A dos meses de las municipales la noticia del sobreseimiento de la causa por las dietas de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) desató la euforia en las sedes los partidos que tenían imputados en esta pieza separada (25 bis) del caso Mercurio. La mayoría del PSC, pero también de CiU, ERC e ICV. De hecho, una veintena de alcaldes ahora desimputados optan a la reelección.
También Manuel Bustos, que durante meses ha guardado silencio, publicó inmediatamente un escrito en su página de Facebook donde se congratula por el fallo judicial y sostiene que “ha quedado demostrado” la legalidad de las retribuciones y regalos a los miembros de la entidad municipalista y cargó contra los “medios de comunicación y algunos políticos” que le han causado un “daño irreparable”.
Sin embargo, el auto de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona no se pronuncia sobre el fondo del asunto. Simplemente constata que la FMC es una entidad “sometida al ámbito del derecho privado” y aduce como prueba que la adscripción a la misma era voluntaria. Aunque reconoce que se nutría de fondos públicos, a través de las cuotas de los ayuntamientos, arguye que éstos dejaban de serlo en el momento que ingresaban en las arcas de la entidad municipalista. La misma argumentación que probablemente se esgrimirá para archivar la pieza sobre el regalo de 70 relojes Calvin Klein por un valor de 14.060 euros a 66 alcaldes.
El hecho es que, según los Mossos d’Esquadra, la jueza instructora, Beatriz Faura y el fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, entre 2011 y 2012 se pagaron casi 300.000 euros a 44 alcaldes y alcaldesas que integraban el comité ejecutivo de la FMC, una imputación que posteriormente se extendió a 10 alcaldes más. Unos emolumentos que figuraban como dietas pero que en realidad eran sobresueldos encubiertos e injustificados. Pero es que, además, como revelan las transcripciones del sumario de Mercurio, Bustos utilizó la tarjeta de crédito de la FMC para sus gastos personales: desde hoteles de lujo a comidas en restaurantes de alto standing y regalos que no pueden justificarse como gastos de representación y de los cuales los Mossos disponen de documentación probatoria.
Quizás sobre los tres magistrados que han emitido el auto pesó el temor de provocar un auténtico terremoto político al procesar a 54 alcaldes de los partidos citados en puertas de las municipales. En cualquier caso, se trata de un fallo desafortunado pues avala unas prácticas inmorales con el endeble argumento que la FMC es una entidad privada, cuando sus fondos proceden del erario público y sus beneficiaros son cargos electos supuestamente al servicio de la ciudadanía. Un auto que alimenta las sospechas de la existencia de dos varas de medir según se trate de ciudadanos de a pie o de miembros de las élites políticas y económicas.
Afortunadamente el caso no está cerrado. Aunque la sentencia es firme y no puede ser recurrida por las vías ordinarias, el fiscal Bermejo está estudiando presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esperemos que esta instancia judicial estime positivamente los argumentos del fiscal. De esta manera se restablecería el necesario equilibrio entre ética y justicia que este auto de la Audiencia Provincial ha vulnerado.
Buenas tardes, tal y como el enunciado del artículo dice, se trata de una opinión y por una vez no estaré de acuerdo con las conclusiones a las que en él se llega.
La justicia no siempre va de la mano de la ética, ni tiene porque hacerlo. En todo caso, tiene que ver con los hechos concretos que se tengan que juzgar, y con que la valoración de los mismos se correspondan con unas acusaciones adecuadas a ellos, (si procede, cosa que no siempre se produce).
Para sustentar la acusación de malversación de fondos públicos (delito contra la administración pública), se requiere según la jurisprudencia que la entidad tenga carácter de administración pública o empresa vinculada a la administración y que estas sean sufragadas con fondos de la misma y estaba claro desde el principio que en este caso eso no era así. ¿Por qué no se acusó de apropiación indebida o similar? y se prefirió esta otra, ¿quizá porque así suena a administración, políticos, sueldos, partidos =chorizada?.
