L’ESTAT DE LA CIUTAT
La delicada situación de las finanzas locales ha determinado el primer año del cuarto mandato del socialista Manuel Bustos al frente de la alcaldía de Sabadell. Doce meses en los que se ha deshecho el bloque opositor y donde el equipo de gobierno, que en el anterior mandato contó con el apoyo del PP, busca diversificar sus apoyos.
Las municipales del 22 de mayo de 2011, planteadas como una especie de plebiscito sobre el estilo de gobierno y la gestión del alcalde, otorgaron contra pronóstico una clara mayoría a Manuel Bustos. Los comicios contaron con una elevada abstención (49,7%) y votos en blanco (2,9%), más de la mitad del censo electoral, que no cuestionan la legitimidad del Consistorio aunque arrojan espesas sombras de duda sobre su representatividad.
La gravedad de la situación financiera del Ayuntamiento se evidenció cuando el equipo de gobierno se acogió a los créditos del Ministerio de Hacienda para hacer frente a los casi 25 millones de euros de facturas impagadas. Además, el ejercicio del 2011, con un presupuesto de 185 millones, se cerraba con un déficit oficial de 4 millones de euros (que podría ser superior) y una deuda con diversas entidades bancarias de 140 millones. Para muestra un botón: según fuentes municipales, el verano pasado se tuvo que acudir al crédito a un banco para abonar las pagas extraordinarias de sus trabajadores.
La cruda realidad se ha acabado imponiendo a años de propaganda gubernamental triunfalista sobre el estado de la hacienda local: resulta que nuestro ayuntamiento es el tercero más moroso de Catalunya y sus cuentas están de facto intervenidas por el Estado. Un problema que, como denunció la portavoz de Entesa, Virgínia Domínguez, en el último pleno municipal no está solucionado ya que las facturas impagadas siguen aumentando hasta cifrarse en 40 millones de euros, un dato que nadie desmintió.
Otro indicio de la gravedad de la situación radica en que Ramon Burgués sea el responsable político de la gestión presupuestaria. El edil socialista funciona como una especie de comodín cuando las cosas se ponen feas. Fue él quien sustituyó a Paco Bustos frente a la Policía Municipal tras la crisis de la pegatina y quien se ocupó de reemplazar a Maria Ramoneda tras la polémica por los pisos tutelados de Sant Oleguer.
¿Quién es el responsable?
El equipo de gobierno intentó descargar su responsabilidad sobre los demás atribuyendo estas malas cifras a la deuda contraída con el Ayuntamiento por el gobierno central y la Generalitat. Sin embargo, la oposición argumentó convincentemente que la causa radica en la mala gestión del ejecutivo local, pues otros municipios con problemas similares, como Terrassa o Barcelona, tenían sus números al día con los proveedores. El dato que la fecha de la mayoría de facturas impagadas se corresponda con el año electoral alimentó las acusaciones que se había estirado más el brazo que la manga a fin de ganar las elecciones.
En cualquier caso será la ciudadanía quien costee los agujeros de los presupuestos municipales vía reducción del gasto y aumento de la presión fiscal. Así, toda una serie de partidas destinadas al gasto social como Sanidad, Derechos Civiles o Promoción Económica han visto reducidas sus dotaciones, la presión impositiva subirá notablemente, al igual que con las tasas por los servicios que presta el Ayuntamiento. En este último apartado se sube el precio de las guarderías municipales y de las matrículas de la Escuela de Música y del Conservatorio de Música que adopta un carácter preocupante en l’Escola Illa donde el coste de los cursos reglados se multiplica por diez, siendo en algunos casos más caros que una carrera universitaria, lo cual pone en peligro su viabilidad.
No cabe duda que el equipo de gobierno tiene razón al denunciar los impagos y los recortes unilaterales de la Generalitat. Ahora bien, lo cierto es que, sin margen de maniobra financiero alguno, ha trasladado íntegramente a los usuarios el coste de los recortes de la administración autonómica.
Los portavoces del equipo de gobierno insisten machaconamente que todo ello se hace para mantener los servicios públicos, aunque éstos pueden verse seriamente mermados como puede suceder en el centro de formación ocupacional del Vapor Llonch o con la reducción del horario de las bibliotecas.
