L’ESTAT DE LA CIUTAT
Han pasado diez meses desde el estallido del caso Mercurio, que ha convulsionado la vida pública local. Tras el receso estival se multiplican los signos de que la instrucción de la causa avanza lenta, pero inexorablemente, con múltiples efectos políticos colaterales.
El sumario del caso Mercurio está dividido en 31 piezas separadas. Todas están siendo instruidas por el juzgado nº1 de Sabadell, excepto la número 5 relativa a la presunta contratación irregular de Carmina Llumà por el ayuntamiento de Montcada i Reixac en la que están imputados, la alcaldesa, Mª Elena Pérez, los concejales del ayuntamiento de Sabadell, Manuel y Paco Bustos, y el diputado del PSC Daniel Fernández, cuyo estatuto de aforado obliga a que la causa sea vista por una sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Justamente ésta es la pieza cuya instrucción está más avanzada. A finales de julio, el juez de la sala del TSJC que instruye el caso ordenó el levantamiento del secretario de sumario, tras las comparecencias de los cuatro imputados y de los concejales, técnicos municipales y responsables de la empresa de selección de personal.
El 12 de septiembre se difundió el escrito del titular de la Fiscalía Anticorrupción de Catalunya, Fernando Bermejo, que instaba al TSJC para cerrar instrucción del caso y redactar el auto de procesamiento donde se sustancian las acusaciones y previo a la vista oral.
La argumentación de la Fiscalía gira sobre dos ejes. Por un lado, existen suficientes indicios probatorios -desde grabaciones de conversaciones telefónicas a declaraciones de responsables de la empresa de selección del personal- para acusar formalmente a los imputados de los delitos de tráfico de influencias, además de prevaricación en el caso de alcaldesa de Montcada. Por otro, evitar las “irregulares“ maniobras dilatorias de la defensa.
Consecuencias políticas
En efecto, la decisión del TSJC está cargada de consecuencias si nos atenemos a la doctrina Navarro. Según el criterio formulado por el primer secretario del PSC, cuando un imputado de su partido pase a la condición de imputado a la de acusado o procesado, lo que ocurriría si el TSJC da la razón a Fiscalía, los cuatro implicados deberían dimitir de sus cargos públicos a la espera del juicio y la sentencia firme que determine su inocencia o culpabilidad.
A los pocos días, el 26 de septiembre, la alcaldesa de Montcada, que ya había reclamado al PSC que depurase a los responsables políticos del caso (Fernández y los hermanos Bustos), destituía a Llumà, ex alto cargo del tripartito y esposa de Marcel Galofré, jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sabadell, como directora del Área Política Territorial. La alcaldesa alegó como motivos del cese que, desde el mes de marzo, Llumà no prestaba sus servicios en la corporación municipal, lo cual demuestra que ocupaba una plaza de cargo de confianza, de libre designación, y no de funcionaria interina o contratada laboral, en un intento de exculparse.
De la lectura atenta de los documentos del secreto del sumario se desprende que Mª Elena Pérez, denominada La Pija, se resistió a ceder a las presiones de los hermanos Bustos para manipular el proceso de selección y contratar a Llumà y cómo la alcaldesa no cedió hasta que tomó cartas en el asunto Fernández, entonces poderoso secretario de organización del partido.
De imputado a acusado
Por su parte, Juan Carlos Sánchez concedió una entrevista a la Agència Catalana de Notícies (ACN) donde defendió el derecho de los hermanos Bustos a mantener el acta de regidor, ahora sin ninguna responsabilidad ejecutiva, a la espera que finalice el proceso judicial donde se demostrará la inocencia de sus compañeros. También acusó -en términos muy semejantes a los empleados por Montserrat Capdevila cuando dimitió como teniente de alcalde- de “poco democrática” a la oposición por no respetar el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre el escrito del fiscal Bermejo que considera que existen indicios más que suficientes para inculpar a los hermanos Bustos.
Da la impresión que, tanto el alcalde Sánchez como la dirección nacional del PSC, esperan en candeletas la decisión del TSJC que, de aplicarse la doctrina Navarro, supondría el fin de la carrera política de los cuatro imputados. En Sabadell, le darían un respiro al alcalde Sánchez, que debe lidiar con un partido dominado por Bustos y un grupo municipal dividido. Una estrategia problemática en la medida que implica ceder la iniciativa política a las instancias judiciales.
Secretos del sumario
El 9 de septiembre el juzgado de instrucción nº1 decidió levantar el secreto de sumario de las cinco piezas que aún estaban siendo investigadas. Según distintas fuentes judiciales y periodísticas se trataría de muchos tomos de documentación, algo lógico en causas relativas a la concesión de subvenciones, concesiones administrativas y contratos presuntamente irregulares que implican, entre otros, a Manuel Bustos y a su tío Melquíades Garrido, presidente del Gremi de Constructors.
Previsiblemente, en breve, los medios de comunicación dispondrán de esta documentación que, unida a la disponible, permitirá conocer a fondo la verdadera dimensión de Mercurio y acelerar los efectos políticos que contiene el caso.
Por otro lado, la investigación del caso se ampliará si la administración de justicia accede a la petición de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció de presentarse como acusación popular y cuyos portavoces han asegurado que aportarán nuevos indicios y pruebas al caso.
Finalmente, el pasado viernes agentes de la Guardia Civil se personaron en el ayuntamiento de Sabadell con un orden del juzgado de Lugo que investiga el caso Pokémon sobre las presuntas irregularidades de las empresas grupo Vendex, del que forma parte la empresa SMATSA, concesionaria de la recogida de basuras y del mantenimiento de la vía pública, sobre cuya presunta adjudicación irregular está abierta la pieza nº 28 del sumario de Mercurio.
Paradigma negativo
El caso Mercurio trasciende las fronteras de la ciudad y se ha convertido en un paradigma negativo a nivel de país. Esto se puso de manifiesto en el reciente debate de Política General del Parlament de Catalunya, donde el portavoz de la CUP, David Fernández, preguntó a Artur Mas cómo era posible que Manuel Bustos, imputado por delitos de corrupción, continuara cobrando más un millón de las antiguas pesetas al mes en gran parte a cargo de la Diputació de Barcelona presidida por CiU. El president de la Generalitat, acuciado por casos como el del Palau de la Música, las ITV o Lloret, se salió por la tangente e, invocando a la división de poderes y la presunción de inocencia, remitió el espinoso asunto a las sentencias de los tribunales.
Parece, pues, que nos encontramos en aquellos momentos de calma que preceden a las grandes tormentas políticas y mediáticas.
Nota posterior
Diversas fuentes han confirmado a iSabadell que la documentación solicitada al ayuntamiento de Sabadell por el juzgado de Lugo no está relacionada con el caso Pokemon. Las mismas fuentes mantienen que ninguna de las empresas sobre las que se pidió información forman parte del grupo Vendex.
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