ARTÍCULO DE OPINIÓN
Josep López, Coordinador de ICV Sabadell.
El 27 de noviembre de 2012 se desplegaron 300 Mossos d’Esquadra en una cincuentena de edificios de Sabadell y comarca. Empezaba la llamada operación Mercurio, liderada por la fiscalía anticorrupción. Mercurio en la mitología romana era el mensajero de los dioses.
La investigación se había iniciado en el año 2010. Según la fiscalía se investigaba una trama política y empresarial dentro del ayuntamiento de Sabadell.
Para tener ventajas en las adjudicaciones de obras públicas, se cobraba un depósito que iba de los 120.000 euros a los 300.000. En función del presupuesto de la obra la cantidad era más grande. Lo que se recaudaba se repartía entre políticos y funcionarios involucrados. Acabada la obra se cobraba un tres por ciento en dinero negro. La fiscalía aseguraba que las personas vinculadas a la trama habían podido cometer siete delitos: prevaricación (ordenar algo a sabiendas que es injusto), cohecho (soborno), tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.
Continúa el procedimiento judicial del caso Mercurio. Se están produciendo nuevas imputaciones y se amplía el número de piezas judiciales (más de 30).
De momento ha habido una sentencia en la pieza número cinco. El tribunal superior de justicia de Catalunya condenó a Manuel Bustos, Daniel Fernandez (exsecretario de organización del PSC de Catalunya) y Francisco Bustos a un año y cuatro meses de prisión por tráfico de influencias, sesenta mil euros e inhabilitación para ocupar cargo público durante cuatro años, seis meses y un día por tráfico de influencias. A Maria Elena Perez inhabilitación para ocupar cargo público durante siete años. Han recurrido al tribunal Supremo.
Como novedad destacable hay que decir que el actual gobierno municipal se ha personado en la causa como acusación particular.
Las personas de ICV Sabadell, ya en su día pusimos en conocimiento, de quien correspondía, los datos que obraban en nuestro poder. A partir de ahí se inició la investigación. Ahora continuaremos colaborando con el gobierno municipal y su concejalía de transparencia, facilitando todos los nuevos elementos de interés e informaciones a nuestro alcance, para, si se permite la expresión, levantar alfombras. Se trata de aclarar situaciones del pasado inmediato y de evitar que se repitan conductas, supuestamente delictivas.
Cuando vemos las noticias sobre corrupción por televisión apreciamos que, en los diferentes casos, existen repercusiones económicas para el erario público. Los presupuestos de las adjudicaciones incorporan también las ‘gratificaciones’. Es decir, además de la inmoralidad, y el comportamiento delictivo de algunas personas, se produce una repercusión en los fondos públicos, que proceden de las personas contribuyentes. Eso es muy grave en un momento de crisis como el actual. La ciudadanía siempre tiene la potestad de proceder a la limpieza, aunque a veces sorprenden algunas situaciones y algunos resultados electorales. ¿Es frágil la memoria?
Parece más que evidente lo que pasa en cualquier comunidad de propietarios de un bloque de pisos. Si hay indicios conocidos de irregularidades, cometidas por las personas que están en la presidencia, seguro que los vecinos de la escalera no volverán a votar a esa personas, además de proceder ante las instancias judiciales. Hay una pregunta, a mi juicio, que es clara y nos podríamos hacer: ¿Lo que no queremos para nuestra comunidad de escalera, lo queremos para nuestras otras comunidades, llamadas ayuntamiento, gobierno de la Generalitat y gobierno central? El próximo día 20 de diciembre tenemos otra cita electoral. Planea por el espacio el caso Gurtel, Púnica, Palau, tres por ciento, Pujol, etc. Que la suerte nos acompañe.
