L’ESTAT DE LA CIUTAT
La prórroga de un mes a la alcaldía de Bustos y la moción conjunta de la oposición que le reprobará a él y al alcalde accidental en el próximo pleno muestran que la crisis política desencadenada por la Operación Mercurio se acerca a su desenlace.
Existía una enorme expectación sobre la decisión que adoptaría Manuel Bustos cuando estaba a punto de agotarse el plazo de la renuncia temporal a la alcaldía (6 de enero) y cuando el martes 8 de enero está convocado un pleno muy complicado.
Finalmente, decidió prorrogar un mes más la alcaldía accidental, hasta el levantamiento del secreto del sumario, en la persona de Juan Carlos Sánchez. No obstante, se negó a aplicar la moción conjunta de la oposición, aprobada en el pleno del 4 de diciembre, que le instaba a seguir su ejemplo y apartar “temporalmente” al resto de cargos electos, de confianza y funcionarios municipales imputados en la presunta trama de corrupción urbanística.
Afirmó, en un ejercicio de distorsión de la realidad, que el gobierno municipal “ha dado respuesta al espíritu” de esta moción, cuando lo cierto es que, excepto él, todos los imputados permanecen en sus cargos como se reconoce en el mismo comunicado.
Se trata, pues, de un flagrante incumplimiento del mandato del pleno, lo cual constituye una gravísima vulneración de las normas elementales que deben regir las instituciones democráticas.
Reprobaciones anunciadas
Esta declaración se producía poco después que los cinco grupos de la oposición difundiesen una nota de prensa donde anunciaban que presentaran, en el próximo pleno, una moción conjunta. En ella se reprueba a Bustos y Sánchez por incumplir la moción del 4 de diciembre, que insta al resto de imputados a dimitir “voluntariamente” y recuerda al PSC sus compromisos programáticos referidos al cese inmediato de los cargos públicos imputados por delitos de corrupción.
La sección local del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) replicó de manera inmediata a través de un comunicado que destaca por la pobreza de sus argumentos. Critican a la oposición por no “respetar la presunción de inocencia”, cuando lo que la oposición exige es la depuración de responsabilidades políticas dada la gravedad de las acusaciones que penden sobre los cargos electos.
Si aplicásemos este criterio al caso Pretoria, Bartomeu Muñoz continuaría siendo alcalde de Santa Coloma de Gramanet, pues aún no hay sentencia firme contra él y continúa prevaleciendo la presunción de inocencia. Se trata, pues, de una pequeña hoja de parra que apenas basta para cubrir la vergüenza de mantener a los imputados en sus cargos como si aquí no hubiera pasado nada.
Acusan de “irresponsabilidad a la oposición” por atreverse a exigir la lógica depuración de responsabilidades políticas sin preguntarse ¿qué oposición sería si no hiciese? y también por malinterpretar el contenido de su programa electoral diáfanamente claro para todo el mundo excepto para ellos. En realidad, quien se está mostrando extremadamente irresponsable es la dirección local del PSC. Al negarse a cesar a los imputados, no le importa precipitar a la ciudad a una profunda crisis política.
El rey desnudo
Estas novedades se sucedieron en una semana dominada por el movimiento en falso del alcalde y fiel reflejo de su estilo de gobierno. Entesa per Sabadell denunció que en la festividad de los Santos Inocentes -qué mejor día para proclamar su inocencia- Bustos y la teniente de alcalde Montserrat Capdevila se habían reunido con una quincena de representantes de entidades ciudadanas en la sede del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, convocadas por su presidente Eduard Gutés.
En el curso del encuentro, de unas dos horas de duración, Bustos dijo ser víctima de una conspiración político-judicial para destruirlo y, según la versión de algunos de los asistentes a dicha reunión, perdió los papeles acusando con malos modos y palabras gruesas a la oposición y en particular a Convergència i Unió (CiU) de ser los causantes de su desgracia. Ambos tiraron de pañuelo y lagrimearon sobre los graves efectos sobre la salud de sus familias del escándalo, buscando complicidades sentimentales.
