ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, sociólogo
La decisión del tripartito PP-VOX-Junts de votar contra medidas destinadas a crear un escudo social destinado a beneficiar a las clases trabajadoras y a los sectores vulnerables de la sociedad es un acto que confirma las políticas de la derecha estatal y desenmascara a un partido nacionalista de la derecha radical gobernado por un personaje que vive en Bruselas, dejando claro que, de gobernar tales partidos, nadie espere una sociedad más justa y equitativa. PP y Junts -herederos de CiU– son, por naturaleza, corruptos, ampliamente documentados en la hemeroteca y refrendados por sentencias que lo acreditan: PP con sus más de 30 juicios pendientes con cientos de millones de euros implicados y la condena como organización para delinquir por trincar, los convergentes con Banca Catalana, el Palau, el 3%, la ITV y VOX en la misma línea formando un excelso club de delincuentes.
Puede entenderse que la razón de ser de los partidos políticos sea la de defender un modelo de sociedad distinto en lo social-económico-político-ideológico-cultural, y, en ese terreno, allá cada cual con su estrategia, pero se puede pasar por alto decisiones que perjudican a decenas de millones de personas: la subida del 2,8% de las pensiones contributivas, del 6% para las mínimas, del 9% para las no contributivas; el abono gratuito por Cercanías; la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables; el apoyo a municipios afectados por la DANA o las ayudas para reducir la factura eléctrica, y con el soporte del PNV y UPN, el impuesto a las grandes energéticas sobre sus extraordinarios beneficios -recaudación dirigida, no olvidemos, a la distribución de la riqueza-.
Tan irracional, desde un punto de vista social, es votar en contra de medidas destinadas a aliviar la situación de los sectores vulnerables como antidemocráticas, en términos políticos, son las razones que subyacen en esa decisión, a saber: derribar al gobierno democrático a toda costa, como abiertamente vienen manifestando, utilizando para ello los mecanismos bajo su control como sectores del poder judicial, medios de comunicación y redes sociales, demostrando, una vez más, que su objetivo ni es un modelo de país en el que se priorice el bienestar social ni tienen interés en atender las preocupaciones, necesidades o dificultades de la ciudadanía, porque, su lógica responde al cálculo de que “cuanto peor, mejor” convencidos de la precariedad y el descontento les reportará réditos electorales.
Aunque el talante de PP y VOX resulta inconfundible al analizar objetivamente su historia y las propuestas con las que pretenden “argentinizar” España, el caso de Junts es distinto. Su deliberada máscara de eclecticismo, puede que para algunos haya logrado ocultar su verdadero rostro temporalmente, pero su deriva hacia la extrema derecha es cada vez más evidente e inevitable, por su propia naturaleza, sumado al temor a que Aliança Catalana le arrebate votos entre los sectores más reaccionarios del independentismo
Y como resulta evidente que los negacionistas del escudo social no buscaban mejorarlo, sino sabotear al gobierno, resulta de una hipocresía flagrante justificar su decisión culpando a la “ley ómnibus” (que, por sus comentarios, parece que ni la han leído), primero porque es una práctica legislativa normal, segundo porque la inmensa mayoría de medidas eran de carácter social y tercero porque PP-VOX siempre votan en contra de medidas sociales independientemente de cómo se presenten. Careciendo de argumentos y como fulleros magistrales que son, recurren a lo de siempre: bulos, desinformación y mentiras: ni sube el IVA, ni se legalizan las ocupaciones y no dudan en defender el robo cometido por la Gestapo con un inmueble del PNV. Esa es la oposición que tenemos en España sin más alternativa -porque nada tiene que decir, ni ofrecer- que la de echar al ejecutivo ignorando deliberadamente el daño que causa a la mayoría social. Habrá que ver si la ciudadanía les perdonará el “atraco” que han perpetrado contra sus bolsillos y sus derechos.
Queda instar al gobierno progresista a encontrar soluciones que mitiguen el grave perjuicio creado por los negacionistas y, en ese estado de cosas, recordar que para frenar la ofensiva reaccionaria de PP-VOX-Junts, la batalla se da en la calle, insistiendo en que, para impedir que el bienestar de la mayoría quede a merced del interés de unos pocos, la respuesta pasa por lograr más justicia social, más equidad y más derechos.
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