Personalmente creo que la acusación, llámese fiscal, llámese acusación popular ha fallado estrepitosamente en este caso ya que tal y como se dice no es posible acusar de malversación de fondos públicos a quien se beneficia de dinero privado (por más que cueste entenderlo) y la Audiencia Provincial no puede entrar en otras consideraciones so pena de incurrir en incongruencia, hecho que como todos sabemos consiste en pronunciarse sobre temas que ninguna de las partes le ha solicitado.
En definitiva, soy consciente de que lo que digo, no va a gustar a muchas personas, pero el tema estaba cantado desde el principio, todos sabemos que algún grupo político así lo dijo y también sabemos que ahora nadie remediara las críticas que se le realizaron en su día, ni nadie se va a desdecir de ellas, aunque solo sea por eso, yo también afirmo que lo ético, lo justo y lo legal, no siempre van unidos.
Saludos
Haber si lo entiendo Paco: Se crea una entidad y le llaman FMC. La utilizan (entre otras cosa) para ingresar en esta grandes cantidades de dinero que procede de los Ayuntamientos. Es decir, (‘dinero publico’). Deciden repartir parte de esos ingresos entre amigotes. En subirse el sueldo, suculentas cenas, restaurantes de lujo y caprichos personales y además, acuden a las reuniones en coches oficiales y encima se cobran dietas. Todo con el (‘sacrifico de muchos contribuyentes’). Y nada que objetar ¿Verdad? Y lo mejor, para que no les puedan meter mano (por lo robado), como son parte del que “hace la leyes” le pongo al chirigüito lo de (‘Entidad privada’), y así ya pueden hacer con el dinero de ‘todos’ lo que les venga en gana. Y encima, seguro que se enfadarían si le llamásemos “MAFIA”.
Quizás pueda ser legal lo que han hecho. (Ya que como es lógico lo tenían preparado de antemano haciendo una ley a su medida), pero lo que es, ético (y mucho menos moral) no lo es. Por lo que espero que a todos esos partidos que son los que están dando cobertura a está gentuza la ciudadanía sepa darle respuesta donde más les duele (en las urnas). Y no olviden que los que se han llevado el dinero de todos están en: una mayoría, en el (PSC), también en (CIU), (ERC) e (ICV).
Buenas tardes, Sr. Quirós, quizá no me he explicado bien, lo que yo planteo es que cuando se realiza una imputación, hay que saber que se corresponde exactamente con los hechos, so pena de que luego pasen estas cosas.
Lo que yo he leído en los periódicos es que el Tribunal no entra en el fondo del asunto ya que no se puede imputar un delito contra la Administración Pública a una entidad que es privada, ya que aunque a determinadas personas les cueste creerlo, aunque el dinero provenga de los Ayuntamientos cuando se traspasa a la FMC pasa a ser de esta , es decir, podría tratarse de un robo, una sustracción, un uso indebido de fondos de la FMC, etc, etc, (dinero privado), pero no de una malversación (dinero público), no digo más, solo eso.
Por lo demás nunca he justificado el tema, ni he dicho que se haya hecho bien ni mucho menos, pero si añadiré que la incongruencia está en que la Ley de la consideración de privada a una entidad que aglutina únicamente a entidades locales. A ver si en un futuro, somos capaces entre todos de modificar algunas de esta incongruencias, aunque para ello habrá que dejarse de historias y ponerse unitariamente a trabajar, VERDAD SR. QUIRÓS.
Saludos
Aunque parezca mentira, aun nos queda un poco de esperanza para que estos ‘chorizos’ paguen por lo que se han llevado ¡Aunque ya sabemos como está la Justicia! http://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/152/anticorrupci/vol/rec/rrer/arxivament/cas/dietes/fmc?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Comparto totalmente el analisis d Santamaria, la tecnica juridica hace q este asunto no sea punible, pero los politicos tienen q tener una etica q no haga posible ni admisible bajo ningun cocepto este tipo de conductas