Como se ha criticado desde los grupos de izquierda de la oposición no es admisible que mientras se prepara la reducción de las partidas y plantillas destinadas a servicios sociales se mantenga una onerosa estructura de comisionados y cargos de confianza. Precisamente por donde habrían de haber empezado los recortes.
Pacto de estabilidad
La victoria electoral de Bustos, que durante la campaña ocultó las siglas de su partido, ha deshecho el bloque de formaciones opositoras que habían impulsado el contencioso sobre el cuartel de la Guardia Civil. Además, provocó el estallido de la coalición entre ICV y EUiA que formó grupo municipal propio.
En el anterior mandato el alcalde se aseguró la mayoría media a través de un “acuerdo personal” con el cabeza de lista del PP, Jordi Soriano quien recientemente se ha dado de baja del partido. En su discurso de investidura, Bustos propuso a todos los grupos municipales un “pacto de estabilidad” para afrontar desde el consenso la grave situación generada por la crisis. Una propuesta que, de momento, no ha sido aceptada por ninguna formación.
Desde el inicio del mandato se evidenció que el PP, ahora dirigido por el secretario técnico del partido Esteban Gesa que ha desbancado al cabeza de lista Antonio Vega, continuaba manteniendo el apoyo al PSC. Ahora bien, pronto el equipo de gobierno, abrió el juego político buscando una “geometría variable” de apoyos, primero enfocada hacia EUiA y después hacia ICV, aprovechándose de los efectos de la escisión de la coalición ecosocialista para dividir aun más a la oposición. Las recientes declaraciones de la líder ICV, Carme García, postergando su programa electoral a las exigencias de combatir las políticas regresivas de PP y CiU y buscar alianzas con otras formaciones de izquierda, proporciona valiosas indicaciones sobre el estado de la cuestión.
En el mandato anterior, Carme García ejerció el papel de “bestia negra” de los socialistas locales y fue objeto de duras descalificaciones protagonizadas por su ex camarada Paco Fernández, ahora en las filas del PSC. Ahora, Carles Rossinyol parece haberla sustituido. En efecto, al portavoz del grupo municipal de CiU y presidente del área económica de la Diputació de Barcelona se le imputa, con cierto fundamento, de no defender suficientemente los intereses de la ciudad, avalando sin rechistar los recortes e impagos de la Generalitat. Sin embargo, cuando lo hace, como ocurre con la propuesta de aparcamiento en el Vapor Cusidó, es acusado de utilizar su cargo en la Diputació para favorecer sus intereses partidistas.
Por una de aquellas paradojas tan frecuentes en nuestra vida pública, la división de la oposición facilita que los socialistas puedan gobernar sin demasiadas dificultades el período más complicado desde que accedieron al poder en 1999 y cuando la oposición podría hacerles más daño.
El príncipe y el talonario
A menudo se ha criticado el estilo populista de Manuel Bustos de ejercer la alcaldía. En este primer año mandato ha dado sobradas pruebas de ello. Así exigió responsabilidades a los dirigentes de Caixa Sabadell, tras el hundimiento de la entidad, y se erigió en el defensor de los miles de titulares de las cuentas preferentes, sometidos a una especie de corralito.
Nada habría que objetar si el Ayuntamiento de Sabadell no hubiese dispuesto de varios representantes en el consejo de administración de la entidad desde donde habría podido fiscalizar y evitar una política que en cinco años condujo a la absorción por el BBVA de la caja de ahorros más antigua de Catalunya con siglo y medio de historia. Entonces, todo eran alabanzas a su buena gestión que ahora se han trocado en acervas críticas para sumarse a la simpatía que despiertan entre la ciudadanía las críticas a los bancos.
Del mismo modo, en calidad de presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, acusa al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de asfixiar económicamente a los ayuntamientos, mientras se acoge al plan de ayuda del mismo ministro para pagar las facturas impagadas y se mantiene desde hace cinco años un pacto preferente con el PP.
El populismo es muy caro de sufragar. Ahora, cuando la fiesta financiera ha terminado, estas declaraciones altisonantes permiten mantener ese estilo populista, pero sin grandes gastos. El impacto social de la crisis y el cierre del grifo del dinero pueden cuestionar esta forma de gobernar, para la que de momento no se vislumbran alternativas.
