alusivas al tema, desplegaron pancartas reivindicativas. Los vecinos hicieron gala de una gran paciencia, resistieron estoicamente las seis horas del pleno, pues la moción que trataba del asunto fue la última del orden del día.
También desplegaron sus pancartas miembros del colectivo que reclama un cambio del emplazamiento de las Barraques de la Festa Major para apoyar la moción de CiU. Una proposición desafortunada ya que, en vez de plantear directamente el tema, se intentó sin éxito camuflarla bajo el epígrafe de un “paquete de medidas contra la contaminación acústica”. Una maniobra que fue objeto de duras críticas por parte del resto de la oposición y del equipo de gobierno, excepto del PP, la única formación dio apoyo a los convergentes.
Tres botones de muestra
Los áridos debates sirvieron para mostrar la degradación que está experimentando la política local en este atribulado mandato. Sólo pondremos tres ejemplos. La edil socialista, Cristina Moreno, se las vio y se las deseó para defender los puntos relativos a la regularización de los servicios complementarios de la empresa Torra SA concesionaria del Tanatorio Municipal cuya adjudicación, como le recordaron los grupos de la oposición, está siendo investigado en el caso Mercurio y cuyos propietarios están imputados por los presuntos delitos de soborno, falsedad documental y estafa.
En el punto relativo a la modificación de presupuesto prorrogado de 2013 y el reconocimiento extrajudicial de deudas, el ponente y alcaldable socialista, Josep Ayuso, fue preguntando reiteradamente por los grupos de la oposición por las facturas millonarias que ahora han aflorado. Ayuso se negó a responder y le pasó el marrón a Marta Farrés, aduciendo que ésta lo explicaría en el punto relativo al Plan de Viabilidad de VIMUSA. Como era previsible, Farrés no dio ninguna explicación. El asunto sirvió para ilustrar la excelente coordinación y buena sintonía entre los dos regidores que disputaron las primarias.
En el punto de ruegos y preguntas, el portavoz convergente Carles Rossinyol se interesó por la colaboración material del ajuntament de Sabadell en la consulta del 9N. El alcalde Juan Carlos Sánchez hilvanó una confusa respuesta para no comprometerse y dejar la decisión en manos del secretario municipal y los servicios jurídicos de la casa.
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