El consistorio suprime el registro después de enviar a fiscalía 31 casos sospechosos.
Una red cobraba a ciudadanos en situación irregular para inscribirlos.
Se acabaron las uniones civiles en Sabadell. Hace algo menos de un mes, el Pleno municipal suprimió el registro de uniones civiles, creado en 1994. Era la vía para acceder a los derechos asociados a vivir en pareja antes de la ley de parejas de hecho y del matrimonio gay. Actualmente, no es necesario y hay fundadas sospechas de que fuera una vía de explotación de personas.
El registro fue creado en Sabadell el año 1994. Su creación, como en muchas ciudades, fue vista como un paso adelante para los derechos civiles, sobre todo para algunos colectivos. Daba cobijo legal a quien no podía casarse, como los homosexuales, y a quien no quería casarse pero sí que constara que vivía en pareja.
Según el consistorio, en 2012 el registro ya no tenía ninguna utilidad. Por un lado, porque la ley de matrimonios homosexuales cubre los derechos de ese colectivo y por otro lado la reforma del Codigo Civil de Catalunya reconoce el concepto de pareja estable sin necesidad de estar registrado. Desde el 2010 se acredita formar una pareja mediante escritura pública o la hoja del padrón si se cumplen algunas condiciones, como la convivencia seguida durante dos años.
Este fue el argumento principal a la hora de explicar la medida tomada en el último pleno: el registro ya no era indispensable. Es más, podía ser incluso inválido de aquí a unos años. Pero había otros.
EUiA cree que se privan derechos
El grupo municipal de Esquerra Unida y Alternativa cree que se pueden estar vulnerando algunos derechos, especialmente a las personas de nacionalidad extranjera. La formación ha llevado el caso al Síndic de Greuges Municipal. “No hay que olvidar que la formalización de una pareja de un autóctono con una persona extracomunitaria ante un registro público es un requisito necesario para los extranjeros que quieren ver reconocida su situación y que ahora, con la supresión de esta opción, se les deniega un derecho adquirido”, según asegura la portavoz de EUiA, Marisol Martínez. “Se deja de prestar un servicio para toda la ciudadanía, un hecho que provoca que todo quien quiera este servicio tenga que pasar por un notario previo pago”, se queja. El registro era más económico que pasar por el notario.
El Síndic municipal estudia el caso
El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartín, ha recibido la queja de Esquerra Unida i Alternativa. Según fuentes de su equipo, los servicios jurídicos están estudiando la situación, habiendo pedido más información al consistorio. Cuando haya alguna conclusión, se resolverá el expediente.
La supresión del registro se ha llevado a cabo en varios municipios, entre ellos, el de Barcelona hace unos meses, pero también en Ripollet, Barberà o Montcada i Reixac. En declaraciones a la emisora Rac1 el 22 de febrero, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, señaló que no detectaba ninguna vulneración de derechos en esta medida. Ribó aseguró que fueron creados en algunos municipios previamente a la ley de parejas de hecho y que ahora sólo hace falta la declaración voluntaria ante un notario para tener los derechos derivados de ser pareja de hecho. El único inconveniente, según Ribó, podía derivar del precio de los notarios.
Usos abusivos del registro
Aunque el motivo oficial para suprimir el registro ha sido que ya no era necesario, ha pesado mucho un segundo factor. Algunos ayuntamientos, entre ellos el de Sabadell, empezaron a ver movimientos extraños hace unos meses. Según el concejal de Relacions Ciutadanes, Lluis Monge, en noviembre se tramitaron en pocos días 31 solicitudes de personas de nacionalidad extranjera. Se registraron las peticiones, pero se derivaron a fiscalía. Según Monge, la policía Nacional, considera que habría redes de explotación de personas aprovechándose de ese servicio.
De hecho, el edil asegura que se cobraban hasta 3.000 euros a personas mayoritariamente de nacionalidad marroquí y pakistaní para tramitar su inscripción como unión civil, un hecho que facilita el arraigo y los papeles. “3.000 euros es mucho para cualquier persona, pero para un sin papeles es una cifra astronómica”, señala Monge, para quien el caso es “de explotación de personas claramente” similar a los pagos que hacían hace años para “emigrar en cayuco”. Aunque las víctimas son en su mayoría de Marruecos o Pakistán, hay también personas de la República Dominicana, Jordania o Algeria.
La Federación de Inmigrantes entiende el cierre del registro
Con ese argumento, y según el presidente de la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès, Hugo Colacho, fue argumentada la decisión ante la Taula d’Entitats de Nova Ciutadania. Según Colacho, el concejal de Relacions Ciutadanes, Lluis Monge, aseguró que se habían producido algunos usos incorrectos del registro para argumentar uniones de hecho que no eran ciertas.
Colacho cree que los argumentos municipales para cerrar el registro parecían “coherentes” y define como “posible” que alguien haya comerciado con las uniones civiles. “Es parte de la crisis y de la necesidad de renovar la documentación”, dice resignado.
Por su parte, el edil zanja el tema asegurando que un registro que se abrió en 1994 como una vía para abrir derechos “y en la cual los ayuntamientos fuimos por delante de la ley” debe acabar cerrándose como una “medida de protección para evitar extorsiones”. “Lejos de facilitar el arraigo producía situaciones de explotación”. Así que, ya sin demasiada utilidad, decidieron dar carpetazo al registro para siempre. Seguirán, eso sí, entregando certificados si hace falta.
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