El gobierno central obliga a hacer públicas las facturas impagadas antes del 15 de marzo.
CiU asegura que el ayuntamiento acumula más de 11 millones en deudas a proveedores.
El gobierno central aprobó el pasado viernes un plan para que las empresas y profesionales con cobros pendientes de los ayuntamientos puedan recibirlos. Según este plan, los consistorios deberán hacer pública su deuda con proveedores antes del 15 de marzo. Por otro lado, se deja abierta la puerta a que cobren antes los que perdonen parte de la deuda.
Las organizaciones que representan a los proveedores de la administración aseguran que la deuda del gobierno central, comunidades y ayuntamientos ronda los 40.000 millones. Los impagos ahogan a las empresas que trabajan para la administración, y son muchas las que han debido cerrar antes de ver satisfechas las facturas. La morosidad se ha visto limitada por ley, pero sus plazos se incumplen de forma casi generalizada.
Cobrar menos para cobrar antes
El gobierno central aprobó un decreto el pasado viernes para atajar el problema. Por lo que respecta a los municipios, deberán enviar antes del 15 de marzo una lista de obligaciones contraídas con la identidad del contratista, el importe y la fecha de recepción de la factura, entre otros asuntos. Según la nota posterior al consejo de ministros, a la hora de cobrar las deudas tendrán prioridad aquellos que oferten un “descuento” sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago o “la antiguedad de la factura”.
Por otro lado, los consistorios deberán elaborar un plan de ajuste antes del 31 de marzo. Aquellos que no lo hagan podrán ver retenidas sus partidas provenientes de impuestos estatales durante varios años. Los planes deberán recoger el coste de los servicios públicos, su financiación, un calendario de reformas, los ingresos corrientes y la amortización de las operaciones a plazo.
Si se aprueba el plan, se autorizará una operación de endeudamiento con el plazo suficiente para hacer frente a la financiación del pago de facturas.
El Ayuntamiento estudia el decreto
Según fuentes del ayuntamiento de Sabadell, en este momento se está estudiando el texto del Boletín Oficial del Estado. No se quiere hacer ninguna valoración del decreto del gobierno central hasta que no se lea la letra pequeña y todas las posibles variables.
CiU ve bien que se sepan los impagos pero no la quita
Quién sí ha mostrado su opinión a iSabadell es el portavoz del principal grupo de la oposición, Convergència i Unió. Carles Rossinyol cree que hacer pública la deuda es bueno porque “es una de las pocas herramientas para que los acreedores puedan cobrar”. De hecho, CiU ha insistido a menudo para conocer la relación de acreedores del consistorio con facturas impagadas.
Según Rossinyol, el ayuntamiento podría acumular facturas por un valor superior a 11 millones de euros. En principio, CiU espera conocer la cantidad exacta que el consistorio adeuda a proveedores durante esta semana, ya que el equipo de gobierno se comprometió a ello en una Junta de Portavoces reciente.
No obstante, el portavoz nacionalista no entiende porque se habla de pagar antes a quien perdone parte de sus facturas. “Es más bien un mecanismo de la suspensión de pagos y da una imagen de inseguridad que habla poco de la solvencia del sistema público”, cree. Rossinyol prefiere el sistema que quiere implantar en la DIputació, donce preside el Área de Hacienda. Según este sistema, la Diputació prestará liquidez a los consistorios para pagar a sus proveedores. Después, dentro del año 2012, la Generalitat transferirá esa cantidad a la Diputació.
PIMEC aprueba la medida
En declaraciones a Ràdio Sabadell, el president de PIMEC Vallès Occidental, Martí Puig, calificó como un “paso adelante” el plan aprobado por el gobierno central. “Es importante que los ayuntamientos tengan una fecha límite para poner las facturas pendientes encima de la mesa y hagan un plan de viabilidad para poderlas pagar”.
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