Desde luego, como denunció Entesa en su comunicado, esta actuación revela una preocupante “falta de ética”. En efecto, no es correcto que Bustos, apartado temporalmente de la alcaldía, se reúna en secreto con las entidades para manipularlas y atacar a la oposición. Todo ello sobre unos hechos que están bajo el secreto de sumario que tanto invocan los socialistas cuando les interesa, pero que no les importa vulnerar cuando les conviene. Una desafortunada iniciativa que no pretendía defender ni los intereses de la ciudad, ni siquiera los de su partido, sino sus estrictos intereses personales con el objetivo de mantenerse en el cargo.
La sección local del PSC no defraudó las expectativas, respondiendo con un comunicado alucinante. Como en el mundo al revés, acusaron a Entesa de “ejercer presión y coacción sobre las entidades que quieren mostrar su apoyo al alcalde”, cuando justamente eso es lo que intentó Bustos con escaso éxito. Si el alcalde tanteó a las entidades para que suscribiesen un manifiesto en su apoyo se encontró con una gélida acogida. Según algunos asistentes a la reunión, su larga diatriba tuvo más bien un efecto contraproducente.
Quien ha quedado bien retratado en este desagradable asunto es Eduard Gutés. El presidente del citado colegio profesional, al verse descubierto como intermediario de la operación de Bustos, aseguró que todos –incluido él mismo- asistieron a la reunión a título individual y que -tomen nota ciudadanos- cede sus locales a casi todos aquellos que los piden. Remató sus incoherentes explicaciones sintiéndose “manipulado” por Entesa que lo único que ha hecho es desvelar a la opinión pública una opaca maniobra, lo cual siempre es de agradecer.
La Operación Mercurio no sólo ha destapado una presunta trama de corrupción, sino un estilo de gobierno autoritario, populista y clientelar que vulnera principios elementales de la vida democrática.
Siniestro total
El encastillamiento del alcalde y la sección local del PSC, donde no se ha oído una sola voz crítica, está siendo sumamente perjudicial para la ciudad, para el Partido Socialista y para Juan Carlos Sánchez.
Sabadell, sumida en una grave recesión económica, no puede permitirse el lujo del bloqueo institucional, supeditada a decisiones judiciales como el levantamiento del secreto de sumario o la redacción del auto de procesamiento cuyo plazo desconocemos. La vida política no puede depender del ritmo de la justicia como pretenden Bustos y sus acólitos.
La sección local del PSC se está desacreditando a fondo al subordinar los intereses del partido a la suerte de su líder. Ciertamente, se puede argüir que Bustos ha urdido una tupida trama de intereses clientelares en el partido que impide el afloramiento de planteamientos críticos. Ello indica que los socialistas de Sabadell tendrán un grave problema para gestionar el postbustismo y reconstruir al partido. Esta crisis de carácter local, unida a factores de carácter general, puede conducirles a que no levanten cabeza durante años.
Esto que vale para el partido sirve igualmente para Juan Carlos Sánchez, que aparece como una marioneta en manos de Bustos, lo cual supone una grave erosión para su imagen de político hábil, abierto y negociador que ha cuidado durante años y un inconveniente si quiere liderar la regeneración del partido en la ciudad.
Los tres ejes
La próxima semana política comenzará con un pleno caliente donde Bustos y Sánchez serán reprobados. Este puede ser el inicio de una ofensiva de la oposición para conseguir la dimisión del alcalde y los cargos públicos imputados.
La gravedad de la crisis política exige una salida rápida y la oposición no puede hacerle el juego a las excusas de un PSC dominado por Bustos que solo quiere para ganar tiempo y alargar la impostergable decisión de dejar el poder.
Considero que la mejor solución a la crisis pasa por un gobierno de coalición de izquierdas, presidido por un socialista no imputado, a fin de respetar la voluntad popular expresada en las pasadas elecciones municipales. Un ejecutivo sustentado en un pacto de ciudad suscrito por todas las formaciones representadas en el Consistorio sobre tres ejes programáticos.
- Un conjunto articulado de medidas de regeneración democrática para erradicar las prácticas de clientelismo, populismo, control despótico de entidades cívicas y medios de comunicación características del estilo Bustos.
- El compromiso contra la corrupción, de limpieza a fondo de todos los departamentos municipales sobre los que pende la sospecha de actividades ilegales.
- Un programa contra los efectos sociales de la crisis y por un modelo de ciudad que impulse la reactivación económica y la salida de la recesión.
Resulta urgente que las fuerzas políticas representadas en el Consistorio y particularmente el PSC se orienten en esta dirección.
